CIRO ACOSTA y JOSÉ CONTRERAS
Los partidos pequeños rompieron este jueves con el trinomio PRI, PAN y PRD, y anunciaron que ya preparan acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Cofipe que aprobará el Congreso de la Unión y cuestionaron una serie de anomalías en el proceso de discusión del dictamen.

En rueda de prensa, coordinadores y diputados de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza reiteraron su rechazo a las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Los representantes de los partidos minoritarios en los órganos legislativos argumentaron que la estrategia de PAN, PRD y PRI es elaborar una reforma a modo de esos institutos políticos, y mostraron su inconformidad por los cambios en materia de coaliciones, así como la designación de tiempos de radio y televisión en campañas.
En vísperas de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (Cenca), amenazaron con no asistir para no hacer quórum y así reventar la reunión en la que se prevé se presente la iniciativa que debe ser aprobada en las cámaras de Senadores y Diputados.
El coordinador de los diputados de Convergencia, Alejandro
Chanona Burguete, detalló que en el caso de que falten cinco de las
ocho fracciones que integran la Cámara baja no habrá quórum.
Agregó que en caso de que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) insistan con la aprobación, presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte por las reformas al Cofipe.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara baja, Ricardo Cantú Garza, expuso asu vez que la propuesta que presentó la Comisión de Gobernación al Cenca "no tiene legalidad, porque no fue avalada por todas las bancadas".
El legislador añadió que en la propuesta se incluye una "cláusula de vida" eterna que el PRI, el PAN y el PRD presentaron y que el G-5 no avaló, ni mucho menos propuso.

PODRÍA LLEGAR DICTAMEN A SENADO
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Santiago Creel, aseguró que la iniciativa sobre un nuevo Cofipe podría ser entregada este viernes a la Mesa Directiva del Senado y de ahí será turnada directamente a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su dictaminación
Se espera que los integrantes de las citadas comisiones sesionen el fin de semana y todo el lunes para que el dictamen sea puesto a consideración del pleno el martes.
Creel indicó que el texto final de la iniciativa sí incluirá la posibilidad de que se retire la concesión a los dueños de las estaciones de radio y televisión que violen la normatividad y no atiendan las resoluciones del IFE.
Indicó que las sanciones serán muy claras cuando se presente una conducta seria y reiterativa, sistemática, y fundamentalmente consistirá en la suspensión de la parte comercial de radio y televisión.
En cuanto a la polémica que se mantiene con los partidos considerados “pequeños”, Creel afirmó: “nosotros pensamos que lo justo es que cada partido valga y represente lo que tiene en votos emitidos en las urnas para sus candidatos en cada una de las campañas electorales; ese es el principio y estamos adecuándonos a ese principio”.
--¿Los partidos grandes ya no quieren mantener a los pequeños? –se le preguntó.
--Lo que queremos es que cada partido valga políticamente lo que tiene de votos en las urnas, --respondió.
Los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas representadas en el Senado sostuvieron varias negociaciones con los de los partidos minoritarios para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera aprobar por consenso el nuevo Cofipe.
Sin embargo, las negociaciones no prosperaron porque los “pequeños” no aceptaron la propuesta de establecer el 1 por ciento de la votación como mínimo para que un “chiquito” pueda recibir de un “grande” con el que se coaligó, otro punto porcentual que le permita sobrevivir.

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JOSÉ CONTRERAS/ El autobús de color azul con la enorme leyenda “Austrobús” en un costado, fue estacionado lentamente sobre la calle de Donceles, a sólo unos metros de la entrada principal del Senado. Apenas se abría la puerta del vehículo cuando estallaron los gritos desde un potente megáfono: ¡Stop de raids! ¡No deportations!

Era Elvira Arellano, la madre soltera que fue deportada de Estados Unidos y separada de su hijo recientemente.
Acompañada de otras seis personas que portaban pancartas a favor de la legalización de los migrantes, Elvira Arellano le daba su propia bienvenida al líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry Reid.
La otra bienvenida, la protocolaria, correría a cargo del presidente de la Comisión de Relaciones para América del Norte del Senado mexicano, Ricardo García Cervantes, quien esperó pacientemente al congresista norteamericano durante15 minutos en la puerta del recinto parlamentario.
Fugaz visita de Reid. El cerco de seguridad interno, solo comparable al de las visitas del presidente de la República o jefes de Estados extranjeros, impedía cualquier intento de acercamiento.
La comitiva de Reid se reunió en privado durante 15 minutos con la Mesa Directiva del Senado y de ahí pasó al pleno.
Los estadunidenses fueron recibidos por un salón de plenos lleno, aunque ellos nunca supieron que buena parte de los escaños estaba ocupada por asesores y secretarios técnicos y no por senadores.
Y es que el quórum oficial al inicio de la sesión fue de 67 senadores, apenas la mitad más tres del total de 128.
No se podía recibir a los legisladores del vecino país del norte con un salón semivacío. Algo se tenía que hacer.
A las 14:07, media hora después de que llegó, Harry Reid ya caminaba de nuevo hacia el “Austrobús”, que tuvo que ser movido un par de metros para que Elvira Arellano no intentara acercarse.
Le quería entregar en sus manos una carta, la misma que el miércoles le intentó hacer llegar a través de le embajada. Pero el cerco de seguridad exterior, aún discreto, la inhibió a ella y a sus seis acompañantes.
Elvira de todos modos lo despidió como lo recibió: con sonoros y rítmicos gritos: ¡Stop de raids! ¡No deportations! Y luego en español: ¡legalización,legalización!
Esta vez Harry Reid sí se alcanzó a percatar de las pancartas y, antes de abordar el “Austrobús” envió sonriente un saludo a los manifestantes.
En cuestión de minutos todo mundo se olvidó de que Elvira estaba ahí. Hasta los fotógrafos, que prefirieron apuntar sus “flashes” hacia los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas.
El autobús y por lo menos 7 camionetas de lujo partieron hacia la comida en el Sheraton, mientras pocos, muy pocos senadores, intentaron continuar con la sesión.
Pero eran realmente pocos, tan pocos, que la sesión fue terminada a las 14:40 horas…por falta de quórum.

