El lunes 24 de enero elementos del Ejército y Marina realizaron el primero de tres operativos en el Distrito Federal, en busca de presuntos miembros del crimen organizado. Esta acción alteró los ánimos entre diputados locales del PRD y PAN.

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, cuestionó la intervención de las fuerzas castrenses en la colonia Del Valle y Obrera, por lo que pidió a Francisco Blake Mora explicar los motivos de estas incursiones de la Marina y Ejército, de las cuales ni el legislativo capitalino estaba enterado.

Importante fue la reacción enérgica por parte del gobierno capitalino, porque si no hubo coordinación, sí se está creando un ambiente que podría resultar muy peligroso. Recordemos las violentas experiencias de ciudades como Acapulco, Ciudad Juárez, Tampico, Monterrey, Tijuana, lugares donde civiles han muerto durante el fuego cruzado entre narcotraficantes y el Ejército, y luego sólo tenemos la declaraciones donde todo queda reducido a un lamentable “daño colateral”.

El propio procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no contaban con información sobre la operación de narcotraficantes en la ciudad de México ni de las incursiones en la Del Valle y la colonia Obrera.

Por ello, es aplaudible el establecimiento de una mesa de trabajo, previa reunión entre la legisladora Barrales y el subsecretario de Asuntos Internos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, en la cual los legisladores deberán tener información de los operativos que se llevan a cabo en la capital del país.

Sin embargo, cinco días después, la reacción de la diputada Barrales fue descalificada por el legislador local del PAN, Guillermo Huerta Ling, quien de manera equivocada argumentó que esta postura no representaba la posición de la Asamblea Legislativa, porque consideró que primero Barrales debió reunirse con autoridades locales y con los intrigantes de la Comisión de Gobierno, para luego solicitar un informe sobre los operativos de la ciudad de México.

Habría que preguntarle a todas las familias que han sido víctimas de la violencia y han perdido a un hijo, esposo, hermano, padre, en un fuego cruzado si ante cualquier operativo del Ejército o la Marina en nuestra colonia hay que preguntarle y consultarle primero a las fuerzas políticas y solicitar informes por escrito antes de atreverse a pedir una explicación de los operativos en la ciudad de México, mientras nuestros hijos caminan por las calles.

Habría que responderle al legislador Huerta Ling que cuando hay inconformidades tanto de elevación de tarifas, mal servicio o abuso de autoridad, las ciudades cuentan con un representante distrital legal, quien se encarga de exigir dichas peticiones. Barrales no esperó y actuó.

La militarización de las ciudades es una preocupación ciudadana. ¿Dónde están los resultados de los operativos de la capital? ¿Dónde están los grandes narcos como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada?

La movilización de las fuerzas castrenses en las colonias del Valle y Obrera arrojó la captura de Juan Ramón Córdoba, de 47 años, a quien le aseguraron tres armas largas, una corta y tres vehículos. No hubo droga ¿Valió la pena la presencia del Ejército y Marina?

La propia delegada de Iztapalapa, Claudia Brugada, en alguna ocasión dijo que hay una tiendita (que vende droga) en cada colonia y por ello el ¿Ejército patrullaría la demarcación? ¡No! Pero tampoco la ciudadanía aguantará más burocracia y soportará que un legislador esté atrás de su escritorio alzando la mano cuando su partido se lo pida.

¿Dónde está la información de los operativos?, ¿Dónde están los Zetas y los señores del grupo delictivo La Familia? El propio procurador capitalino fue muy claro al decir: “no tenemos ningún reporte de que se hubiera encontrado, se hubiera asentado el crimen organizado en el Distrito Federal”.

Lo cierto es que el propio Blake Mora le dio la razón a Barrales, pero el actuar del legislador panista sólo es un posicionamiento calderonista: defender su chuleta.