A un año de la marcha del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, encabezada por Javier Sicilia y miles de familiares dolientes, a los que se sumaron decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y centroamericanas, que partieron del Museo de Antropología a Los Pinos y de ahí al Senado de la República, donde recibieron el compromiso de la clase política; seudo representantes de los Poderes de la Unión, de construir un Pacto Nacional contra la Inseguridad, que pasado el tiempo se advierte que fue una bufonada.

Y ello se demuestra al comprometerse el gobierno mexicano a la “construcción de una estrategia integral del combate al crimen organizado” que, desde un inicio le advertían a Sicilia y sus allegados de buena fe, que no lo cumplirían ya que existen dos graves problemas de origen; PRIMERO, una marcada apatía de las fuerzas de seguridad y los mandos castrenses en respetar los derechos civiles; y SEGUNDO, ponerse de acuerdo todos los Poderes y dejando lucimientos personales y colores partidistas, trabajar al unísono en materializar la seguridad.

Pero la realidad sobrepasa la ficción y hoy estamos peor que nunca, pues nuestros seudo representantes se entregaron a los reflectores mediáticos pues primero son ellos y sus intereses, aun cuando la sociedad que los eligió sea presa de una dinámica de guerra y corrupción, en donde la impunidad gubernamental y la miseria extrema del pueblo chocan a diario ante la urgente atención de una juventud sin futuro, padres de familia desesperados por la falta de empleo, ancianos olvidados y una democracia prostituida, por los poderes facticos.

Así el ambiente de violencia y zozobra generalizada hace surgir una nueva clase social: los “refugiados”, “desplazados” y “exiliados”, víctimas de esta guerra, cuya existencia y derechos no son reconocidos por el Estado mexicano ni por las agencias internacionales, tal y como lo advierte el datos del Internal Displacement Monitoring Centre México, que señala que de los 6, 435 mexicanos que residen en el extranjero bajo el estatus de asilado político, 5 000 residen en Canadá, 1 384 en Estados Unidos y 51 en otros países de Europa, su situación jurídica es vaga.

Y es que en lugar del fortalecimiento del tejido social, la “estrategia de seguridad” sigue intacta; es decir, sin inteligencia ni aminoramiento, con destellos furtivos y ocurrencias banales como la construcción de memoriales a las víctimas, que desembocarán el “Memorial de las Víctimas de la Violencia” al que el gobierno federal destinará 22 millones de pesos, que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha tenido a bien bautizar como la “escultura a la guerra”, en lugar de destinar esos recursos a resarcir económicamente a huérfanos y viudas.

Otra omisión de los compromisos firmados es la contabilidad y falta de difusión de las cifras de los muertos de la guerra, que conforme a los últimos datos oficiales del 30 de septiembre de 2011 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Presidencia de la República, van 47 mil 515 muertos; cifras que difieren de las divulgadas por el secretario de Defensa estadunidense Leon Panetta, que dijo en marzo de 2012 que esta lucha ha dejado sólo en territorio mexicano una estela de 150 mil muertes y un número indeterminado de heridos.

Cerrazón y ocultamiento que tiene su cúspide de cinismo y estupidez durante la reciente visita de Felipe Calderón a Michoacán, donde el senil gobernador Fausto Vallejo, dio la bienvenida al inquilino de Los Pinos, diciéndole que “Michoacán es un oasis de tranquilidad y de desarrollo”, a pesar del caos que se desató en esa entidad el pasado fin de semana, cuando tras la muerte de cinco sicarios en Apatzingán, grupos del narco incendiaron y balacearon camiones de pasajeros, desataron tiroteos, arrojaron granadas y bloquearon carreteras.

A contrario sensu, una administración socialmente responsable como el GDF comandado por Marcelo Ebrard ha sabido inmovilizar la ola criminal con acciones efectivas de prevención del delito y la recuperación del tejido social. Tan es así que en la Ciudad mueren más personas por accidentes que asesinadas, recién demostró el procurador Jesús Rodríguez Almeida, pues mientras a nivel nacional ocurren a diario 41 muertes por ajusticiamientos, el DF con 20 millones de personas, tiene 2.1 decesos, así que ya dejen de discursar y pónganse a trabajar!

Twitter. @Armando_Alcocer