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Por seis votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó condenar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la supuesta violación grave de garantías contra la escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro

Ante esto, desde Puebla, el gobernador priista reiteró su plena confianza y respeto a las determinaciones de la Corte y dijo que "como abogado, como gobernador del Estado y como ciudadano, reconozco a la SCJN como un Tribunal Colegiado, garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho".
En tanto, la activista por los derechos de la mujer, y escritora del libro Los Demonios del Edén, lamentó la decisión de la corte y afirmó que esta decisión "es una vergüenza", ya que, aseguró, "en realidad me arrebató el derecho a defenderme, no a ganar, sino a defenderme".
Y es que aunque la Corte estableció que si bien en el caso se presentaron actos indebidos y algunas violaciones de garantías, éstas no fueron graves y por tanto no ameritan un pronunciamiento del máximo tribunal. Además, la mayoría señaló que no hay evidencia contundente de que existió una conspiración de autoridades para agilizar la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Cacho por el libro "Los Demonios del Edén".
La ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que "no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa", por lo que consideró que la acción penal por difamación contra Cacho se desarrolló en términos legales.
Sánchez Cordero reocnoció que incluso Cacho fue sometida a "tortura psicológica" durante su traslado de Cancún a Puebla, en diciembre de 2005, pero que se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.
Por su parte, el presidente del máximo tribunal de justicia del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que "la llamada telefónica (entre Nacif y Marín), aún suponiéndola probada en toda la extensión, no surte un ponerse de acuerdo del Ejecutivo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho".
Votaron en contra Guillermo Ortiz, Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Margarita Luna, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero, mientras que los restantes, Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el encargado de la investigación, Juan Silva Meza, lo hicieron a favor.
Como se recordará, el dictamen que presentó al pleno el ministro Juan Silva Meza sostuvo tanto la violación grave de garantías, como la responsabilidad de Marín y otros 29 funcionarios estatales.
El fallo de la Corte de este jueves, puso fin a un caso que estuvo casi dos años en la Corte y requirió dos comisiones investigadoras a partir de abril de 2006, luego que estalló el escándalo por la difusión de la llamada telefónica en la que Nacif agradeció a Marín su apoyo en el caso.

"ES UNA VERGUENZA": CACHO
La activista por los derechos de la mujer, y escritora del libro Los Demonios del Edén, lamentó la decisión de la corte y aseguró que esta decisión "es una vergüenza", ya que, dijo, "en realidad me arrebató el derecho a defenderme, no a ganar, sino a defenderme".
Acusó al órgano judicial de haber avalado, con su fallo, la impunidad y la corrupción entre el Gobernador de Puebla, Mario Marín y una red de pederastas. "La Corte ha avalado la impunidad y ha avalado la corrupción entre un Gobernador y un protector de una red de pornografía y de pederastas", afirmó.
y aseguró que le sorprende el fallo, ya que por la sesión del martes, intuía que tenía 6 votos a favor y que la resolución del Máximo Tribunal sería dar facultades al Congreso para realizar juicio político a Mario Marín.
"No solamente en lo personal como mexicana me parece grave la resolución de la Corte, sino por las consecuencias que tiene a futuro. Lo más significativo, además de la votación, fue la risa de alegría, de goce, de desparpajo, la carcajada que expresó el ministro presidente Ortiz Mayagoitia minutos después de dar su voto de calidad", espetó.
Cacho Ribeiro, quien se encontraba en Guadalajara al momento de la decisión, afirmó que el resolutivo de la Corte "pone en entredicho la labor de los periodistas, ya que la Corte le está dando un poder excesivo a los políticos y los reporteros no dudo en que comiencen a autocensurarse".

LA CORTE, GARANTE DEL ESTADO DE DERECHO: MARÍN
En contraparte, el gobernador Mario Marín Torres dijo que respeta a las instituciones de México y las determinaciones que tomen. "El respeto a nuestras instituciones y a las decisiones que de ellas provengan, son la vía para contar con un México de progreso", mencionó.
El mandatario estatal, a través de un comunicado, dio a conocer su opinión en torno al resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual analizó si hubo o no violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
"El gobierno del estado que tengo el honor de representar, expresa su apego a la resolución emitida por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nacional en la sesión plenaria del día de hoy, tal y como lo hice hace 19 meses, momento en que se inició esta investigación", señaló.
"Una vez más hago una invitación a los poblanos para que nos mantengamos en unidad para construir el desarrollo de nuestro estado y contribuir así a la grandeza de nuestro país", concluyó el mensaje del gobernador Marín Torres.

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ADRIANA COVARRUBIAS corresponsal
Acapulco, Gro.- A través de un video en internet en el que aparece con el rostro golpeado y sin camisa, el ganadero Luis Fierro, secuestrado desde hace más de 15 días en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de esta entidad, imploró a sus familiares y amigos a que acudan con sus hijos para que paguen su rescate.
En la imágen, Fierro les pide a sus "amigos, parientes y amistades" que "aconsejen" a sus hijos para que le ayuden y reúnan la cantidad, aunque no se sabe cuál, y él se ofrece a pagar ese dinero; "cuando yo salga, les aseguro que les voy a pagar, aunque sea con mucho trabajo", dijo.
Los plagiarios subieron a internet el material, en el que el ganadero de la sierra de Guerrero dice temer por su vida, pues sus captores lo han amenazado con darle un tiro en la cabeza.

Y aunque los familiares de Luis Fierro no han requerido la intervención de las fuerzas policiacas, el secuestrado exigió tanto a familiares y amigos a que paguen el monto del rescate, que no fue precisado en el video de aproximadamente 40 segundos.
Y les insiste en que hablen con sus hijos: "díganle a mis hijos, aconséjelos que paguen el rescate por que ya tengo mucho tiempo aquí, ellos me quieren dar un tiro aquí y como fuman la marihuana, tengo miedo de que me vayan a dar un tiro de repente, así que hagan lo posible", expresa en tono doliente.
El correo electrónico fue reenviado a varios diarios de circulación estatal, con la contraseña y nombre de usuario para accesar a la página web de internet donde se puede ver el video del pago del rescate y en donde especifican: “El señor Luis Fierro envía un video donde se le pide a sus amigos y conocidos que lo ayuden, por que sus hijos lo han abandonado”.
Extraoficialmente, se conoció que la madrugada del 1° de noviembre irrumpieron presuntos policías estatales en una comunidad llamada El Escorpión, también el la sierra guerrerense, y obligaron a sus habitantes a declarar sobre un supuesto secuestro cometido contra el empresario Luis Fierro.
Los presuntos policías estatales golpearon las puertas de algunas casas, ingresaron por la fuerza sin orden de cateo alguna y con armas de grueso calibre cortaron cartucho y obligaron a habitantes de esa comunidad a declarar sobre el supuesto secuestro del empresario Luis Fierro, del que ahora con el video se confirma su captura.

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JOSÉ CONTRERAS
El Senado se mantiene “congelada” una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obligaría a las empresas de telefonía celular a llevar un registro con el nombre y domicilio de cada persona que compre un teléfono móvil.

La iniciativa, presentada por el priista Mario López Valdés, señala que en el país hay más de 59 millones de teléfonos celulares y que no hay ningún control sobre las líneas que funcionan a través de tarjetas de prepago.
Las diferentes fuerzas políticas representadas en el Senado nunca mostraron interés en que esta iniciativa fuera dictaminada y ahora, tras las extorsiones de que fueron víctimas cuatro diputados, algunos senadores comentaron que sería conveniente descongelar la propuesta del priista.
En su exposición de motivos, López Valdés señala: “cuando menos en alguna ocasión, todos hemos escuchado o sido testigos del arbitrario uso que hacen los delincuentes de los teléfonos celulares.
“Así como estos aparatos se han convertido en una herramienta de comunicación necesaria para la gran mayoría, también se han convertido en una de las principales armas y medios para delinquir, como las extorsiones a que día a día son sujetos los mexicanos”.
Señala que en México existen aproximadamente 59 millones de líneas de celular, las cuales se convierten en potenciales armas armas a disposición de la delincuencia.
Añade: “las compañías telefónicas no sólo lesionan la economía de los usuarios con tarifas tan altas; también ponen la tecnología al servicio de la delincuencia como un vehículo de agresión a la sociedad, y sin control alguno por parte del Estado, de los nombres y domicilios de los dueños o usuarios”.
El senador por Sinaloa expone en su texto que de acuerdo con un informe del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., tan sólo en el área metropolitana cada día se intentaban en promedio 200 extorsiones vía telefónica, y en 37 por ciento de los casos el presunto rescate fue pagado.
Este ilícito dejó en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2007 una ganancia ilícita de alrededor de 14 millones de dólares.
Las entidades más afectadas por este ilícito, además del Distrito Federal, son México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
En 95 por ciento de los casos las extorsiones se realizaron por medio de la telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, y un 80 por ciento de dichas llamadas fueron hechas desde los reclusorios.
Indica además que según el libro blanco de la AFI, del 2001 al 2004 fueron denunciadas 315 extorsiones, mientras que en el periodo de 2005- 2006 la cifra llegó a 5 mil 198.

