Presumida como uno de los flagelos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió erradicar, la corrupción en México se castiga poco sobre todo en este sexenio y cada vez menos, ya sea por la vía administrativa o penal e incluso hay más personas recluidas por aborto que por corrupción.
- Hasta el 2021, se reportaban en prisión 313 personas por el delito de Aborto mientras que 37 personas estaban en prisión por peculado, 22 por enriquecimiento ilícito, 15 por ejercicio abusivo de funciones y una por tráfico de influencias.
Así lo advierte una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, donde se establece que el combate a la corrupción en el gobierno de López Obrador ha perdido tal eficacia que la recuperación de recursos ante irregularidades o anomalías detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se ha desplomado.
Entre 2009 y 2018, se recuperaron 137 mil 464 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022, los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador, sólo se han recuperado 6 mil 702 millones de pesos.
- La investigación “¿Cómo se castiga la corrupción en México?«, elaborada por César Alejandro Giles Navarro, advierte que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos por el resto del mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, pero su implementación para combatir este flagelo ha fracasado, sobre todo por recorte de presupuesto a los órganos de fiscalización por parte de la 4T e instituciones incompletas como la Función Pública o el INAI, integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
La aplicación de auditorías a la administración pública federal también se ha desplomado al 50% en el gobierno del presidente López Obrador. De poco más de 4 mil auditorías aplicadas en 2017, la cifra se redujo a 2,619 en 2018.
- En 2020, último año del que se tiene registro, se contabilizaron 2,209 auditorías, lo que representó una disminución de poco más del 50% respecto al número de inspecciones y verificaciones realizadas en los años 2016 y 2017, detalla.
- La promoción de responsabilidades sancionatorias por parte de la ASF, es decir, cuando los servidores públicos son denunciados por incumplir disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades también se cayó en un casi un 50% de eficacia.
De 2018 a 2019, el número de denuncias de la ASF bajó de 2,421 a 1,025 y, aunque en los siguientes dos años se tuvo un ligero repunte, no se han alcanzado los niveles de los años previos.
- Sentenciados: En cuanto a funcionarios públicos sentenciados, la cosa tampoco pinta bien.
Entre 2013 y 2021, los órganos jurisdiccionales federales dictaron sentencia a 1,516, personas por delitos de corrupción lo que representó el 14.8% de las causas penales por delitos en esta materia registrados en este mismo periodo. Entre 2019 y 2021, las sentencias por corrupción a nivel federal bajaron 91%
Entre 2013 y 2018, el número de personas sentenciadas descendió 50%, pasando de 222 a 111.
- De 2018 a 2019 se registró un aumento superior al 200%, alcanzando 342 sentencias, su punto más alto. Sin embargo, en el 2020 y 2021, el número de sentencias descendió a sus niveles más bajos, con 52 y 29 sentencias, respectivamente.
- Llama la atención que desde 2017 hasta la fecha, no se ha sentenciado a ninguna persona por el delito de tráfico de influencias, una de las conductas más reiteradas en el imaginario colectivo y más recurridas en el plano discursivo.
Tomando como base el año 2021, se observa que el número de personas en la cárcel por actos de corrupción es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba a más de 125 mil personas presas, el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
De hecho, al cierre de 2021, había más personas privadas de la libertad por el delito de aborto (313 personas), que todas las que se encontraban recluidas en su conjunto por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias (75 personas) 15.
- Recortes: Uno de las medidas implementadas en este sexenio que ha impactado directamente en la revisión y sanción de actos de corrupción es el recorte a los órganos encargados de esa materia como la ASF a la que se le ha reducido su presupuesto hasta en un 40% respecto del 2013, año de inicio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Entre 2013 y 2023, el presupuesto de la SFP se ha recortado de manera significativa: Entre 2013 y 2016, el presupuesto ejercido por la SFP creció un 65%, alcanzando su máximo en el 2016, con poco más de 2 mil 300 mdp.
- Al año siguiente, en 2017, el presupuesto ejercido por la SFP disminuyó 66% y en el 2018 registró un repunte para llegar a 1,824 mdp. En este sexenio del presidente López Obrador, la SFP ha ejercido presupuestos por montos de entre 1,400 y 1,600 mdp.
