Impunidad, censura, espionaje: pendientes en México

Periodistas asesinados, intimidados o censurados, un gobierno que espía a sus ciudadanos, discrecionalidad en la publicidad gubernamental, instituciones y leyes creadas pero que no transforman la realidad y más bien perpetúan la impunidad. El sexenio de Enrique Peña Nieto dejará muchos pendientes en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

• El país atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos, de manera extendida, aunque a menudo los hechos de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas.
• Esto se desprende del Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y del Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su misión a México, Edison Lanza.

El nivel de impunidad

• Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 periodistas han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinatos. Tan solo el año pasado, se registraron al menos 12 homicidios de periodistas y en lo que va de 2018 han asesinado a seis.
• Pese a que México ha establecido leyes e instituciones a nivel federal y estatal abocadas a la protección de los periodistas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la impunidad se ha vuelto la norma.
• «La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos datos sugieren que al menos el 99.6 % de estos delitos aún no han sido esclarecidos. Es inadmisible que el gobierno mexicano siga sin investigar exhaustivamente y juzgar a los responsables», se desprende del informe presentado este 19 de junio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

Durante el posicionamiento de una docena de organizaciones de la sociedad civil sobre el informe de la ONU y la CIDH, Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, dijo que les preocupa la respuesta del gobierno federal frente al informe.

Mario Cardoso, de la organización Propuesta Cívica, coincidió con la crítica al gobierno federal: «Hay avances diminutos ante la ola de violencia. Pareciera que la impunidad no se ha disuelto, sino que se ha institucionalizado». Los datos de la FEADLE dan cuenta de ello: en ocho años de creación, solo ha conseguido cuatro sentencias condenatorias de un margen de 806 averiguaciones previas, es decir, una eficacia del 0.4%.

Mujeres e indígenas

En el caso de las mujeres y las personas indígenas, la situación es aún peor. De acuerdo con datos de Lucía Lagunes de Cimac Noticias, «las mujeres periodistas enfrentan el 100% de impunidad en los casos de violencia».

El informe, realizado con más de 250 entrevistas a autoridades, periodistas, representantes de la sociedad civil y víctimas y familiares de víctimas, refiere que en el caso de las mujeres periodistas, varias informaron sufrir acoso mientras realizaban algún reportaje, a menudo ejercido por autoridades públicas y, a veces, agresiones físicas por policías o miembros de las fuerzas de seguridad.

En el caso de los periodistas comunitarios y de poblaciones indígenas, el informe señala que a menudo son «blanco de hostigamiento y estigmatización por parte de funcionarios públicos y enfrentan condiciones especialmente arduas debido a trabajar en zonas remotas, con escasos recursos y equipos precarios».

• «Suelen hallarse en regiones con presencia de industrias extractivas, donde existen amenazas y restricciones adicionales impuestas por actores no estatales, a veces en colaboración con autoridades locales», explicaron los relatores para la libertad de expresión.

Entre los pendientes que tiene el Estado mexicano está: una mejor coordinación en los niveles de gobierno, dotar de recursos materiales y humanos suficientes a la FEADLE, establecer responsabilidades y obligaciones a los funcionarios de la Fiscalía, implementar la perspectiva de género e indígena en las investigaciones, proporcionar apoyo psicológico integral a los periodistas desplazados y sus familias, así como impulsar estrategias que faciliten el regreso de los periodistas en las condiciones de seguridad necesarias.

#GobiernoEspía

Cuando el gobierno es juez y parte difícilmente habrá una investigación exhaustiva, y eso es lo que ha sucedido en el caso de Gobierno Espía, como se le llama al escándalo que se generó cuando se dio a conocer que el gobierno mexicano compró y usó el software Pegasus para espiar a una veintena de periodistas, defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil.

A los Relatores Especiales les preocupa que la FEADLE carezca de la independencia necesaria para investigar esta cuestión. «Toda investigación debe ser independiente del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa espía e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso, potencialmente, de países extranjeros. Dicha medida demostraría que se comprenden los principios de debido proceso y Estado de derecho.

• Danya Centeno, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, expresó su preocupación por que a un año exacto de que se presentó la denuncia por 100 intentos de vigilancia con este malware, el gobierno dijo que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas.
• «Externamos nuestra preocupación por la respuesta que ha presentado el Estado, de que han desarrollado un plan de investigación ministerial, sin embargo, en el expediente no queda claro cuál es ese plan de investigación», apuntó.
• Para Danya Centeno es preocupante que el gobierno aseguró que ha formado un grupo de apoyo técnico con organismos internacionales como el FBI, pese a que la agencia estadounidense anunció que no participarán porque no hay garantías de que sea una investigación independiente.

‘Ley Chayote’

El 1 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto con el que expidió la Ley de Publicidad Oficial, conocida como #LeyChayote, pese a los llamados por parte de organizaciones civiles de no promulgarla ya que no modifica las malas prácticas en publicidad oficial.

Los relatores consideran que la legislación no cumple con los principios básicos ni con las recomendaciones de organismos internacionales o expertos en derechos humanos. «En particular, la ley no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades», explican en el informe.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, coincide con el diagnóstico de la ONU y la CIDH sobre el uso de la publicidad oficial para cooptar la independencia de los medios. «Llama la atención que siendo uno de los temas más álgidos en lo que va del año, esto no haya sido parte de la respuesta del Estado», dijo.

Falta de consecuencias

En vista de los pocos resultados por parte de la administración de Peña Nieto, el relator David Kaye fue cuestionado sobre qué más pueden hacer para incentivar la actuación del gobierno mexicano y que atienda las múltiples fallas en libertad de expresión.

Desde Ginebra, el relator de Naciones Unidas reconoció a través de una videollamada que no hay una consecuencia formal a su informe, ya que no hay un mecanismo para cualquier gobierno que no atienda las recomendaciones, pero ellos creen en el diálogo y en amplificar las voces de periodistas, víctimas y sociedad civil y traducirlos en un lenguaje de derecho internacional y derechos humanos.

Los candidatos presidenciales

El gobierno de Peña Nieto se va, pero el que llegue no parece muy dispuesto a atender el tema, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil presentes, quienes coincidieron en la falta de interés y de compromisos que los candidatos a la presidencia de la República han mostrado en las campañas electorales sobre el tema de libertad de expresión.

• De acuerdo con el recuento #MéxicoSinMiedo de la organización Amnistía Internacional, los candidatos presidenciales han dedicado menos del 3% de sus tuits en el tema de derechos humanos. En el caso de libertad de expresión, Jaime Rodríguez Calderón (independiente) y José Antonio Meade (Todos por México) han tuiteado cinco veces sobre el tema; Ricardo Anaya (Por México al Frente), dos; y Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia), ninguna.
• Pese a todo, las organizaciones esperan trabajar con la administración entrante. «Lanzamos una petición concreta para que una vez definida la elección se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en transición para diseñar un plan encaminado a atender las recomendaciones de los relatores para la libertad de expresión».
• Por su parte, el relator David Kaye dijo que no está dentro de sus responsabilidades reunirse con los candidatos y que no buscan interferir en el actual proceso electoral, pero que después de la elección también le gustaría convocar al nuevo gobierno para pedirles que atiendan sus recomendaciones en la materia, uno de los grandes pendientes que deja Enrique Peña Nieto./ CON INFORMACIÓN DE THE HUFFINGTON POST