Narcoviolencia: el otro Poder

El reciente asesinato de dos alcaldes, uno en Jalisco y otro en Puebla, sumado al de una candidata a diputada en Michoacán, han dejado en claro que en el proceso electoral el crimen organizado también participa.

  • Desde que iniciaron las precampañas en septiembre del 2017 hasta el pasado fin de semana ya suman 81 los políticos que han sido asesinados en todo el país.
  • De acuerdo al “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018” de la firma Etellekt Consultores, las agresiones contra políticos en el proceso electoral continúan en ascenso.
  • Sólo entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de 2018, la consultoría ya había documentado 173 agresiones directas contra políticos, a las que ya se suman las antes mencionadas.
  • A los 81 asesinatos de políticos que ya van a la fecha se agregan 30 agresiones contra familiares de políticos, las que además de haber dejado un saldo de 40 víctimas más, han propiciado también un estado de incertidumbre en al menos 167 localidades de 29 estados del país, lo que representa casi el 7 por ciento de todos los municipios de México.
  • De acuerdo con el informe, actualmente en todo el territorio mexicano se tienen detectadas 58 zonas de muy alto riesgo de ataques armados contra políticos y sus familiares, zonas que así se han considerado por el elevado índice de ejecuciones, secuestros y atentados que han sido identificados hacia ese sector.
  • El estado que mayor cantidad de zonas de muy alto riesgo registra para los políticos en campaña es el de Oaxaca  con 10 regiones; le siguen Veracruz con nueve, Puebla con seis; Guerrero con cinco; Hidalgo, Michoacán y Chihuahua con tres cada uno; Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Tamaulipas con dos por estado y Baja California, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Colima con una.
  • En todo el territorio mexicano se tienen detectadas 58 zonas de muy alto riesgo por ataques armados contra políticos y sus familiares

De acuerdo al abogado y maestro en criminología Álvaro Segovia, del Consorcio Transdisciplinario de Investigación Secarsos A.C., la violencia manifiesta contra políticos que buscan un cargo de elección popular, “es resultado del rebase electoral de este proceso que es el más grande en la historia del país, donde la estructura de que dispone el Estado para brindar seguridad a los contendientes ante la ola de violencia ha quedado supera- da por la cantidad de candidatos”.

La causa principal de la violencia, según el criminólogo “está basada en la necesidad del control territorial de los grupos del crimen organizado, quienes ven en los cambios de gobierno la posibilidad de perder el dominio de las plazas y tratan de eliminar a los candidatos que les representan riesgo a su hegemonía criminal”.

  • Hay que recordar que en las elecciones del 1 de julio próximo se habrán de elegir representantes a 3 mil 406 cargos de elección popular, entre ellos un presidente de la República, un Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales, 972 diputados locales, mil 597 ayuntamientos, mil 237 concejales, mil 665 sindicaturas, 12 mil 23 regidurías, 19 regidores étnicos y 144 cargos en las juntas municipales.

Si se considera que cada uno de los cargos de gobierno, tanto federales como locales, estarán en competencia para un promedio de cinco candidatos, entre abanderados partidistas e independientes, se aproxima una participación de por lo menos 20 mil contendientes en todo el territorio nacional, “a los cuales es difícil que el Estado les brinde condiciones de seguridad”, explicó Álvaro Segovia./ CON INFORMACIÓN DE CONTRAMURO REPORTE ÍNDIGO

Mexico Drug War

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario