Esta ley, que reglamenta las reformas al artículo 18 de la Constitución, establece que los menores de entre 12 y 18 años de edad pueden ser juzgados penalmente por conductas tipificadas como delitos del fuero federal, aunque mediante un sistema de justicia especial.
El ordenamiento señala que sólo podrán ser sancionados con la privación de la libertad quienes tengan al menos 14 años cumplidos y que hayan cometido delitos considerados como graves. En todo caso, la pena de prisión no excederá de cinco años.
El paquete legislativo incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la PGR, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Defensoría de Oficio.
El objetivo es la creación de agencias del Ministerio Público, juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para adolescentes a nivel federal.
Este marco jurídico contempla otorgar facultadse a los jueces especiales para que puedan girar "orden de detención" en contra de un menor que presuntamente cometió un delito, misma que será ejecutada por la fuerza pública cuando la conducta cometida merezca la medida de internamiento.
Esta medida también se aplicará cuando exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el adolescente podría no someterse al proceso u obstaculizaría la averiguación de la verdad.
Se prohíbe que los menores sean objeto de aislamiento dentro de los centros federales de internamiento "a menos que, de manera urgente, sea estrictamente indispensable para evitar o resolver actos de violencia generalizada o amotinamiento en los que el adolescente esté directamente involucrado".
En el escrito enviado al Senado, la diputada federal del PRI, Patricia Villanueva Abraján, recordó que la reforma al artículo 18 de la Constitución establecía un plazo de seis meses para que tanto la Federación como los estados y el DF crearan leyes y sistemas de justicia para adolescentes.
Dos años y medio después de aprobada la reforma constitucional, dijo, la Federación no cuenta aún con el marco jurídico que le permita crear el sistema de justicia para adolescentes y sólo los estados de Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Quintana Roo y el Distrito Federal cuentan con el suyo.
Desafortunadamente, dijo, los adolescentes incurren en la comisión de delitos tanto del orden común como del orden federal, y estos últimos escapan de la competencia de los estados.
Además, los adolescentes no pueden ser investigados o procesados ni, en su caso, sancionados por la Federación, porque ésta carece de un sistema especializado para tal fin.