CÁRTELES llegan a los más altos niveles del GOBIERNO MEXICANO

El cártel de Juárez fue el origen de los grupos y capos que más se han infiltrado en el gobierno mexicano desde los años 90: Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leyva. Oficialmente, en 1997 se descubrió por primera vez que el narcotráfico había llegado a los más altos niveles del gobierno con el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien colaboraba con Amado Carrillo Fuentes.

• En 2005, Vicente Fox Quesada reconoció: El poder del narcotráfico llegó hasta nivel de la Presidencia de la República.
• Desde entonces a la fecha, las referencias a casos de penetración y corrupción gubernamental involucran especialmente a células que han sido o fueron dirigidas por Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y la organización Beltrán Leyva.

En este último caso, Juan Francisco Patrón, El H-2, un hombre que colaboró con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, fue quien presuntamente sobornó al ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos Zepeda, el militar de mayor rango que ha sido acusado de narcotráfico y lavado de dinero, detenido el pasado jueves en Estados Unidos.

Historia del cártel Beltrán Leyva

Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, trabajó como escolta de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del cártel de Juárez hasta 1997 cuando falleció tras una cirugía estética. También conocido como El Licenciado o El Botas Blancas, Arturo Beltrán siguió trabajando bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada.

En 1997, Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo, presuntamente visitó al jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda, para señalarle su preocupación por los operativos contra la organización delictiva.

En 2001, luego de que se evadiera por primera ocasión Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se unió al cártel de Sinaloa al igual que El Mayo Zambada. Los Beltrán Leyva se convirtieron en el brazo armado y principales operadores del capo sinaloense.

Sin embargo, en enero de 2008 se rompió la alianza de los hermanos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor con Guzmán Loera, debido a que por una presunta traición de Guzmán fue detenido Alfredo, El Mochomo.

Para ese entonces, los Beltrán ya habían penetrado en el gobierno federal y durante la administración de Vicente Fox, el entonces mandatario reconoció: El poder del narcotráfico llegó hasta nivel de la Presidencia de la República. Ésa fue la primera ocasión en que un presunto miembro de la organización dirigida entonces por Arturo Beltrán Leyva fue señalada de infiltrarse en las estructuras gubernamentales y sobornar a funcionarios a cambio de información y protección.

• El 3 de febrero de 2005 fue detenido Nahum Acosta Lugo, encargado de la Coordinación de Giras Presidenciales, presuntamente estaba vinculado con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y se llegó a mencionar que miembros de esa organización pagaban la renta de la vivienda que ocupaba el ex funcionario en la zona de la Herradura, en el estado de México. Acosta Lugo estuvo bajo arraigo durante 60 días y luego fue dejado en libertad por un juez al considerar que no había elementos para procesarlo.

En 2008, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) interrogó a Mario Arturo Velarde Martínez como presunto integrante de una red de funcionarios, todos ellos cercanos a Genaro García Luna –entonces secretario de Seguridad Pública federal–, que brindaba protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva,

• Los casos de infiltración o coptación por parte de los Beltrán Leyva (grupo del cual ya formaba parte Juan Francisco Patrón, El H-2) alcanzaron a los principales operadores de García Luna (juzgados ahora en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero), como Édgar Millán Gómez, Igor Gómez Labastida y Luis Cárdenas Palomino (investigado en ese país por los mismos cargos que García Luna).

El 16 de noviembre de 2009 fue abatido en Cuernavaca Arturo Beltrán Leyva, y en meses posteriores fueron detenidos sus hermanos, lo cual permitió que Juan Francisco Patrón, El H-2, se convirtiera en líder de la organización y mantuviera, de acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos en contra del general Salvador Cienfuegos, la penetración criminal en las altas estructuras gubernamentales hasta la administración pasada.

El cártel de Sinaloa ordena proteger a López Obrador

Durante su gira por Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue protegido por el cártel de Sinaloa por orden de Joaquín Guzmán Loera, y el encuentro con su madre, no fue planeado, así lo dijo José Luis González Meza, abogado de El Chapo Guzmán.

• El litigante expresó que no hubo ningún pacto para que el Presidente y la madre de Joaquín Guzmán Loera se reunieran, puesto que tuvieron que esperarlo en uno de los retenes para que se comunicaran con él.

El abogado narró que tras enterarse de que el presidente vendría a Sinaloa, “trato de comunicarme con la familia, pero hubo problemas, entonces yo me voy para allá. Llego y me encuentro con la familia y les digo que va a venir el Presidente. Eran seis camionetas que lo acompañaban, finalmente el Presidente estuvo protegido por el gobierno federal, estatal y municipal».

