La consignación de 26 comerciantes ambulantes de la organización que encabeza Alejandra Barrios, entre ellos su hija, Graciela Coronel, tiene un fondo político.

Los ambulantes fueron llevados a prisión por un enfrentamiento que protagonizaron con elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El comportamiento de los ambulantes al negarse a desocupar los espacios de la vía pública y agredir a los elementos del orden es reprobable, pero difícilmente se les podría atribuir el delito de sabotaje, que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El sabotaje es un delito federal, calificado como grave y tipificado como tal en el artículo 140 del Código Penal Federal.

Dicho artículo señala: “Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”.

Para acreditar la comisión del delito de sabotaje, la PGJDF tendría que comprobar que los agremiados de Alejandra Barrios tenían la intención de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa, como dice el artículo 140 del Código Penal Federal.

Si el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, actuara con criterios estrictamente jurídicos y con imparcialidad, ya habría consignado a los integrantes del SME que constantemente bloquean avenidas primarias, se posesionan de la plancha del Zócalo y toman edificios públicos.

El pasado 28 de mayo, integrantes del SME bloquearon todos los accesos a la Secretaría de Gobernación, acción que en todo caso encuadraría más en el tipo penal de sabotaje.

Pero Marcelo tiene varias diferentes para medir hechos similares. A los integrantes del SME, ligados al PRD, les permite todo y a los ambulantes de Alejandra Barrios, ligados al PRI, aplica la “tolerancia cero”.

La explicación es muy sencilla: la relación entre Marcelo y Alejandra data de muchos años, cuando ambos eran distinguidos militantes del PRI.

En 1993, cuando Manuel Camacho Solís era jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, la administración local puso en marcha un programa de reordenamiento del comercio informal.

El principal operador político de Camacho era su secretario general de Gobierno, Marcelo Ebrard, a quien le tocó negociar con los líderes del comercio ambulante, entre quienes estaba Alejandra Barrios.

La lideresa aceptó el programa a cambio de controlar –como hace hasta ahora— la Plaza Tacuba, una de las más concurridas por los consumidores.

Al final, Alejandra salió ganando, porque el gobierno priista del DF le entregó una lucrativa plaza comercial y al mismo le solapó el que mantuviera a miles de comerciantes ambulantes en las calles.

En 1997, cuando el PRI perdió el poder en el DF, los líderes del ambulantaje se quedaron en la orfandad política y muchos de ellos se acercaron al PRD.

Alejandra empezó a respaldar al nuevo partido en el gobierno, hasta que en la administración de López Obrador fue encarcelada, acusada de matar al esposo de una lideresa rival.

En el 2007 fue absuelta y al salir de la prisión anunció que apoyaría “como siempre”, al PRI.

Barrios se alejó completamente del PRD y decidió meterse de lleno en la lucha electoral del PRI. Tanto, que será diputada local plurinominal por este partido a partir de septiembre.

En ese activismo político de Barrios podría estar la explicación de esa persecución judicial del gobierno de Marcelo. Porque el sustento jurídico de la consignación no se sostiene.

OFF THE RECORD

**APARECIÓ CÁRDENAS

Muchos se preguntaban por qué el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, no aparecía en el proceso electoral.

Sobre todo a raíz de que se había anunciado que estaría más participativo.

Pues ya apareció y de qué forma.

El ingeniero Cárdenas dijo que no habrá fraude en las elecciones del próximo 1 de julio.

Y que espera que todo mundo acepte el resultado.

Qué tal.

**HONESTIDAD PENDIENTE

El candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que la próxima semana dará a conocer las cuentas de la asociación civil Honestidad Valiente.

¿Por qué tantas vueltas para transparentar la recaudación de fondos con los que López Obrador recorrió el país durante seis años?

Quien nada debe nada teme.

Será sano e interesante conocer las cuentas del gobierno legítimo de López Obrador.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es: Superpolicía Nuclear (1980) del director Sergio Corbucci.

Sinopsis: Un policía ha desarrollado increíbles poderes. Puede ver a través de paredes, evitar accidentes de tráfico, mover camiones sin conductores y caerse por una ventana y llegar al suelo totalmente ileso. Pero no es perfecto. Tiene ciertas debilidades que lo pueden hacer caer.

El protagonista es el general Oscar Naranjo, ex jefe de la Policía de Colombia, quien podría ser reclutado por el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, para que –en caso de ganar— se convierta en su asesor en materia de seguridad.

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