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Pierden comerciantes de centrales de abasto por contratar seguridad privada

AIDA RAMÍREZ MARÍN
La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (Conacca), afirmó que las 64 centrales de abasto y mercados mayoristas erogan cada mes alrededor de 48 millones de pesos en el pago de seguridad privada.

Ello, a fin de salvaguardar la integridad física individual y familiar, evitar robos a sus establecimientos y garantizar el traslado de la distribución y comercialización de las mercancías.
La Conacca explicó que el gasto se hace necesario ante la persistencia de la inseguridad, y porque los comerciantes mayoristas son blanco de secuestradores.
Explicó que este gasto en seguridad privada prevalece, a 19 días de haberse firmado, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Acuerdo por la Seguridad que prevé 74 puntos.
Alfredo Neme Martínez, presidente del organismo, exigió entonces a los tres niveles de Gobierno hacer uso de los impuestos que pagan los comerciantes para garantizar la seguridad física y patrimonial de este sector en sus fuentes de trabajo.
“Por si fuera poco, además de la privación ilegal de la libertad de que han sido víctimas algunos de nuestros agremiados, las ventas en nuestros centros de abasto se han desplomado en un 10 por ciento y perdido competitividad derivadas de la incertidumbre que se vive”, sostuvo.
Por ello, consideró imposible seguir en esta dinámica de secuestros continuos con pérdidas económicas por la extorsión, por las bajas ventas, por inversión en seguridad privada y por el autoexilio de empresarios que eran garantía de empleo en el país.
Neme Martínez señaló que una de las centrales de abasto que vive una situación de alarma por la ola de secuestros e inseguridad, es la de Ciudad Juárez, Chihuahua en donde, de julio a agosto del presente año, siete comerciantes mayoristas fueron víctimas de las bandas de plagiarios.
En esos casos, se vieron obligados a pagar millonarios rescates para lograr la libertad con vida de los secuestrados y no hubo de por medio denuncia penal alguna debido a la desconfianza hacia las autoridades judiciales.
“Ante los crecientes niveles de violencia e inseguridad que se padece en Ciudad Juárez, familias completas de comerciantes mayoristas han tenido que abandonar el país y trasladar su residencia en El Paso, Texas, para desde ahí operar sus comercios a control remoto e incluso algunos prefirieron bajar la cortina”, aseveró.
Exigió entonces a los tres órdenes de gobierno que brinden seguridad a todos los mexicanos, “pues es intolerable observar cómo en el Distrito Federal, manifestantes y personas que viven de los plantones, tengan seguridad de primer nivel, hasta con horario establecido, como los nudistas de los 400 pueblos de Veracruz que tienen piso gratis, cantina por las noches, alumbrado, agua potable y hasta un estercolero a cielo abierto”.