En una misiva enviada a diversos medios de comunicación, dijo que servidores públicos de estas dependencias brindan protección a líderes de bandas del narco, del secuestro, del tráfico de personas, del robo de autos y de bancos.
Aponte Polito, quien fue considerado a finales del 2006 para ocupar el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, abrió los archivos de la II Región Militar del país —que comprende diversas zonas militares de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora— para aportar pruebas de sus acusaciones, en específico en el territorio donde opera el Cártel de los Arellano Félix.
En la milicia, Aponte es llamado "Cara Dura" y abandera sus estrategias contra el narco con la frase: "Caiga quien caiga"… En las zonas y regiones que ha presidido se ha caracterizado por destapar complicidades de policías y funcionarios con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el grupo encabezado por Héctor "El Güero" Palma. Lo hizo antes en Sonora, Sinaloa y Chiapas.
Explicó que sus denuncias se basan en los testimonios de quienes han sido detenidos en flagrancia por el personal a su cargo, así como en la información proporcionada por los propios responsables de los actos delictivos.
Relató que el pasado 6 de febrero compartió con autoridades de Mexicali que Leocadio Núñez Meza, alías "Locadio" e integrante de la policía municipal trabajaba para los Arellano Félix en coordinación con el primer y segundo comandantes de la Base de Intercepción Aérea de la PGR (conocidos como "El Conejo" y "Cristian"), quienes recibían una cuota mensual de entre 4 y 5 mil dólares cada uno, como pago por apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como por abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia EU.
En esta actividad también participaba José Fernando Funes López "El Fune", oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Refirió que en días pasados, "Locadio" reconoció los hechos y después se suicidó.
En otro suceso, reveló que el 13 de noviembre de 2007 se desplomó un helicóptero Bell-206 sobre la carretera federal Ensenada-San Felipe, accidente en el cual fallecieron el piloto Israel Romo y un sujeto llamado Pablo González. Al día siguiente, Miguel Cortez Nuño, subinspector de la Policía Federal Preventiva División Caminos, solicitó a las autoridades del fuero común el cuerpo del tal Pablo González, quien se supo después era Merardo León Hinojosa, alías "El Abulón", uno de los más importantes sicarios del Cártel de Tijuana.
Según Aponte Polito, Cortez Nuño asiste a la reuniones para diseñar la estrategia nacional contra la inseguridad en Baja California.
El General documentó además que el 5 de septiembre del año pasado, en el estacionamiento de un centro comercial, fueron ejecutados con armas largas Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante y efectivo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Y citó el testimonio posterior de una persona, registrado ante militares, quien aseguró que la ejecución se debió a que los AFI´s le habían robado a los Arellano Félix 100 mil dólares.
Y luego contó lo ocurrido el 4 de enero de 2008, cuando agentes de la DSPM aprehendieron a José Gálvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después, tras sus declaraciones ministeriales, también fueron detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, elementos de la misma agencia federal. Se les comprobó su participación en el secuestro de un empresario. Cuando Morales Pérez se había comprometido a ampliar su declaración, a finales de marzo, fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana.
Fue en ese mismo mes de enero, cuando —recordó el jefe de la Región Militar— un agente de la policía ministerial del estado con base en la ciudad de Tecate, de nombre José Antonio Rodríguez Uribe, ofreció al Capitán 1/o. de Infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, "ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del municipio de personal militar y de la PFP".
Añadió en la misiva que funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana, "quienes desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior", han hecho invitaciones constantes al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener "pláticas de acercamiento, las cuales no ha aceptado".
De su archivo rescató además que funcionarios, quienes junto a personal militar realizaron recientemente un aseguramiento importante de droga en el municipio de Ensenada, pidieron a las autoridades militares que omitieran sus nombres, porque no querían tener problemas. "Por esta y otras razones se les perdió la confianza".
Aponte Polito hizo estas revelaciones como respuesta al reto de Rommel Moreno Manjarrez, Procurador General de Justicia de Baja California, quien le pidió pruebas al militar luego de que éste declaró a los medios que para obtener mejores resultados en el combate a la delincuencia se debía agilizar el saneamiento de las corporaciones policíacas y evitar la impunidad. También señaló que desde la administración del gobernador Eugenio Elorduy Walter y hasta la de José Guadalupe Osuna Millán, se había venido incrementando el desarrollo de actividades delictivas.
El General de División aseguró que "los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad".
Al final de la carta dijo que la II Región Militar ha recibido más de 2 mil denuncias ciudadanas que ligan a servidores públicos y a funcionarios con actos de corrupción y delincuencia. Enumeró los principales delitos: la protección de narcomenudistas, polleros, ladrones de bancos, líderes del narco y aeronaves utilizadas para el trasiego de enervantes. "Algunos policías hasta alquilan sus patrullas para el traslado de droga".
Y denunció prácticas de extorsión a la población y cobro de cuotas a ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas; agentes y peritos "que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes"; funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia "que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial".
En este contexto, afirmó que el Ejército "enfrentará con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada".