Acabar con la corrupción en un año. Con esa promesa Andrés Manuel López Obrador llegó hace dos años a la presidencia de México, un objetivo que se ha quedado en el discurso y que ha sido opacado con los casos que han alcanzado a su círculo cercano.
- Especialistas en la materia coinciden en que este combate a la corrupción no se ha visto en acciones concretas emprendidas desde Palacio Nacional.
Desde que López Obrador asumió la presidencia su plan de gobierno se ha resumido en una idea: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Su premisa parte de que si él es honesto, los demás integrantes de la administración pública lo serán.
- “El combate a la corrupción es importante en su discurso, no solo es con el que ganó la presidencia, también es parte de su popularidad”, plantea Francisco Parra, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
No obstante, esa campaña se ha visto manchada por situaciones irregulares que han alcanzado a personajes vinculados con López Obrador. En agosto pasado, por ejemplo, se difundió un video en el que, Pío López Obrador, su hermano, aparece recibiendo dinero de David León Romero, entonces colaborador del gobierno de Chiapas y hasta hace unos meses funcionario federal. Los recursos, supuestamente, fueron utilizados para apoyar a Morena en la campaña de 2015.
- Aunque López Obrador confirmó que el dinero fue para el partido que él fundó, negó que se tratara de un acto de corrupción, comparando el material con otras grabaciones difundidas días atrás en las que se involucró a políticos de oposición en la trama de corrupción de Odebrecht, por la cual está detenido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Estas últimas grabaciones fueron hasta difundidas en su conferencia de prensa matutina.
El presidente también llamó a una investigación en el caso de su hermano, la cual no ha arrojado hasta el momento que Pío López Obrador haya incurrido en una falta ante la ley, lo cual ha sido cuestionado por la oposición. Sobre ello los especialistas advierten la falta de congruencia entre el discurso y el actuar.
Para Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, casos como estos afectan la confianza ciudadana en las instituciones y el gobierno, por lo que hubiera sido buena señal de congruencia que las instituciones encargadas de la investigación hubieran rendido un informe más detallado.
“Estos videos muestran algo que ya sabemos y es que la corrupción política suele empezar con el financiamiento ilícito de campañas electorales”, comenta.
- Semanas después otro asunto llegó a la conferencia matutina del presidente. La organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el secretario particular del mandatario federal, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018.
Visiblemente incómodo, el presidente acusó que detrás de esa información, publicada por el diario El Universal, había una campaña en contra de su gobierno. “Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo”, sostuvo en esa ocasión
El politólogo y profesor de la UNAM, Rafael Morales, señala que es polémico que un gobierno que desde el inicio ofertó un combate frontal a la corrupción, ahora esté trabajando con sesgos.
“Parece que hubiera una claudicación en lo relativo a temas que son próximos al gobierno o cercanos al presidente de la República… La corrupción se tiene que castigar venga de donde venga, no tiene que haber un criterio personalista, personal o que sesgue políticas anticorrupción”, señala.
Escándalos dañan confianza
El manejo de los escándalos que se gestan dentro del gobierno federal puede repercutir negativamente en los planes del presidente, ya que pueden impactar en su imagen y en la aprobación ciudadana, indicadores que él suele mencionar constantemente.
- “Lo que tiene un peso es que suceda lo que sucedía en otras administraciones y que no pase nada, pese al escándalo, eso fue lo que pesó mucho en las elecciones pasadas”, advierte Fabiola Navarro Luna.
- Para el politólogo del ITAM, Francisco Parra, los actos de corrupción cometidos en otras administraciones le sirven al presidente López Obrador, pues como fueron tantos, él solo los señala y cuando toca a los suyos, el mandatario suelta: “que se les investigue”.
“Si castiga a su equipo, quedaría claro que hay unas manzanas podridas y eso sería problemático porque se le podría acabar el halo de no somos iguales”, agrega.
Parra comenta que para que realmente se investigue a sus colaboradores que han sido señalados por presuntos actos de corrupción, primero tendría que agotar el discurso de que en otros gobiernos eran corruptos, lo cual se ve aún lejano pues tiene “mucha tela de dónde cortar”.
Para Rafael Morales, hay evidencia de que el gobierno sí está combatiendo la corrupción, pero sería contradictorio que cuando aparecen casos que involucran a la actual administración, estos no sean tocados.