PIDE MONREAL INVESTIGAR A LOS DE SEGURIDAD
En tanto, el vicecoordinador del PRD en el Senado, Ricardo Monreal Avila, aseguró que el personal de seguridad de San Lázaro debe ser investigado con relación a las extorsiones telefónicas de que fueron víctimas varios diputados federales.
En conferencia de prensa, el legislador indicó que no hay por qué darle tantas vueltas al asunto, ya que sólo el personal de seguridad puede tener acceso a los números celulares de los diputados y saber cómo van vestidos.
El senador zacatecano consideró que lo sucedido a los diputados de Acción Nacional demuestra que no existe un combate eficaz a la delincuencia organizada, que ahora tomó San Lázaro como su centro de operaciones.

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REDACCIÓN
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador reprobó la reforma al código electoral que está por aprobar el Congreso, y advirtió que ve indicios de retroceso, como en el tema de las coaliciones.

“Los que han estado en el poder no quieren las coaliciones o las candidaturas comunes. Están queriendo de nuevo echarlas para atrás”, aseguró el político tabasqueño, y consideró de “irrelevante” la remoción de consejeros del IFE que promovió el Congreso, puesto que “se quedan tres que participaron en el fraude”.
“Sólo uno o dos son hombres consecuentes, los demás van a continuar con la misma actitud de Ugalde y de los hombres que actuaron al servicio del PAN: sin decoro, sin dignidad, cuando se quedaron callados cuando pedimos que se contaran los votos.”
En entrevista en radio, López Obrador puso en tela de juicio la actitud de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues dijo, “está integrado por gente del PAN y PRI, gente con el mismo corte; no hay ciudadanos o abogados que tengan la arrogancia de sentirse libres. Son gente hecha para el mismo régimen”
Asimismo, calificó de exitosa la tercera Convención Nacional Democrática realizada en el zócalo, pese al incidente de la Catedral. Además, anunció acciones de resistencia civil para detener la pretendida privatización de Pemex. “Cualquier iniciativa que envíe el presidente espurio para modificar la Constitución, va a significar que de inmediato nos movilicemos”, espetó.

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JOSÉ CONTRERAS

La representante adjunta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lilana Valina, pidió al Senado analizar “como ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas disposiciones contenidas en las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que promueven el fenómeno de la concentración de los medios de comunicación”.

Durante una reunión con los integrantes del grupo plural del Senado que elabora la nueva legislación, Liliana Valina afirmó que el relator para la libertad de expresión de la OEA ha sostenido que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica puede afectar seriamente el requisito de pluralidad de la información.
Mencionó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA contempla de manera explícita una serie de medias indirectas que vulneran el derecho a la libertad de expresión.
Entre ellas, dijo, se encuentra el fenómeno de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
Y añadió: “uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público”.
La representante de la alta comisionada dijo también ante senadores que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe tener como uno de sus objetivos centrales la libertad de expresión.
Expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo entendió y por eso declaró inconstitucionales varios preceptos que, entre otras razones, contravenían las disposiciones constitucionales que consagran a la libertad de expresión como un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.
Añadió: “la sentencia de la SCJN acudió en varias ocasiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos para fortalecer las posiciones y argumentos que se presentaron y para enriquecer los fundamentos jurídicos en los que ministras y ministros basaron sus consideraciones”.
Ahora, dijo, es el turno del Poder Legislativo, quien tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Corte ha declarado inválidos de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino además incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumidos internacionalmente en torno a la libertad de expresión.
La representante de la ONU expresó que una regulación de radio y televisión debe asumir la incidencia de los medios de comunicación electrónicos en la construcción de una sociedad democrática, el fomento de la tolerancia, el respeto y promoción de la multiculturalidad y la reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otros rubros.
Liliana Valina recordó que en 1981, El Estado mexicano ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en ambos instrumentos se establece el derecho que tiene toda persona a “la libertad de pensamiento y de expresión, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

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JOSÉ CONTRERAS/ Los cinco partidos minoritarios en el Congreso (PVEM, PANAL, PT, Convergencia y Alternativa) rechazaron ayer una nueva propuesta de los “grandes” que consistía en permitir que el que obtuviera el 1 por ciento de la votación pudiera recibir de su coaligado otro punto porcentual para que alcanzara el 2 por ciento con el que conserva su registro.

Durante una comida realizada ayer en el mayor de los sigilos en el hotel Marquís, los “chiquitos” rechazaron la propuesta y advirtieron que si no se queda la legislación como está no participarán en la elección de los consejeros electorales y acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el nuevo Cofipe.
Durante la comida, los senadores del PAN, Diódoro Carrasco; del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; y del PRD, Arturo Núñez, presentaron al conocido ya como G-5 (los pequeños) la propuesta con la que creían que lograrían el consenso en torno al Cofipe.
Pero la “chiquillada” respondió que no y puso sólo dos opciones: que la legislación se quede como está en la parte que permite a los partidos coaligados competir con un solo emblema, o que en la nueva legislación se permita a los partidos optar por un solo emblema o aparecer en las boletas cada uno con su logotipo.
Las posturas encontradas terminaron con las negociaciones de ayer, mismas que serán reanudadas a las 10:00 horas de este jueves. Los senadores que acudieron al encuentro en representación de los partidos “grandes” dijeron que la postura de los “chicos” será consultada con los respectivos coordinadores parlamentarios para que se tome una decisión.
Entrevistado al final de la comida, el coordinador de la bancada del PT en el Senado, Alejandro González Yañez, advirtió que de no ser aceptada la contrapropuesta del G-5 todos los partidos pertenecientes a este bloque votarán en contra del nuevo Cofipe.
El legislador aseguró que su partido no tiene temor alguno de participar solo en las elecciones y dijo que su inconformidad es porque “se atenta contra el derecho de las fuerzas minoritarias, ya que en la práctica se les impide ir en coalición a las elecciones”.
A la reunión asistieron por el PT, su presidente Alberto Anaya y los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, Alejandro González Yañez y Ricardo Cantú; por el Verde Ecologista, el senador Francisco Agundis: por Convergencia, Alejandro Chanona y por Alternativa, Marina Arvizu.
No estuvo presente Miguel Angel Juárez, del Partido Nueva Alianza (Panal), pero firmó la contrapropuesta del G-5, para el artículo 96 del Cofipe.

