En 2017 salió a la luz una de las investigaciones periodísticas más ambiciosas de la historia reciente de México conocida como la Estafa Maestra, misma que ahora vuelve a la coyuntura nacional tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para abrir proceso a una de las presuntas implicadas: Rosario Robles.
La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal utilizó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.
- En el desvío habrían participado directamente 11 dependencias federales y la modalidad que se usó fue que pagaron a universidades para contratar supuestos servicios y estas, a cambio de una comisión de mil millones de pesos, entregaron ese dinero a empresas fantasmas e ilegales.
- Dos de las dependencias involucradas son: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el periodo a cargo de Rosario Robles; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con Alfredo del Mazo.
La SEP en el periodo de Emilio Chuayffet; Petróleos Mexicanos (Pemex), con Juan José Suárez y Felipe Calderón como presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya, así como el FOVISSSTE, en la administración de José Reyes Baeza Terrazas, entre otras.
- A través de solicitudes de información, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como Animal Político, se dieron a la tarea de documentar que las direcciones de las empresas supuestamente involucradas eran domicilios particulares, habitaban personas que habían sido engañadas para firmar documentos y hacerlos pasar por dueños de una empresa, así como sitios fantasma.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
- Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
- Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
- Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
- La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.
EL AVANCE
A dos años de presentar todo este compilado de maniobras ilegales y presuntos desvíos, la Auditoría Superior cuenta con 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia, en contra de la Sedesol y Sedatu, así como contra universidades públicas por su actividad irregular de 2014 y hasta 2019.
Sin embargo, el citatorio de Robles Berlanga, es el primero que se gira a un ex secretario de Estado para que se presente ante un juez a dar cuenta de lo ocurrido y las supuestas irregularidades encontradas. Mientras que otros funcionarios han librado los procesos en los últimos meses.
Robles encabezó la Sedesol cuando se entregaron dos mil 224 millones de pesos a universidades para hacer servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014, que no se cumplieron.
Cuando la funcionaria pasó a la Sedatu, el esquema se repitió con otras universidades, según en el ejercicio de 2016 que revisó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública.
LOS IMPLICADOS
El grueso de los contratos fue asignado por la Sedesol, Pemex y Banobras, aunque se comprobó también la participación de ocho dependencias más, teniendo al frente a funcionarios que podrían ser llamados igualmente a declarar:
- Secretaría de Agricultura- Enrique Martínez y Martínez
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos- Alfredo Llorente Martínez
- Registro Agrario Nacional- Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Gerardo Ruiz Esparza
- Secretaría de Economía- Ildefonso Guajardo
- SEP- Emilio Chuayffet
- FOVISSSTE- José Reyes Baeza Terrazas
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- Rosario Robles
Las universidades involucradas son:
- Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT)
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma del Carmen (Campeche)
- Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco)
- Universidad Juárez Autónoma (Tabasco)
- Politécnica del Golfo de México (Tabasco)
- Instituto Superior de Comalcalco (Tabasco)
- Universidad Tecnológica de Tabasco/ANIMAL POLITICO-PUNTOporPUNTO
Investigación completa en el Enlace:
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
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