El segundo y último –al menos por el momento— gobierno panista concluirá dentro de tres meses y medio sin haber resuelto la situación tan vergonzosa en que se encuentra el sector de las telecomunicaciones en el país.

El lamentable sainete relacionado con la frecuencia 2.5 GHz que le fue retirada a MVS, revela la relación perversa que existe entre los medios electrónicos de comunicación y el Estado.

El gran vacío jurídico que existe en torno al esquema de concesiones es cubierto con chantajes y amenazas mútuas entre empresarios y funcionarios del gobierno federal.

La fallida negociación entre el presidente de MVS, Joaquín Vargas, y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, en donde salió a relucir como supuesta moneda de cambio la periodista Carmen Aristegui, no se hubiera conocido si el gobierno no hubiera retirado la concesión de la frecuencia 2.5 GHz a la empresa.

¿Cuántas otras negociaciones de este tipo, exitosas o no, hay detrás de cada proceso de revisión de las concesiones que permiten el funcionamiento de las grandes cadenas de radio y televisión?

De entrada habría que preguntarse qué hacía el secretario del Trabajo negociando con uno de los principales empresarios de este país un asunto que no era de su competencia.

Lozano es experto en telecomunicaciones pero en febrero del 2011, --cuando se llevó a cabo esa plática con Joaquín Vargas— era titular de la Secretaría del Trabajo y por lo tanto tenía a su cargo la política laboral del gobierno federal.

En el concierto de dimes y diretes que nos ha ensordecido durante los tres últimos días, cada quien ha dicho su verdad.

Joaquín Vargas asegura que Lozano –actualmente senador electo del PAN-- lo amenazó con que se lo iba a llevar “la chingada” si recontrataba a Carmen Aristegui. Se dijo “engañado” por la Presidencia de la República.

Lozano dice que fue Vargas quien amenazó con recontratar a la periodista si no le eran renovadas las concesiones.

La Presidencia de la República niega los señalamientos, acusa a Vargas de “calumniar” y se guarda su derecho de actuar legalmente en su contra.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes respalda los desmentidos en contra de Vargas y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) –supuestamente el órgano regulador-- guarda silencio.

Toda esta novela podría ser bastante cómica si no fuera porque está en juego un sector estratégico para el país.

Si contáramos con un marco jurídico adecuado y con un órgano regulador profesional y ajeno por completo a los actores involucrados, no se presentarían este tipo de tragicomedias. Pero ese marco jurídico no existe y ese órgano autónomo tampoco.

Los responsables de este gran hoyo jurídico son el gobierno federal y el Congreso, dos poderes del Estado que han sucumbido ante el poder fáctico que representan los grandes concesionarios de radio y televisión.

La historia data de hace seis años, cuando, en abril del 2006, el Congreso aprobó la llamada Ley Televisa, una serie de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones claramente ventajosas para la principal televisora del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dichas reformas –por considerarlas inconstitucionales-- e invalidó la conformación de la Cofetel, algunos de cuyos nuevos comisionados promovieron como senadores las reformas de las cuales después se beneficiaron.

Tras el fallo de la Corte, el presidente Felipe Calderón debió destituir a los comisionados de la Cofetel y nombrar a otros. Pero no lo hizo.

Y el Congreso debió aprobar nuevas reformas que sustituyeran a las que invalidó la Corte. Pero tampoco lo hizo.

Lo que tenemos es un marco jurídico ambiguo y obsoleto que permite beneficia a algunos pero genera una gran incertidumbre en el estratégico sector de las telecomunicaciones.

OFF THE RECORD

**A CUIDAR CARTERAS

Los senadores electos del PRI tendrán que cuidar sus carteras.

A partir del lunes, los senadores se reunirán en la ciudad de Chihuahua para definir su agenda legislativa.

Por algún motivo a alguien se le ocurrió realizar esta plenaria en un estado azotado por la delincuencia organizada.

Bueno, ya conoceremos el resultado de estos trabajos, que serán inaugurados el lunes por el presidente del CEN del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

**NOVELA PRIISTA

Dicen los que saben que este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenará suspender la elección del dirigente del PRI-DF, programada para el domingo.

Por cierto, uno de los actores priistas locales, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, salió ayer muy enojado del CEN.

Sostuvo una reunión con priistas de la cúpula que tienen mucha pero mucha capacidad de decisión.

Cuauhtémoc quería imponer a 500 nuevos consejeros políticos locales.

Pero le dijeron que no.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es: Caos (2006) del director Tony Giglio.

Sinopsis: La riqueza de un pueblo queda expuesta. Un grupo de bandoleros se apodera de la riqueza y toma al pueblo como rehén. La autoridad hace un intento tímido por intervenir pero termina negociando con los ladrones, los cuales imponen a final de cuentas su voluntad.

Los protagonistas son todos aquellos actores que han contribuido a que el sector de las telecomunicaciones se encuentre sumido en un caos tal, que la autoridad cumple un triste papel de mal negociador.

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