CAMBIOS AL PROYECTO
La subcomisión redactora del nuevo Cofipe acordó realizar algunos cambios al proyecto original. Al inciso 7 del artículo 49, que decía que el Consejo General del IFE presentará lineamientos a la CIRT para la transmisión de noticieros, le fue agregada la palabra “sugerencias”.
De esta manera, la redacción quedará así: “el Consejo General del IFE se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos.
“En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público”.

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HERMES CHÁVEZ corresponsal/Tuxtla Gutíerrez, Chis.- En punto de las 15:00 horas de este miércoles, el fiscal del Ministerio Público de Ostuacán dio fe del hallazgo del cuerpo de una anciana en la zona siniestrada del ejido Juan
del Grijalva, con lo que se confirma la víctima número 17 de la ola que devastó el pasado 4 de noviembre esa comunidad.

Se trata de los restos humanos de quien en vida respondiera al nombre de María López Pérez, de 87 años de edad, que fueron localizados aproximadamente a un kilómetro y medio de donde se ubicara la población.
El hallazgo fue efectuado por personal de Protección Civil del estado en la zona donde las máquinas realizan las excavaciones para devastar el tapón que provocó el alud de tierra que obstruyó el Río Grijalva.
Hasta el lugar se trasladó el fiscal del Ministerio Público para dar fe de los hechos, mismo que ordenó el traslado del cadáver hasta el descanso del Panteón Municipal de Ostuacán.
En el lugar, el cuerpo de María López fue reconocido por su nieto Ismael Valencia Nieto, quien confirmó a las autoridades ministeriales que su familiar habitaba en lo que fuera el poblado de Juan de Grijalva.
El Ministerio Público ordenó los trabajos periciales conducentes para que se entregaran los restos a sus familiares. Versiones extraoficiales señalan que la anciana podría ser esposa de José Bertín Sánchez Romero, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 26 de este mes en la misma zona donde fue hallada la mujer, sin embargo, aún no se confirma.

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-- Advierte de la partidización del IFE
-- Con mariachis, Noroña le canta Las Golondrinas

HERIBERTA FERRER
Luis Carlos Ugalde recorrió con la mirada el salón del Consejo General que por cuatro años presidió en el Instituto Federal Electoral. Trató de mantener su voz firme y pausada como siempre, pero estaba enrojecido, cada vez más rojo en un discurso de nueve minutos para presentar un informe de gestión que omitió con un discurso en el que insistió del “riesgo de la partidocracia”.
Afuera el vocero del opositor Partido de la Revolución Democrática, Gerardo Fernández Noroña, impedía el acceso principal a las instalaciones centrales del IFE, acompañado de un mariachi para cantarle a Ugalde “Las Golondrinas” y “Amarga Navidad”. Bloqueó el estacionamiento de los consejeros y su chofer sólo respondía ante los reclamos “si me muevo me corre”.

Adentro, Ugalde reiteraba su discurso de independencia del IFE ante los partidos “hoy para expandir los derechos ciudadanos es preciso fortalecer la rendición de los partidos frente a la sociedad, es decir, colocar a los ciudadanos como el actor principal de la democracia y no al revés, a los partidos como los principales beneficiarios de la democracia. A todos conviene que así sea”.
El aún consejero presidente comenzó a ser más pausado cuando se dijo satisfecho de contribuir con el desarrollo de México y haber entregado toda su energía y capacidad en su responsabilidad.
Pero el representante del PRD, Horacio Duarte, no le quitaba la vista y, después, le reclamó su mundo maravilloso: “se le olvidó, ciudadano Luis Carlos Ugalde ¿porqué se va usted? Le falta autocrítica”, dijo.
Y entonces enlistó: porque su gestión tuvo vacíos y omisiones, permitió la guerra sucia, indicó la apertura ilegal de los paquetes electorales, no garantizó la equidad, actuó de manera imparcial y concluyó con “y usted Luis Carlos Ugalde tiene una responsabilidad muy clara y muy contundente, por eso se va y por eso la renovación del Consejo General se estará dando”.
Ugalde se reacomodó en su asiento ante el silencio de sus colegas. La defensa de partidos a su gestión fue tibia, aunque recibió el agradecimiento y reconocimiento del PAN, PRI y PVEM. Mientras los partidos pequeños centraron su intervención en denostar la nueva reforma electoral pactada por los tres partidos grandes.
Entonces el consejero Virgilio Andrade salió en defensa de Ugalde y le agradeció su institucionalidad. Mientras el rojo de la corbata de Ugalde se le subía a la cabeza y le brillaron los ojos, con un asomo de lágrimas.
Después recibió la solidaridad y agradecimiento de sus colegas y a la consejera Alejandra Latapí se le quebró la voz. Le siguieron los parabienes de los consejeros Rodrigo Morales, Arturo Sánchez, Andrés Albo y Teresa González, que le desearon éxito en su vida
Sólo los consejeros Marco Antonio Gómez y Lourdes López no felicitaron a Ugalde ni le aplaudieron, aunque al final hicieron fila para despedirse de él.
Y ya en los agradecimientos, el discurso de la panista Dora Alicia Martínez sorprendió porque también se despidió “seguramente mañana alguien más vendrá a ocupar mi lugar y lo hará con la misma responsabilidad que lo he hecho yo”.
Al final un aplauso largo de los funcionarios del IFE cerró la sesión del Consejo. “Me voy sereno, tranquilo, contento, sin ningún resentimiento”, decía el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, mientras los reporteros a cuadro cerraban la nota “así concluyó la era Ugalde”.

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó este martes a la comisión especial que investiga la situación patrimonial del ex presidente Vicente Fox información que comprende actas de entrega recepción, quejas y denuncias, auditorías y declaraciones patrimoniales.

En un comunicado, la dependencia indicó: “debido a que las indagatorias de la comisión especial están en curso, la SFP y sus funcionarios han quedado impedidos por ley para difundir mayor información relativa a los documentos entregados, mientras no exista una resolución definitiva al respecto".
La SFP afirmó que en cumplimiento con el compromiso de colaboración establecido con el Poder Legislativo, entregó hoy documentos solicitados por la comisión especial.
Según el comunicado, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, hizo llegar al presidente de este grupo legislativo, el diputado federal del PRI, Víctor Valencia de los Santos, diversos elementos documentales para que los integrantes de esa Comisión Especial puedan cumplir con sus labores en esa instancia.
"Para dar respuesta a los requerimientos de la comisión, formada en la Cámara de Diputados, la SFP realizó una exhaustiva búsqueda de información en los archivos de diversas unidades administrativas, en las oficinas centrales, y en los órganos internos de control que corresponden a las peticiones recibidas".
La Función Pública consideró que "con ello se atienden solicitudes de información documental, recibidas de parte de dicha Comisión Especial".

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CIRO ACOSTA
Hasta este martes, suman 53 candidatos registrados a presidir el Consejo General del IFE. En el puesto 45 se inscribió Enrique Davis Mazlum, de 33 años, quien se acercó a reporteros para comentar su trayectoria: maestría en Administración de Empresas y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, y se enlistó a nombre de la Fundación Todos Participando, que agrupa a otras 20 organizaciones.

