La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas que tipificarán la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada.
A reserva de la aprobación del Ejecutivo, estas reformas buscan que tanto la facturación falsa como la defraudación fiscal sean considerados como delitos de prisión preventiva oficiosa.
¿Tú o tu empresa generan facturas? Esto es lo que debes saber sobre las reformas avaladas por los Diputados.
1. El dictamen aprobado por la Cámara baja adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
2. De acuerdo con la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, se impondrán sanciones de 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
En pocas palabras, el uso de facturas falsas estará sancionado con hasta 9 años de prisión.
3. La pena de prisión no solo será para las personas que usen las facturas falsas, sino para los que, por medio de un tercero, utilicen o expidan los comprobantes fiscales apócrifos.
4. Las penas antes de las reformas hoy aprobadas eran de entre 3 a 6 años de prisión, por lo que ahora el rango crece hasta en 3 años.
5. Otro de los puntos importantes del dictamen tiene que ver con las penas contra los sujetos que publiquen o permitan anuncios para la compra de facturas falsas.
Para ellos, las penas también serán de entre 2 a 9 años de cárcel.
5. La defraudación fiscal se considerará como delito para prisión preventiva oficiosa cuando supere en tres veces el monto de 2 millones 601 mil 410 pesos.
6. Los servidores públicos que realicen facturas falsas o defrauden fiscalmente serán separados de su cargo e inhabilitados de entre uno a 10 años.
7. Además, los funcionarios públicos podrán ser castigados con hasta 6 años de cárcel si cometen o participan en un delito fiscal.
8. Con las reformas, los ilícitos contra el fisco serán considerados como amenazas a la seguridad nacional.
IP alista amparos en tribunales contra ley de facturas falsas
Los miembros del sector privado rechazaron la ley contra factureras, aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, pues critican que la regulación podría procesar “a buenos empresarios” y considerarlos de manera injusta como parte de la delicuencia organizada. Por ello, ya alistan amparos ante instancias nacionales e internacionales.
Los líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusaron que los empresarios recibieron “atole con el dedo”, luego de que no se tomó en cuenta los cambios acordados en la iniciativa contra factureras, a pesar de que se reunieron previamente con legisladores y autoridades para analizar las ventajas y desventajas de la misma.
Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex consideró que con esta reforma los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados por ser parte de la delincuencia organizada. Además lamentó que pese a las mesas de diálogo, comunicados y participación en ejercicios de parlamento abierto, las propuestas del sector privado fueran ignoradas.
- “Consideramos que esto es el inicio de una nueva era de terrorismo fiscal y quizá, ante el esfuerzo que hicimos de trabajar, siguiendo un poco el principio que nos atienden pero no nos entienden, pudiéramos decir que finalmente fuimos presa de la que ahora será la bebida preferida de los mexicanos: el atole con el dedo”, sentenció Esquer.
- Por su parte, Luis Curiel, presidente de la comisión fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), dijo que es una lástima que en México, cuando se necesita seguridad juridica para hacer inversiones, los empresarios tengan que estar defendiendo sus derechos ante los tribunales en vez de estar encaminados hacia la inversión productiva.
Arturo Pueblita, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, argumentó que este tipo de reformas desalientan las inversiones en el país.
En tanto que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que no se hayan tomado en cuenta las opiniones que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que la reforma fiscal tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.
El organismo que dirige Carlos Salazar, detalló que especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, adviertieron de manera contundente y sustentada los efectos de dicha iniciativa; sin embargo, a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes.
Fallas en la comunicación
En días pasados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que hubo fallas en la forma de comunicar sobre las intenciones de las nuevas medidas fiscales planteadas en el Paquete Económico 2020, lo que ha generado incertidumbre entre los miembros de la iniciativa privada.
- “Nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero nos parece que pudimos haber hecho un mejor trabajo en cuanto a informar”, dijo en conferencia conjunta con el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín./EL FINANCIERO-PUNTOporPUNTO
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