Luego de la elección presidencial altamente competida que llevó a la Presidencia al Partido Acción Nacional, dando como resultado la tan mencionada transición democrática, se puso fin al ya complejo y consolidado sistema de control ejercido por el Partido Revolucionario Institucional sobre la prensa y el resto de los medios de comunicación, los cuales incluso lograban acuerdos entre los medios y los grupos políticos en el poder, generando con ello una intervención absoluta en el flujo de la información.

La transición les permitió a los medios de comunicación y comunicadores, retomar nuevas formas de discurso y de diálogo con los diferentes actores políticos. A estas alturas, los medios de comunicación en general, juegan un doble papel: 1) como transmisores de un cambio mediante la información y 2) como beneficiarios de ese mismo cambio.

Con la llegada al poder del PAN, muchos de los mecanismos de control y negociación con los medios de comunicación entraron en proceso de reajuste. Siendo Vicente Fox quién estableciera el compromiso de respeto de los derechos humanos en especial con la libertad de expresión, no logrando el objetivo de sus palabras, toda vez que el creciente número de delitos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas y comunicadores durante su sexenio se acrecentó.

A partir de 2003 se registro un incremento en el número de casos de amenazas, lesiones, privación ilegal de la libertad y desapariciones de integrantes de los medios de comunicación. En ese año fueron registrados un total de 76 casos, seguido por 92 en 2004, disparándose las cifras a 131 casos en el 2006.

Hechos que se hicieron presentes, siendo objeto de señalamientos intencionados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinando los alcances y eficacia del derecho a la libertad de expresión, considerándolo como el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, dimensionando con ello las necesidades individuales y sociales, propiciando un intercambio de ideas e informaciones entre personas, implicando también, el derecho de conocer opiniones y noticias diversas.

Considerando la problemática latente, el 15 de febrero de 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo mediante el cuál se crea una Fiscalía para atender los delitos en contra de los periodistas y medios de comunicación, que tomo forma en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República. Órgano formado a partir de la demanda reiterada de la sociedad civil, y como aparente respuesta ante el evidente incremento en los casos de agresiones violentas en contra de periodistas y comunicadores.

La creación de instancias destinadas a atender la trasgresión a un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, requiere de medidas políticas, administrativas, culturales y legislativas para su cabal cumplimiento. Las disposiciones o decretos de creación por sí solos de dichos órganos, no aportan nada significativo para la prevención, investigación y castigo de las violaciones a los derechos humanos.

Si bien las recomendaciones generadas en materia de derechos humanos durante el sexenio Calderonista, favorecen visualizar la problemática, también es cierto que no tienen carácter vinculatorio, ni capacidad de sanción del delito. Aunque se contempla la colaboración mutua entre aquellos que observan el desarrollo en la materia y las autoridades, como un simple acuerdo de partes, todo se deja en gran medida, al nivel de voluntad política para resolver las recomendaciones.

Es trascendental diseñar estrategias que nos lleven a soluciones, teniendo claro el objetivo. Lamentablemente y como los hechos lo enumeran, la simple creación de figuras legales, programas o fiscalías especiales, no significan la solución del problema. Siendo necesario establecer compromisos entre las autoridades y actores involucrados, precisándose los términos en que se le hará frente a esté problema latente.

La libertad de expresión, es un derecho fundamental y eje para las condiciones del desarrollo de los sistemas democráticos. Para los ciudadanos tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, así como el derecho de difundir la propia.

* *Es analista mediática y Doctora en Derecho.

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