Con el número 46 Leonardo Valdés Zurita, 47 Francisco Javier Osornio, 48 Lorenzo Gutiérrez Villareal, 49 Fernando Corona García, 50 José Martín Vázquez Vázquez, 51 Gloria Margarita Puente de la Mora, 52, Luis Alonso Sordo Murguía y el número 53, Federico Delhumeau Gastelum.
El número 46, Leonardo Valdés Zurita, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, actualmente es docente en la Universidad de Guanajuato y fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 al 2005.
Francisco Javier Osornio, del Distrito Federal, se registró con el número 47, se negó a declarar sobre sus datos personales. El licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, Lorenzo Gutiérrez Villareal, quedó registrado con el número 48. Actualmente es docente en la Universidad de Nuevo León y trabajó en la Junta Distrital número III, en Guanajuato. El número 49 fue para Fernando Corona García, ingeniero industrial en producción y con postgrado en técnicas de impresión gráficas, de 56 años; su experiencia en materia electoral fue como secretario de casilla, “pero conozco la ley electoral correctamente”.
El magistrado del Tribunal Electoral del San Luis Potosí, José Martín Vázquez Vázquez, se registró con el número 50, fue secretario de Estudios y Cuenta, con especialidad en derecho electoral.
El número de registro 51 fue para Gloria Margarita Puente de la Mora, abogada y oriunda de Colima; tiene una maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional por la Pontífice Universidad Católica de Chile y postgrado en Derecho Constitucional por la universidad de Compostela, España.
Luis Alonso Sordo Murguía, licenciado en derecho, trabaja como integrante del Centro de Estudios Universitarios de Comunicación Social, de la Secretaría de Educación Pública y aseguró que éste será un proceso transparente.
El número 53 fue para Federico Delhumeau Gastelum, ingeniero mecánico electricista, 45 años, ha trabajado en los procesos electorales en el estado de México, el Distrito Federal y San Luis Potosí.

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JOSÉ CONTRERAS/ El nuevo Cofipe tiene entrampados a los coordinadores parlamentarios del Senado, quienes no se logran poner de acuerdo sobre cuál debe ser el texto final de la iniciativa que será presentada el próximo martes.

A la presión de los concesionarios de radio y televisión se suma la rebelión de la “chiquillada” que se resiste a aceptar las modificaciones legales que los obligan a obtener por sí mismos al menos el 2 por ciento de la votación en elecciones federales.
El proyecto que fue publicado el pasado jueves sufrirá modificaciones, pero los coordinadores no se ponen de acuerdo en el sentido de estos cambios.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI, dijo ayer que las sanciones previstas para los concesionarios de radio y televisión no pueden llegar a la pérdida de la concesión, pero el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, opinó que sí se puede establecer en el Cofipe la pérdida de la concesión.
Manlio Fabio justificó la emisión de un nuevo Cofipe, “para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2006, que el IFE y sus autoridades dijeron no tener suficientes elementos ni instrumentos para poner orden en la contienda”.
Añadió: “la consecuencias más claras son que hay quienes se dicen que son el presidente legítimo y otro que se dice el presidente legal; uno acusa al otro de ilegítimo y el otro lo acusa de ilegal y no termina todavía este debate”.
En cuanto a las sanciones a concesionarios, Manlio indicó que la medida más drástica debe llegar a la salida del aire no de la señal, sino de la publicidad que la estación tiene contratada para una hora.
Agregó: “no tiene ningún caso sacar las transmisiones de los programas favoritos y preferidos, sino lo que es verdaderamente importante es la publicidad”.
Respecto a la propuesta de artículo 49 que habla de que el Consejo General del IFE presentará lineamientos para transmisión de noticieros, Manlio apuntó: “vamos a hacer una redacción que evite que alguien pueda manipular la audiencia diciendo que se violenta la libertad de expresión”.
Carlos Navarrete aseveró: “se puede revocar la concesión; eso está en la ley, para que no hagamos olas artificiales, ya está en la Ley Federal de Radio y Televisión, y ahora le damos facultades al IFE para que solicite formalmente, ante reiteradas violaciones a la Constitución, la cancelación de la concesión”.
En tanto, el coordinador del PVEM, Francisco Agundis Arias, mencionó que si se aprueban las modificaciones que obligan a los partidos a obtener por sí mismos al menos el 2 por ciento de la votación, será “un retroceso”.
Consideró que la mayoría conformada por el PRI, PAN y PRD no representa la pluralidad de la sociedad ni la pluralidad que existe en el país; las mayorías se pueden dar con ellos o con los partidos en crecimiento.

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MIGUEL HUERTA corresponsal/ Tepic, Nay.- Un total de siete muertos y 19 heridos, todos originarios de Zapopan y Tonalá, dejó la caída de un autobús de pasajeros hacia un barranco de 150 metros en un tramo carretero de esta entidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes en el kilómetro 7 de la Autopista Tepic-Puerto Vallarta, en el entronque de Chapalilla a Compostela, en el Municipio de San Pedro Lagunillas, a dos horas de la ciudad de Guadalajara.
El autobús, modelo 1987, de la empresa El Andariego Charter, regresaba de Rincón de Guayabitos, tras un paseo de fin de semana hacia Guadalajara, cuando una camioneta se le atravesó e hizo que se orillara al barranco y cayera.
Tras el desplome, los cadáveres, tres de ellos niños, y los heridos quedaron tanto dentro como fuera del destrozado autobús, según paramédicos de la Cruz Roja de Tepic. Cerca de las 1:30 horas de este martes, los últimos cuerpos fueron rescatados y llevados a la morgue de la capital nayarita.
Los lesionados fueron trasladados a los hospitales San Vicente y San Rafael, así como al Sanatorio La Loma, en Tepic, cuyas atenciones médicas se derivan de la aseguradora de la autopista.
Unos 80 bomberos y paramédicos, en 19 ambulancias, algunas de Guadalajara, acudieron al lugar en que cayó la unidad, entre la oscuridad, maleza y piedras.
Los afectados, pertenecientes a las colonias Jardines de Nuevo México, en la ex Villa Maicera, y Loma Dorada, en la Cuna Alfarera, habían organizado el viaje a la playa.

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CIRO ACOSTA
La extorsión telefónica de que fueron objeto diputados federales del PAN obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta a suspender la sesión de este martes.
Fue la propia perredista quien afirmó que probablemente las llamadas amenazantes fueron hechas desde el mismo recinto de San Lázaro, porque los interlocutores describieron la forma en que vestían los diputados víctimas del intento de extorsión.
Por la tarde, los diputados notificaron a la PGR los hechos, para que se inicie la investigación correspondiente.
La diputada Lizbeth Medina Rodríguez, del PAN, recibió uno de los telefonemas, y dijo: “fue una llamada de desesperación... este .. Gritándome... ¡Mamá! Pero me lo grito seis, cuatro, seis veces... Mamá, mamá, mamá... Pero yo realmente yo no identifique la voz de ninguno de mis hijos”.
Pero quizá el caso más delicado fue de la también panista, Mirna Cecilia Rincón Vargas, quien tras contestar la llamada de quien aseguraba que tenían secuestrado a uno de sus hijos se desmayó en el salón de plenos.