Explica que en el camino, había dos retenes. “Él iba a llegar forzosamente a un lugar donde estaba todo preparado, nosotros nos enteramos. Me enteré que iba a estar a la 13:00, pero finalmente nosotros llegamos tarde a donde fue el acto de gobierno. Entonces nosotros llegamos tarde y nos metimos».

Refiere que uno de los retenes estaba se encontraba a 100 metros de Las Dunas, lugar donde vive la madre de Guzmán Loera, pero llegaron tarde y se dirigieron al segundo retén. «Va realiza su acto, no lo interrumpimos en su acto, él regresa y se para, ahí es donde empieza lo que todo el mundo conoce», explico.

González Meza informó que viajaron en dos camionetas, en una de ellas iba Consuelo Loera, el abogado, la hermana de El Chapo, así como otro familiar.

• El abogado señala que en su encuentro con el presidente, le entregó la carta a un funcionario del gobierno federal y comentó que estarían en ese lugar por si el Presidente no tenía inconveniente de que se parara.
• Por otra parte, señaló que El Chapo dio la orden de que no se le dañara al Presidente cuando fuera a Sinaloa.

«Él llego a la tierra de El Chapo. (La orden) fue eso, eso, no dañar al Presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el Presidente va a estar protegido», informó.

‘Culiacanazo’, la batalla que ganó el crimen organizado

Hace un año, comandos armados se apoderaron de las calles de Culiacán, Sinaloa; decenas de fotos y videos en redes sociales daban cuenta del temor e incertidumbre de la población local al respecto, sin embargo por la noche autoridades de seguridad explicaron que se trató de un operativo en contra del narcotráfico.

El 17 de octubre de 2019 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, explicó que los actos de violencia que se desataron en dicha ciudad fue por un enfrentamiento entre fuerzas federales y el Cártel de Sinaloa por la captura del Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durazo Montaño develó que lograron apresar al descendiente del narcotraficante, pero ante los niveles de violencia que se desataron en la ciudad, tuvieron que dejar en libertad a Ovidio.

La primera versión oficial fue que elementos federales realizaban un patrullaje de rutina cuando fueron “agredidos desde el interior de una vivienda”, lo cual desató un enfrentamiento donde fue localizado el hijo de “El Chapo”.

A pesar de ello, el 30 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con los titulares de la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional mostraron el “minuto a minuto” del operativo, donde reiterando que se tomó la mejor decisión para no poner en riesgo la vida de civiles.

“Estamos obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación”, reconoció Durazo días más tarde durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para explicar los actos del operativo.

Ante ello, autoridades federales aceptaron que se trató de un operativo planeado que no tuvo éxito.

La humillación

El culiacanazo, como se le conoce mediáticamente a este hecho, fue una humillación y derrota para el ejército y el gobierno federal, subrayó María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

“En la parte militar fue una estrategia mal planteada, de no haber tomado en cuenta que no podían entrar a culiacán sin haberlo planeado, utilizando la noche en lugar del día, así como inteligencia para evitar riesgos para civiles”, agregó.

• Criticó la actuación de López Obrador y su gabinete por haber manejado dos versiones y desmentido la inicial, donde dijeron que la detención se trató de una casualidad.
• Indicó que a un año del suceso no se ha recapturado a Ovidio Guzmán, además descalificó los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir al narcotráfico.

Morera Mitre aceptó que se ha avanzado en el congelamiento de algunas cuentas de estas organizaciones criminales, pero dijo que no se ha logrado una sentencia condenatoria firme en el país a grandes cabecillas de esta clase.

En ese sentido, ahondó que para combatir al narcotráfico se debería reflexionar sobre despenalizar las drogas en el país, puesto que hasta el momento continúa la corrupción en las instituciones, así como las muertes de civiles y de elementos de seguridad.

Indicó que también se deben fortalecer a las policías civiles, así como replantear una estrategia de seguridad, luego de que Durazo Montaño confirmó sus intenciones por participar en la candidatura por el estado de Sonora.

“La estrategia de Durazo en el Plan Sectorial de Seguridad Pública es un plan con posicionamientos ideológicos pero no es una estrategia con planes e indicadores para medir”, añadió la representante de Causa en Común.

• Indicó que no sería buena idea retirar a la Guardia Nacional de las calles, además que supuso que el presidente no cambiará de idea al respecto, por lo que dijo que dicho cuerpo debería ser un intermedio entre policías y militares para patrullar zonas rurales, mientras que en las áreas urbanas fueran fuerzas civiles.

Abundó que también se requiere de una estrategia de prevención del delito, más allá de los programas sociales con los que la administración federal busca evitar que se genere la violencia.

Reiteró que para este aspecto se necesitan planes especializados para saber qué tipo de violencia se quiere prevenir en una región en específico./Agencias-PUNTOporPUNTO