Una de las encomiendas que tiene el diputado federal con licencia, Luis Videgaray, es cabildear una reforma que permita la vigilancia ciudadana a la asignación de publicidad institucional.

Regular la publicidad que otorgan los tres niveles de gobierno, los tres poderes a nivel estatal y federal y los órganos autónomos del Estado, es uno de los grandes pendientes de la transición a la democracia.

Una adecuada regulación de la publicidad institucional terminaría con la relación perversa que existe entre los medios y el Estado y de manera más específica, entre los medios y algunos gobiernos.

Acabaría también con la discrecionalidad que existe en el manejo de los recursos destinados a la comunicación social.

Al no existir una regulación, cada entidad o institución del Estado otorga contratos de publicidad de manera discrecional.

La asignación de la publicidad se convierte muchas veces en un sistema de premios y castigos para los medios afines y los medios críticos de los gobiernos, de los congresos o de los órganos del Estado.

En muchas ocasiones, la publicidad es asignada a medios fantasmales que tienen nulo impacto, pero cuyos dueños o directivos son amigos de los responsables de las áreas de comunicación social.

El gobierno federal ha establecido cierta regulación que permite que por lo menos, la asignación de la publicidad sea transparente y se dé en el marco de la legislación en materia de contrataciones públicas.

En diciembre de cada año, la Secretaría de Gobernación publica en el Diario Oficial de la Federación una serie de criterios a que deben sujetarse las dependencias del gobierno federal para la contratación de espacios de publicidad.

Los medios que aspiren a obtener un contrato deben cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos y en ocasiones deben seguir un trámite a través del sistema Compranet.

No obstante, los titulares de las áreas de comunicación social de las dependencias conservan la facultad de decidir a qué medio sí y a qué medio no se le asigna publicidad.

En donde impera la ley de la selva es en los gobiernos estatales y municipales, en donde de plano la publicidad es utilizada para controlar a los medios locales.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación estatales y municipales dependen económicamente de la publicidad de los gobiernos locales, lo que permite a los gobernantes chantajear y amenazar con el retiro de la publicidad a quien publique información que afecte su imagen.

Crear un órgano ciudadano que vigile la asignación de la publicidad institucional en todos los niveles de gobierno, como pretende Enrique Peña Nieto, podría representar el primer paso de una regulación de la publicidad institucional.

Una regulación que permita que la publicidad se asigne con base en criterios relacionados con la calidad profesional y la capacidad de penetración.

Una regulación que implique la creación de un órgano autónomo al cual puedan acudir los medios para impugnar la negativa de alguna dependencia u órgano del Estado de asignar publicidad.

No deja de llamar la atención que la propuesta de iniciar con una regulación proviene de Peña Nieto, quien durante la campaña presidencial fue objeto de cuestionamientos por el supuesto trato preferencial que dio a Televisa como gobernador del estado de México.

Ahora habrá que ver cómo reciben su propuesta el resto de los partidos representados en el Congreso.

Todos los partidos, incluso los de la chiquillada, encabezan gobiernos estatales y municipales y quizá les resulte más cómodo a los gobernantes de su color mantener el esquema actual de premios y castigos.

En la congeladora del Congreso hay tres iniciativas encaminadas a regular la publicidad institucional.

Si se mantienen en la congeladora, es precisamente porque a muchos actores políticos les conviene mantener las cosas como están.

OFF THE RECORD

**GUERRA SIN FIN

Lo que queda del priismo en el DF se volverá a desgarrar las vestiduras, ahora en la disputa de la coordinación de la mini bancada del PRI en la Asamblea Legislativa.

El PRI no ganó las ni un solo distrito capitalino, pero logró meter 9 diputados locales plurinominales.

En el primer lugar de esa lista está una cara muuuy conocida: María de los Angeles Moreno.

Y en el segundo lugar está Tonatiuh González, el Juanito de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

El agarrón que viene será de antología.

**¡¡UFF!! MENOS MAL

Ayer lo advertimos: la PGR tenía que aclarar de inmediato la “denuncia” sobre narcomenudeo en el Heroico Colegio Militar.

Bueno, ya lo aclaró. No dará crédito a ese “testimonio” de un sargento recibido por la SIEDO vía telefónica.

La imagen y el prestigio del Colegio Militar están a salvo.

Ahora sólo falta saber de qué sí van a acusar al general Tomás Angeles Dahuare.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es El Hombre Invisible (1933) del director James Whale.

Sinopsis: Un misterioso hombre genera zozobra entre la comunidad. Rara vez da la cara y tiene la capacidad de desaparecer en los momentos difíciles.

El protagonista es el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien logró desaparecer luego de la debacle electoral y moral de su partido.

Tras la estrepitosa derrota Madero desapareció y sigue en esa calidad de desaparecido.

Debido a vacaciones de su autor, esta columna se publicará nuevamente el lunes 29 de julio.

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