“Podría ser que al final de este sexenio veamos que la oferta anticorrupción se termine deslavando, hipotecando, por no dar una solución eficaz y contundente a estos casos de personajes cercanos”, refiere.
Necesario fortalecer instituciones
Para los expertos consultados, si el presidente realmente tiene un compromiso con la lucha anticorrupción debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Este compromiso con las acciones anticorrupción también tiene que ser un compromiso para que funcionen las normas y procedimientos con los que contamos como país. Hasta hoy siguen pendientes los nombramientos de los magistrados anticorrupción”, critica Fabiola Navarro.
Para Rafael Morales, parte de la lucha anticorrupción del gobierno se pierde en las conferencias matutinas. “Por un lado, las instituciones están tratando de dar resultados, pero estos terminan hipotecándose en las mañanas, porque en las conferencias sabotea estos avances”, menciona.
En dos años de 4T hay acusaciones pero ninguno con sentencia
Al menos una decena de personajes políticos de alto perfil tienen procesos abiertos por actos de corrupción, pero ninguno cuenta con sentencia.
Uno de los primeros en ser acusado y detenido fue el abogado Juan Collado, quien era el defensor del expresidente Enrique Peña Nieto y del exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, entre otros políticos.
Collado se encuentra preso desde el 10 de julio de 2019, se le sigue un proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
- El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano, fue detenida tras una audiencia en la Ciudad de México.
La encargada de implementar programas insignia del pasado sexenio como la Cruzada contra el Hambre y las acciones de reconstrucción tras los sismos de 2017, permanece en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público, delincuencia organizada y lavado de dinero, estas dos últimas acusaciones formalizadas cuando ya estaba en la cárcel.
- Hace unos días, la ex funcionaria anunció que se acogería al criterio de oportunidad, con lo cual, obtendría beneficios judiciales por aportar pruebas de personajes políticos de mayor rango involucrados en los delitos que se le imputan, en particular, por el caso de la Estafa Maestra, con cuyo esquema de desviaron al menos cinco mil millones de pesos.
- A través de sus abogados, Robles adelantó que tiene pruebas de que los recursos públicos desviados a través de la Estafa Maestra se utilizaron para fondear campañas políticas y señaló a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, como el promotor de esos hechos ilícitos.
Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedatu y Sedesol, es otro de los exfuncionarios que trabajaron con Robles y están implicados en la Estafa Maestra, por lo que cuenta con orden de aprehensión por lavado de dinero.
Mucho ruido…
Uno de los casos más mediáticos fue la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en España el pasado 12 de febrero de 2020 y extraditado el 16 de julio de este año.
Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, recibió como medida cautelar la portación de un brazalete electrónico, y además, se acogió al criterio de oportunidad, con el objetivo de obtener beneficios judiciales.
- Los casos por los que es juzgado el ex director de Pemex, son los de Odebrecht, donde se le acusa de recibir sobornos de la constructora brasileña, mismos que terminaron en la compra de propiedades y triangulaciones de recursos a diversos paraísos fiscales.
- El otro caso es Agronitrogenados, donde también se acusa a Lozoya de recibir sobornos a cambio de que Pemex comprará a Altos Hornos de México (AHMSA) una planta de fertilizantes en Veracruz, que fue pagada como nueva cuando se encontraba en estado de chatarra.
Para recibir beneficios judiciales, el exfuncionario petrolero presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde acusa que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto lo instruyeron “para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no solo del erario público, sino a través de la extorsión de personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño”.
Hasta ahora, ni Videgaray ni Peña Nieto cuentan con alguna orden de aprehensión o proceso abierto por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, el empresario Alonso Ancira, principal accionista de AHMSA y operador de la venta de Agronitrogenados, fue detenido en España y está a la espera de su extradición.
Sólo acusados
Existen otros exfuncionarios que tienen orden de aprehensión pero no han sido detenidos: Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit; César Duarte, exmandatario de Chihuahua; Eduardo León Trauwitz, ex encargado de la seguridad de Pemex y acusado de robo de combustible, así como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, principal implicado en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Balance de la SFP
Acciones reportadas por la Secretaría de la Función Pública entre 2019 y 2020:
- Mil 811 funcionarios sancionados por presuntos actos de corrupción.
- Se impusieron sanciones por 567.2 millones de pesos.
- Inhabilitación de dos ex secretarios: Rosario Robles y María Cristina Cepeda, así como Emilio Lozoya./Agencias-PUNTOporPUNTO
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