El tema de la imparcialidad en el uso de los recursos públicos no es nuevo. Hoy es un asunto que ha sido la gota que derramó el vaso al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). El desgaste al interior de dicho órgano puede ser natural, pero pregonar, como lo ha hecho el Presidente del INE, que “… no serán siete partidos los que van a decidir las líneas de conducción del propio Instituto”, me parece, por decir lo menos, poco prudente y atiza más de leña el fuego; sobre todo porque lo que se cuestiona es, precisamente, que un solo partido es el que gobierna de facto a la autoridad electoral.
Volviendo al punto, en la reforma electoral de 2007 se modificó el artículo 134 constitucional con el objeto de elevar a rango constitucional las disposiciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todo tipo y la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales. Se pretendía entonces dar respuesta a dos de los más graves problemas que el proceso electoral de 2006 había reflejado: el elevado costo de la democracia mexicana y el uso y abuso de los medios de comunicación.
El legislador se ha dado tres plazos para aprobar la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional: 30 días después de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional; el 30 de abril de 2014 y el segundo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura actual. Reglamentación que hasta la fecha no ha sucedido. En 2008 el Consejo General del entonces IFE aprobó el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos. Disposición reglamentaria que sólo constituyó un paliativo ante la ausencia de la ley reglamentaria correspondiente. El 7 de octubre de 2014 el INE abrogó dicho reglamento, argumentando reiteraciones con otras disposiciones legales, criterios superados y pérdida de eficacia de dichas disposiciones.
La omisión de los responsables de decidir la agenda parlamentaria desde hace más de siete años ha generado que los órganos electorales hagan malabares para establecer, aunque sean “llamados a misa”, disposiciones mínimas para impedir que los servidores públicos, hagan uso faccioso de los recursos públicos.
Ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
