ANTONIO BETANCOURT
Ya estamos a mitad de año, y aunque la atención de la opinión pública se divide entre los conflictos internacionales y la discusión legislativa —además de que medio mundo se anonadó con el mundial de fútbol de Brasil—, es obligado revisar la situación de inseguridad imperante.
La percepción de gran parte de la ciudadanía, hasta un 70 por ciento aproximadamente según sondeos, es que la inseguridad sigue siendo uno de los más relevantes problemas en todo el país.
La Iniciativa Privada (IP), a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), ha documentado muy bien que la violencia y la criminalidad en el país sigue afectando de manera importante a la economía nacional.
Como ya es costumbre en este gobierno, la información que generan instancias oficiales sobre esta situación reafirma los éxitos logrados en el combate al crimen organizado y las tendencias a la baja de los crímenes de alto impacto en la mayor parte del territorio.
Sin embargo, todos estos reportes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y de su gabinete de seguridad, difiere en muchos aspectos de las noticias en aquellos medios que emiten fielmente los sucesos de criminalidad.
Como bien dice un análisis de la ONG Seguridad Justicia y Paz, “en todo caso es de mencionar que las constantes de la (nueva) estrategia del gobierno son la voluntad y los esfuerzos de las fuerzas de federales de seguridad en el combate a la violencia y el crimen organizado”, pero eso no resuelve nada.
El panorama sigue siendo deprimente y según investigaciones sociales se calcula que más o menos unos 7 millones de jóvenes mexicanos están contratados y laboran en organizaciones criminales.
Si confrontamos esas cifras con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que dicen que en lo que va del sexenio el Ejército reporta el abatimiento de un total de 628 presuntos criminales, la Marina unos 57 y la Policía Federal 118, entonces vemos la gravedad del asunto.
Por otro lado, la reaparición de la organización criminal, Guerreros Unidos, resultado de la fractura del cártel de los Beltrán Leyva (en 2012), llamó nuevamente la atención por su extrema violencia y su disputa por el poder en el Estado de México con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
El ex líder comunitario y ex vocero de las autodefensas en la región de Tierra Caliente en Michoacán, José Mireles Valverde, mantiene a las autoridades estatales (y federales) alertados por su desafío de los decretos de desarme. Mireles y un grupo de seguidores fue detenido por portación de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de droga.
Es de llamar la atención que en los frentes de combate contra el narco participen entre 30 a 40 mil militares en funciones policiales, y que éstos apliquen desproporcionados ataques que se convierten en combates meramente militares, de dureza y represión, de impunidad sistemática y endémica, por falta de una rendición de cuentas.
La conmemoración de la marcha por la paz y el fin de la inseguridad en la capital del país en 2004, organizada por varios consejos de seguridad ciudadana y familiares de víctimas, con la participaron un millón de ciudadanos, terminó con el reclamo que la inseguridad, y a 10 años, los riesgos y peligros de la vida diaria de los mexicanos siguen igual o incluso peor.
En este contexto se menciona que aunque los gobiernos del sexenio pasado de 2006 a 2012 y del actual a partir de 2012, las fuerzas de seguridad han detenido, eliminado o extraditado a gran número capos, sin que esto haya logrado una verdadera mejoría de la inseguridad.
Y además, por si nos faltara su opinión, la Iglesia católica opina que la inseguridad y la espiral de violencia se originan en la pobreza, algo que no es nuevo y que numerosos sociólogos han alertado.
Así el escenario de malo, y la realidad a corto plazo nos dice por experiencia que la criminalidad suele endurecerse en la segunda mitad del año. Estemos preparados. Gracias. Hasta mañana.
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