Rincón Vargas fue rodeada por sus compañeros que como pudieron la asistieron y entonces ella les contó de la llamada intimidatoria. Conforme a las instrucciones que le dio el presunto “secuestrador”, la diputada, originaria de Baja California, se dirigió a uno de los bancos que se encuentran dentro del palacio legislativo de San Lázaro y ahí recibió otra llamada.
El interlocutor le describió cómo iba vestida y qué hacía en ese momento, lo que motivó a la presidenta, Ruth Zavaleta, y a otros diputados, a inferir que la llamada telefónica la habían hecho desde el propio edificio de San Lázaro.
Luego de permanecer durante unos 15 minutos adentro del banco, la diputada Rincón Vargas se comunicó con sus tres hijos varones y corroboró que estaban fuera de peligro, que no habían sido secuestrados.
Más tarde se informó que en el transcurso de la mañana también recibieron llamadas similares otros diputados, como Alma Alcaraz, del PAN, quien es integrante de la comisión especial que investiga la situación patrimonial del ex presidente Vicente Fox.
Los otros diputados que fueron víctimas de extorsión telefónica son: Pedro Pulido, Jesús Flores Morfín y Francisco Dávila, los tres pertenecientes a la bancada del PAN.
La presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, consideró que las extorsiones telefónicas estaban “fuera de control”, por lo que tomó la decisión de dar por terminada la sesión y desde la tribuna pedir a los diputados guardar la calma y no hacer caso a este tipo de amenazas.

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El pasado 9 de noviembre, 20 elementos de la Armada fueron emboscados por un grupo de sicarios en el centro de Tampico, Tamaulipas; la celada desató una balacera que dejó dos marinos heridos. Las versiones refieren que los pistoleros simularon un choque armado entre bandas rivales para que acudieran efectivos federales. Estas imágenes del escenario son de un transeúnte antes de que llegaran los elementos de seguridad a auxiliar a los atacados.

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CIRO ACOSTA
La fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa de reformas a diversas leyes para legalizar el consumo de la marihuana.

En conferencia de prensa, la diputada Elsa Conde anunció que este martes su partido presentará ante el pleno una iniciativa que busca una mejor regulación para la también conocida científicamente como cannabis, así como una mayor comprensión de las características, riesgos y posibilidades de esta planta.
La iniciativa, comentó, comprende sanciones diferenciadas para los consumidores de cannabis que garanticen efectivamente su derecho a la salud.
Recordó que la cannabis es una planta con más de ocho mil años de relación con la humanidad, y forma parte de la cultura mexicana desde su introducción en la época de la colonia.
La cannabis, dijo, tiene usos industriales, médicos, rituales y lúdicos que se encuentran plenamente documentados y forman parte importante de la tradición popular.
La diputada federal aseveró que en los hechos, la marihuana nunca ha representado un problema serio de salud pública ya que “nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente”.
Elsa Conde indicó que la marihuana tiene la cualidad que no tienen otras sustancias que son legales, como el alcohol y el tabaco, de que no ocasiona problemas por abusar de ella.

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Las crisis derivadas de la elección presidencial de 2006 y del conflicto en Oaxaca hicieron perder posiciones a México, y retrocedió este año en el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2007.

El reporte, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer y Polilat.com, explica que México “ha empeorado su puntaje en más de 6% y sigue sin poder alcanzar todavía su mejor valor de la serie que fue en 2003”. Está en la medianía al “formar parte del grupo de países (18 en el ranking) con desarrollo democrático medio, aunque ha bajado un lugar de la tabla, pasando del quinto al sexto lugar”.
El informe advierte que nuestro país, “en el valor obtenido en la dimensión de calidad institucional y eficiencia política ha decrecido con respecto al de 2006 y es un valor por debajo del promedio de la región”.
Este deterioro, explica, “fue motorizado por el peor desempeño en el indicador de desestabilización y porque este año es castigado levemente por el factor anormalidad democrática, debido a la crisis institucional provocada luego de las elecciones presidenciales y por los hechos ocurridos en Oaxaca”.
El año pasado Andrés Manuel López Obrador formó un “gobierno legítimo” y desconoció al gobierno constitucional de Felipe Calderón; además, en 2006 hizo crisis en Oaxaca la exigencia de renuncia del gobernador Ulises Ruiz, lo que dejó una estela de muertos.
En el rubro de derechos políticos y respeto a las libertades, uno de los valores revisados, es donde México “más urgentemente debe trabajar”, ya que aún no alcanza el promedio de la región.
De acuerdo con el reporte, México presenta “semáforo rojo” en lo que se refiere a “anormalidad democrática”, “desestabilización”, “libertades civiles” y hasta en el cierre de la “brecha de ingreso”.
Chile (10.3) Costa Rica (9.7) y Uruguay (9.3) son las naciones mejor calificadas. En el plano medio están Panamá (6.4), Argentina (6.1), México (5.5), Honduras (4.7), Colombia (4.7) y Brasil (4.5). Las naciones con bajo nivel son: Perú (4.1), El Salvador (3.9), Paraguay (3.8), Guatemala (3.4), Bolivia (3.2), Ecuador (3.2), República Dominicana (2.8), Venezuela (2.8) y Nicaragua (2.7).
El índice revela que sólo el 17% de los países de América Latina (sin incluir a Cuba) “se destaca por su alto desarrollo democrático”.

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NURIT CÁRDENAS/ Las comisiones unidas de Salud y Administración y de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron el dictamen que crea la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, que este martes será votada en el pleno.

La nueva legislación regulará la voluntad de las personas desahuciadas o en etapa terminal que decidan no someterse a tratamiento y/o procedimientos médicos que prolonguen de manera "innecesaria" su vida.
De acuerdo con el dictamen aprobado por unanimidad por los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de esas comisiones, quienes decidan sujetarse a esa ley deberán suscribir un documento de voluntad anticipada de manera personal, libre e inequívoca ante un notario.
En el caso de los pacientes imposibilitados, este documento podrá suscribirse ante el personal de salud correspondiente y dos testigos, además deberá ser registrado por el solicitante, quien deberá estampar su nombre y firma.
También tendrá que signarse ante un representante que deberá corroborar la elaboración del documento y podrá manifestar de manera expresa su decisión respecto a la donación o no de sus órganos.
En el caso de enfermos terminales impedidos, el documento lo podrá redactar familiares como cónyuge, concubinario o concubina, hijos mayores de edad, consanguíneos o adoptados, padres o adoptantes, nietos o hermanos mayores de edad.
También se establece que los padres o tutores podrán signarlo cuando el enfermo sea menor de edad o incapaz legalmente declarado.
La ley dispone la creación de una coordinación especializada en materia de voluntad anticipada a cargo de la Secretaría de Salud capitalina, cuya responsabilidad será velar por el cumplimiento de las disposiciones que establece la nueva legislación.
También prevé la objeción de conciencia en caso de que los médicos se rehúsen a atender la decisión del paciente, así como reformas al Código Penal para evitar fincar responsabilidades penales por los delitos de homicidio, ayuda o inducción al suicidio, o de omisión de auxilio o de cuidado a quienes intervengan en el
proceso.
El nuevo ordenamiento precisa que con esas disposiciones no se permitirá o facultará conducta alguna que tenga como consecuencia el acortamiento intencional de la vida de una persona.
Asimismo se considerarán nulos los documentos de Voluntad Anticipada que sean producto de amenazas, fraudes o dolo, con las responsabilidades penales que podrían conllevar.

