Seguridad: La Agenda Política inminente de los Presidenciales

Quién gane la elección debe implementar medidas urgentes

México está necesitado más que nunca de una mejora en materia de seguridad. Un hecho que ha provocado que las propuestas que forman parte del plan de gobierno de los candidatos para resolver este problema cobren especial importancia.

• Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tienen registro. Lo que deja en evidencia que la estrategia implementada por el gobierno actual para tratar de revertir lo que inició Felipe Calderón en 2006 con la guerra contra el narcotráfico ha fracasado.

Independientemente del candidato que gane las elecciones el próximo 1 de julio y de las propuestas que hayan hecho a lo largo de las campañas en materia de seguridad o del partido al que pertenezca, hay una serie de acciones urgentes que se deben implementar para revertir esta crisis por la que atraviesa el país.

Entre los temas que se deben tratar con urgencia y que además varios de los candidatos comparten, se encuentra la separación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

• Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tienen registro

• En este sentido, la experta en seguridad Ana María Slack, comentó en entrevista para Reporte Indigo que el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública es fundamental, al igual que la creación de un mecanismo que permita coordinar los trabajos de las distintas dependencias encargadas de la seguridad del país.

• “El problema de tener a la SSP adherida a la Segob es que los incentivos y las decisiones que tiene que tomar cada una de estas dependencias deben tener ópticas diferentes.

La Segob es un brazo político, es un brazo negociador, entonces al adherirle la Secretaría de Seguridad Pública, siempre va a existir ese cuestionamiento de si se está usando a las policías por razones políticas o para el bien común. Además es necesario que esto se lleve a cabo para que también se pueda garantizar la independencia de los recursos de cada secretaria. Por ello, la separación tiene mucho sentido”, aseguró.

La profesionalización de las policías en los tres órdenes de gobierno para poder retirar de las labores de seguridad pública a las fuerzas armadas es otra de las necesidades que no pueden demorarse más.

• “Si queremos que el Ejército, el cual no están capacitado para atender las necesidades de la ciudadanía en cuanto a su seguridad sea sustituido en sus labores por las policías debemos empezar por entrenarlos para que puedan cumplir con la función que legalmente les corresponde y la cual no han podido llevar a cabo” aseguró Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Para lograr esto, hay otras áreas en donde también se debe poner especial atención. Tal es el caso de la repartición de recursos.

• “Hoy en día hay millones de pesos que llegan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y que no se sabe a qué se destinan, los montos que se otorgan ni bajo qué condiciones se entregan, es decir, no hay un proceso de rendición de cuentas real.

• Por eso vemos partidas que se distribuyen desde el Congreso, como el caso del Ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas” explicó el abogado y especialista en políticas públicas de la FES Acatlán José Antonio Álvarez León.

En el caso del nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual también ha sido fuertemente criticado por no ayudar a disminuir los índices de delincuencia del país, Julio Sancliment, abogado constitucionalista, dijo que la intención de la implementación de este sistema nunca estuvo dirigido a disminuir la inseguridad, sino a poner ante todo los derechos humanos de las personas.

“Para hablar del nuevo sistema penal hay que entender el espíritu de esta reforma constitucional que trajo el proceso acusatorio, es decir, las ideas que subyacen a esto provienen de esta corriente de protección a los derechos humanos de las personas.

Entonces el Sistema Penal Acusatorio no se instauró para bajar los índices de criminalidad ni para bajar cifras de inseguridad, sino para que prevalezcan los derechos humanos, ya que en esencia es un proceso garantista, explicó el jurista, quien además dijo que le parece alarmante que los candidatos no tengan conciencia de esta situación cuando en el siglo XXI los derechos fundamentales tienen un papel preponderante.

La urgencia de la capacitación policial

La falta de entrenamiento y capacitación de las policías en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) ha provocado que las fuerzas armadas en muchas de las entidades de la República tengan que hacerse cargo de las labores de seguridad ciudadanas, una tarea para la que no están capacitados y que legalmente no les corresponde.

El correcto funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio y la posibilidad de sacar a los militares de las calles depende de que los policías sean capaces de atender las responsabilidades que su cargo les confiere

Esta realidad, que de fondo proviene de la mala gestión tanto de los gobernadores como de los presidentes municipales, también ha desatado una crisis de derechos humanos en el país además de impedir que la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio pueda funcionar correctamente.

Sin embargo, tanto a nivel estatal como federal hay un sinfín de retos que se deben superar antes de que se logre tener policías que puedan cumplir a cabalidad con las funciones que les corresponden.

Uno de los primeros obstáculos a superar es el de definir una estrategia clara tanto para el país en general como para cada uno de los estados y que además haya un compromiso por parte de los funcionarios públicos para darle continuidad al planteamiento que se decida implementar, ya que para llevar esto a cabo un sexenio no alcanza.

• “La transformación de los cuerpos policiales en un periodo de 6 años se antoja prácticamente imposible. Primero por el tema del dinero y segundo, por la manera en la que se plantean las políticas públicas y sus metas de acción y alcance”

• El problema más grande que veo es que el diagnóstico que actualmente se tiene es fallido porque estas metas y estas propuestas que actualmente están difundiendo los candidatos presidenciables se vienen manejando desde la reforma constitucional de 1995 y esencialmente se iniciaron con Fox.

Pero como el discurso ha cambiado, la parte del diagnóstico y del tratamiento también se ha modificado, entonces se ha perdido tiempo, dinero y recursos humanos” comenta el abogado y especialista en políticas públicas de la FES Acatlán, José Antonio Álvarez León.

• En cálculos del especialista, por las condiciones en las que se encuentran los cuerpos policiacos y por los niveles de corrupción e inseguridad del país, tomaría cerca de tres años nada más reordenar a los cuerpos policiales, hacer nuevos diagnósticos y generar nuevos mecanismos de capacitación.

• Mientras que los tres años restantes servirían para comenzar con los procesos para garantizar una aplicación efectiva y coordinada de los mismos”.

En materia de recursos y financiamiento, el experto señala que el problema no se debe a la falta de dinero, sino a la mala administración del mismo./ CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO