* Corrupción e impunidad prevalencia en el sistema judicial.

Anteriormente se decía: “las cárceles están llenas de los pend… y de los pobres”, lo que hacía alusión a que quien no tiene dinero, no tiene posibilidad de obtener su libertad.

El caso de la supuesta captura del hijo del Chapo Guzmán, es sólo una muestra más de que la policía, con tal de obtener resultados positivos, atrapa al primero que se le para enfrente y más si esa persona tiene parecido con algún criminal que está buscando.

Y lo peor, es que aunque la persona no tenga relación en el caso, muchas veces la policía los atrapa por el simple hecho de que iba pasando por el lugar, como sucedió con José Antonio Zuñiga, personaje principal de la película Presunto culpable.

Félix Beltrán León, es el nombre del joven capturado por elementos de la Secretaría de Marina y a quien ya pensaban extraditar a Estados Unidos simplemente por su parecido con el hijo del multibuscado Joaquín Guzmán Loera. Ni la Procuraduría General de la República ni la propia Marina, con todo y sus sofisticados sistemas de identificación, se dieron a la tarea de comprobar la identidad del susodicho. Simple y sencillamente lo presentaron ante los medios de comunicación como un logro más de la lucha que emprende el gobierno federal contra el narcotráfioco.

Afortunadamente la familia del muchacho se puso alerta y contrató a un buen abogado para evitar que se cometiera una injusticia más de la policía. Y qué bueno, creo yo, que la familia de Beltrán León también cuenta con recursos económicos suficientes para pagar, como decíamos, a un buen abogado de lo contrario, Félix hubiera pasado como un narcotraficante más y toda su vida en la cárcel.

En las cárceles mexicanas existen muchos inocentes purgando condena. En otros casos, ni eso. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el ámbito nacional, más de 40 por ciento en promedio de las personas privadas de su libertad del fuero común no han sido sentenciados, es decir, todavía están siendo procesadas por lo que, legalmente, son inocentes porque no existe responsabilidad mediante sentencia firme.

En entidades como Baja California Sur y Quintana Roo los datos son superiores al 60 por ciento, mientras que en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas los índices son menores al 30 por ciento. Esto es, se tiene perfectamente detectado el problema por entidades federativas, por lo que se puede tratar de solucionar la tendencia a utilizar la prisión preventiva en forma indiscriminada para reducir el porcentaje de procesados privados de su libertad.

El gobierno federal dice que están haciendo esfuerzos para modernizar las instalaciones penitenciarias, realizar cambios sustanciales a las leyes, incluyendo la aportación de los famosos juicios orales, capacitando y preparando al personal de custodia, por ejemplo, para ofrecer un mejor sistema de justicia en todos los ámbitos. Sin embargo, nada cambiará mientras persistan en el sistema la corrupción e impunidad.