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De acuerdo con el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, y que se discutirá este martes en el pleno de la Suprema Corte, las autoridades de Puebla, incluido su gobernador, violaron los derechos de la periodista.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión del proyecto de sentencia sobre la presunta violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de puebla, Mario Marín.
El ministro Genaro Góngora Pimentel leyó el proyecto e hizo una relatoría de cómo se dieron los hechos que llevaron a Juan Silva Meza a suponer que el gobernador de Puebla participó en las violaciones de los derechos humanos de Lydia Cacho.
Góngora Pimentel leyó parte de la transcripción de las conversaciones que sostuvieron vía telefónica el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, especialmente cuando presuntamente ambos se ponen de acuerdo para detener y “dar una lección” a la comunicadora.
Góngora Pimentel afirmó: “hubo concierto de autoridades, con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en la que tuvo injerencia directa el gobernador de Puebla".
El ministro Góngora, quien fue presidente de la SCJN, apuntó que la forma en que fue Lydia Cacho fue detenida y trasladada desde Cancún hasta Puebla generó condiciones de angustia y puso en riesgo su integridad física.
Góngora equiparó lo que vivió Lydia Cacho con acciones de tortura y expresó que dichas acciones están prohibidas y penadas por nuestro marco jurídico.Hizo alusión a varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, para reforzar sus argumentos.

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-- El proyecto no reglamenta llamadas telefónicas
-- No se descarta periodo extraordinario

CIRO ACOSTA
Ante la amenaza de desaparecer, los partidos pequeños reventaron este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (Cenca), en la que se discuten las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los partidos pequeños protestaron por la exclusión en el Cofipe de la figura de coalición, una mayor participación en la distribución de tiempos en horarios estelares en los medios electrónicos y que se incluya la llamada "cláusula de la vida eterna", con la que sus aliados les garantizan que siempre les "completarán" los votos para alcanzar el 2 por ciento que se requiere para el registro.

Y es que a sólo seis sesiones de terminar el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, los coordinadores parlamentarios tuvieron que aplazar los cambios al Cofipe, ya que los coordinadores del PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa se levantaron, de manera escalonada, de la mesa de negociación con la amenaza de interponer en la Corte un amparo para invalidar los cambios que se pretenda a la norma.
Durante la reunión de este lunes, el reclamo de los partidos pequeños derivó en un enfrentamiento con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, quienes aún discuten si están dispuestos a integrar en el Cofipe la "cláusula de vida eterna". Por este motivo, los pequeños alzaron la voz y se quejaron de la intención de orillarlos a la desaparición, ya que el nuevo modelo de coaliciones los obliga a aparecer con emblemas separados en las boletas electorales.
A tal grado, que el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Alejandro González Yáñez, amenazó al coordinador del PRD con romper con el Frente Amplio Progresista, ante la falta de apoyo del sol azteca en la discusión de la reformas al Cofipe.

NO HAY REGLAS PARA INTERNET Y LLAMADAS TELEFÓNICAS
No obstante, trascendió que la propuesta de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) elaborada por los legisladores omitió establecer reglas para la propaganda política que se difunde a través de internet, anuncios espectaculares y grabaciones telefónicas.
Asimismo, en el proyecto de dictamen quedan también sin regular las nuevas tecnologías como teléfonos celulares, videos en el portal YouTube, presentaciones en powerpoint, mensajes que se coloquen en foros de discusión o las animaciones que denigren o ridiculicen a candidatos en internet. Además de push polls (encuestas fraudulentas) y las llamadas generadas en centros de atención telefónica para hacer propaganda electoral.
No obstante, este y otros cambios del documento tuvieron que aplazarse, luego de que la reunión no llegara a buen puerto por la petición de los partidos pequeños. Los legisladores no descartaron un periodo extraordinario de sesiones.

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EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS
El proyecto de nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) lleva al debilitamiento del IFE y hace que los partidos políticos pasen de ser vías de acceso al poder, a poderes en sí mismos.

El artículo 110 inciso 5 de la iniciativa que será presentada oficialmente este martes, señala: “los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad”.
Esta disposición perpetúa la decisión tomada en días pasados por los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas política representadas en el Congreso de dejar en manos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados —“por única vez”, habían dicho— la presentación de las propuestas para elegir al presidente del IFE y a dos consejeros más.
El artículo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión aprobado apenas el 15 de este mes será trasladado al Cofipe y ahora no por “única vez” sino para siempre, serán los coordinadores parlamentarios los que definan la integración del Consejo General del IFE.
Esta nueva legislación, reglamentaria de la reforma constitucional en materia electoral, nulifica el carácter ciudadano que supuestamente tiene el IFE.
De hecho, el Consejo General del Instituto siempre fue integrado por los partidos políticos a través del sistema de cuotas, pero antes era una simulación y ahora el procedimiento partidista se lleva a la legislación.
El proyecto de nuevo Cofipe establece todo un título dedicado a las responsabilidades de los servidores públicos del IFE lleno de conceptos subjetivos que generarán condiciones de incertidumbre para el ejercicio del cargo de los consejeros electorales.
Por ejemplo, el artículo 380 párrafo primero inciso c) sostiene: “serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto Federal Electoral: tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar”.
Pero…¿Quién definirá lo que es notoria negligencia, ineptitud o descuido?
El inciso h) habla de otra causa de responsabilidad: “emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”, lo que coarta la libertad de expresión de los consejeros.
Los consejeros electorales, incluido el presidente del Consejo, podrán ser sancionados con suspensión de sus funciones o inhabilitación por la Cámara de Diputados, previa notificación de la Contraloría General del IFE, cuyo titular será nombrado por la misma Cámara de Diputados.
En síntesis, el nuevo IFE le da armas a los partidos políticos y más específicamente a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados para nombrar y remover a los integrantes del Consejo General del IFE mediante procedimientos ambiguos y subjetivos.
Estas atribuciones contribuyen a otorgar a los coordinadores parlamentarios un poder que va incluso más allá que el de los dirigentes nacionales de los partidos.
La reciente elección de dos consejeros de la Judicatura Federal puso en evidencia que el reparto de cuotas partidistas persiste.
Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado eligieron a Jorge Moreno Collado —claramente cercano al priista Manlio Fabio Beltrones— y a Indalfer Infante González —apoyado por el panista Santiago Creel y el perredista Ricardo Monreal, de entre 29 candidatos.
Todos los nombramientos pasan por los coordinadores. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los comisionados de la Cofetel, los comisionados del IFAI, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasan por los coordinadores parlamentarios.
A ellos deben su cargo quienes forman parte de los organismos autónomos y desconcentrados y son ellos quienes pueden destituirlos casi de manera discrecional.
Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado destituyeron a todos los consejeros del IFE mediante la reforma constitucional.
El PRI y el PRD estuvieron a punto de cesar al magistrado del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, y no lo hicieron sólo porque les faltaron los votos de dos senadores perredistas que no acudieron a la sesión de ese 31 de octubre del 2006.
En comisiones del Senado existe una iniciativa presentada por la fracción del PRD para desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de paso a su titular, José Luis Soberanes, a quien los perredistas no perdonan que haya demostrado que la anciana Ernestina Ascención no fue violada.
Sí, el nuevo Cofipe fortalece el poder de los coordinadores parlamentarios y ofrece excelentes argumentos a quienes consideran que en México más que una democracia, vivimos una partidocracia.

