La llamada “Masacre de Acteal” ocurrió hace casi 10 años, el 22 de diciembre de 1997, cuando indígenas tzotziles fueron acribillados durante un servicio religioso por un presunto grupo paramilitar. El saldo fue de nueve hombres, 20 mujeres –siete de ellas embarazadas-- y 16 niños muertos. En ese entonces Julio César Ruiz Ferro era el gobernador del estado.
A casi una década de la matanza --cuyas causas fueron señaladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como un intento para desplazar la guerrilla insurgente, responsabilizando al gobierno del estado— 18 personas fueron condenadas por portación de armas de fuego.
Al respecto, el senador Manuel Velasco expresó que la sentencia radicada en la causa penal 223 hace incongruentes los hechos sin que se basaran en dictámenes profesionales, condenando a los detenidos. Lo que ocurrió, dijo, fue una ejecución, no un enfrentamiento religioso o étnico, como en su momento se quiso hacer creer.
Velasco solicitó a la Procuraduría General de la República se retomen las investigaciones del caso Acteal, para fincar responsabilidad penal a los responsables de la masacre.
En octubre de este año, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, integrada por 54 organizaciones civiles de 19 estados y el Distrito Federal, se pronunciaron para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con sede en los Estados Unidos— tome una decisión pronta para la admisibilidad del caso.
En ese sentido, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, instruyó al ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano a realizar “una investigación seria, objetiva y científica, pero sobre todo, sin prejuicios para obtener resultados tangibles”.
Rodríguez Lozano inició las reuniones con la Sociedad Civil “Las Abejas, organización a la que pertenecían los indígenas asesinados, para presentar un informe sobre el caso y llegar a la “verdad histórica” de la masacre.
El ministro designó una “Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en el poblado de Acteal”, encabezada por el fiscal Mariano Pérez López, quien será el enlace entre “Las Abejas”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Ministerio de Justicia de Chiapas.