OFF THE RECORD
El 4 de diciembre comparecerán ante comisiones del Senado los titulares de Semarnat y Conagua, Rafael Elvira, y José Luis Luege, respectivamente. Al día siguiente hará lo propio el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub y un funcionario de la Secretaría de Gobernación, que podría ser su titular, Francisco Ramírez Acuña. Inician así las explicaciones por las inundaciones de Tabasco.

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CIRO ACOSTA
Con los candidatos registrados este fin de semana suman hasta el momento 8 aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

De 33 años de edad, oriundo de Jalisco y con la Licenciatura en Derecho, Fabricio Vázquez Gómez acudió a la Mesa Directiva de la Cámara baja, donde recibió el registro número 16, luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
La licenciada en Economía y también en Derecho Gladis Martínez Fombona obtuvo el registro 17, tras presentar la documentación respectiva.
Dijo que se desempeñó en dos ocasiones como presidenta de la Comisión Distrital Número 6 del Consejo Electoral de Jalisco, además de contar con una maestría en Política y Gestión Pública.
También entregó sus documentos la contadora pública Elizabeth Barba Villafán.

NO HABRÁ DEDAZO: PRI

En tanto, la vocera de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Beatriz Pagés Llergo, reveló que la elección de los nuevos consejeros electorales se realizará mediante votación secreta, a fin de evitar la manipulación o el clásico "dedazo" de los partidos políticos, reveló
En este sentido, advirtió en entrevista a los legisladores que en caso de incurrir en cualquier ilegalidad, la condena histórica será inevitable, pues se trata de construir un Instituto Federal Electoral "menos torcido al que actualmente está".
Los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) en San Lázaro, subrayó, tienen la responsabilidad y obligación de dar un mensaje claro a la nación sobre la designación de los integrantes del IFE.
Dijo que si bien no puede existir un blindaje para impedir "el dedazo" en la designación de esos funcionarios electorales, por la falta de tiempo, la certidumbre para la ciudadanía de que se dé un proceso transparente radicará en la votación, la cual "será secreta, de tal manera que se evite la manipulación" de los nombres de los aspirantes a ocupar ese cargo.

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JOSÉ CONTRERAS
La bancada del PVEM en el Senado presentó una iniciativa de reformas al artículo 33 de la Constitución para que se otorgue el derecho de audiencia a los extranjeros que el gobierno pretenda expulsar del país.

En la iniciativa, leída en tribuna por el senador Javier Orozco Gómez, el PVEM expone que actualmente México no ofrece las suficientes garantías de defensa a los extranjeros, lo que puede resultar anticonstitucional en función de lo señalado en otros artículos de la carta magna.
Mencionó que el artículo 33 debe ser redactado de tal forma que se respeten los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adoptados por México, con la salvaguarda al mismo tiempo de la constitucionalidad de la misma.
La redacción que propone el PVEM tenga el 33 es la siguiente: “son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero de la presente Constitución.
“Pero el Ejecutivo de la Unión puede por motivo de orden o de seguridad pública expulsar del territorio nacional, previa audiencia, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente por los motivos antes mencionados”.
Al respecto, Orozco Gómez indicó que el hecho de ser mexicanos, nos hace titulares de todas las garantías individuales establecidas en el Título primero de la Constitución y otorga el acceso a todos los medios procesales, garantías jurisdiccionales o no jurisdiccionales, para hacer valer dichas garantías.
Y recordó que en el artículo primero de nuestra Constitución se establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la misma, las cuáles no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Agregó que los extranjeros también gozan de los mismos derechos, en virtud de que no se establece en este precepto en el presente artículo excepción alguna para su reconocimiento.
Insistió en que se debe analizar la facultad del Ejecutivo Federal para hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, establecida en el primer párrafo del artículo 33 constitucional.

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RUTH SALDIVAR corresponsal/ Morelia, Mich.- El presidente Felipe Calderón y el gobernador electo de esta entidad, el perredista Leonel Godoy Rangel, tuvieron este domingo por la mañana su primer encuentro directo en el que acordaron trabajar de manera conjunta, mantener una “relación fluida” y en colaborar para que se faciliten los acuerdos políticos y la relación entre los gobiernos.

A través de un comunicado, Presidencia de la República confirmó la reunión privada que sostuvieron ambos políticos originarios de este estado. Calderón, informa el boletín, reiteró el interés y la disposición de su Gobierno para trabajar a favor del desarrollo de Michoacán, y manifestó su compromiso de mejorar el nivel de bienestar de los michoacanos, entidad de donde es oriundo.
Destacó la importancia de la comunicación entre el Ejecutivo y los gobiernos de los estados "para atender coordinadamente los retos que enfrentan para su desarrollo".
En respuesta, Godoy -quien tomará posesión en febrero de 2008- destacó que es importante el apoyo del Gobierno federal para impulsar inversiones en infraestructura que generen los empleos que demanda la entidad.
Además, coincidieron en la necesidad de mantener una relación fluida y constructiva, y mantener abiertas las vías de comunicación y colaboración entre ambos gobiernos.
Tras una reunión de una hora, acordaron mantener un diálogo abierto para facilitar acuerdos políticos en beneficio de los michoacanos.
El gobernador saliente, Lázaro Cárdenas Batel, consideró más tarde que es una “insensatez” que una administración estatal gobierne alejada del gobierno federal.
La reunión tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Michoacán. Cárdenas Batel ofreció uno de los salones de la residencia para que se diera el encuentro que duró aproximadamente una hora.

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El ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, criticó al secretario de Hacienda, Agustín Carsterns, por fungir como abogado de Banamex en un litigio que mantiene con un particular que le ganó una demanda millonaria.

Entrevistado por TVC, Diego Fernández de Cevallos indicó: “habría que preguntar si la función de un secretario, al que aprecio y respeto por su profesionalismo, es ser defensor de oficio de los bancos”.
El consejero nacional del PAN es abogado de José Luis Saldívar, quien le acaba de ganar a Banamex en primera instancia un juicio por casi mil 500 millones de pesos.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua que obliga a Banamex a pagar la citada cantidad por intereses acumulados durante más de 10 años fue recurrido por la defensa del banco, presuntamente a cargo de Agustín Carsterns, y por su relevancia, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la entrevista, el ex legislador fue breve porque, explicó, no acostumbra ventilar los juicios en los que tiene parte en los medios de comunicación.
Añadió que habrá que esperar a que el máximo tribunal del país revise el caso y dicte la sentencia que considere pertinente, porque “lo que tenemos que exigir a los jueces y a los tribunales es que apliquen la ley”.