En términos reales, (descontando la inflación acumulada durante el periodo 2013-2022)13, el presupuesto destinado para la SFP en 2023 es 40% menor al que ejerció la dependencia diez años atrás en el 2013.
- Se desploman sanciones a funcionarios corruptos: El número de sanciones aplicadas a los servidores públicos federales por la comisión de faltas administrativas entre 2016 y 2020 y, en especial, las destituciones por actos de corrupción se redujeron alrededor del 30%.
En el 2016, se suspendió del cargo a 2,743 y se destituyó a 439 empleados. Para el 2020, último año del que se tiene registro, se reportaron 390 suspensiones del cargo, y se destituyó a 125 funcionarios públicos por actos de corrupción.
López Obrador tiene un marcado divorcio con la lucha anticorrupción
A pesar de que uno de los “objetivos superiores” de la actual administración es combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un marcado divorcio con la lucha anticorrupción, el cual pone en riesgo los avances logrados en los últimos años, indicaron especialistas.
“El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción”, indica el sitio web del organismo, no actualizado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues aún mantiene la imagen institucional de ese sexenio.
- En 2015, la promulgación de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción se presentó como “un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción”. Sin embargo, el presidente López Obrador considera que fue “una pantalla” para simular el combate a la misma.
“Nosotros sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años, siglos, la corrupción, y la Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar con la corrupción”, comentó López Obrador el pasado 25 de enero.
“Le quiero decir con toda franqueza que ese sistema se creó en plena corrupción, para simular que se iba a combatir la corrupción. ¿Sirvió para eso? No, no ha servido, y nos cuesta mil millones de pesos al año”, añadió.
Necesario, mayor apoyo a SNA por parte de López Obrador
A siete años de la publicación de reformas en combate a la corrupción en México, expertos advirtieron que existe falta de apoyo y voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas autoridades para impulsarlas; además, señalaron que faltan adecuaciones en leyes y mejorar la profesionalización de servidores públicos que trabajan en áreas anticorrupción.
- Marco Antonio Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que durante el sexenio actual se ha tenido una erosión de las “precarias instituciones” que existen en el país para el combate a la corrupción.
- El especialista cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente como unificar diversas áreas en instituciones con el fin de generar ahorros y que, consideró, han afectado el combate a la corrupción.
- Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que al jefe del Ejecutivo federal no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque opina que éste viene de acuerdos de cúpulas entre las fuerzas políticas que gobernaban el país antes de su llegada.
“Eso menosprecia, por completo, el esfuerzo ciudadano que se hizo, entre 2015 y 2017, para hacer una reforma constitucional del tamaño que se hizo para la creación del SNA”, opinó el especialista.
A siete años de la publicación de reformas en combate a la corrupción en México, expertos advirtieron que existe falta de apoyo y voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas autoridades para impulsarlas; además, señalaron que faltan adecuaciones en leyes y mejorar la profesionalización de servidores públicos que trabajan en áreas anticorrupción.
- Marco Antonio Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que durante el sexenio actual se ha tenido una erosión de las “precarias instituciones” que existen en el país para el combate a la corrupción.
- El especialista cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente como unificar diversas áreas en instituciones con el fin de generar ahorros y que, consideró, han afectado el combate a la corrupción.
- Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que al jefe del Ejecutivo federal no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque opina que éste viene de acuerdos de cúpulas entre las fuerzas políticas que gobernaban el país antes de su llegada.
“Eso menosprecia, por completo, el esfuerzo ciudadano que se hizo, entre 2015 y 2017, para hacer una reforma constitucional del tamaño que se hizo para la creación del SNA”, opinó el especialista.
- También, indicó que el SNA requiere de apoyo político porque, durante el tramo final de Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio de López Obrador no ha existido.
- Recordó que incluso se filtró una iniciativa de reforma que buscaba eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA, que es el órgano operativo del mismo sistema.
No hay ninguna discusión sobre qué deberíamos hacer (en el SNA) y eso se debe a que no hay apoyo político; a que no hay un respaldo a las decisiones que este organismo va a tomar”, dijo.
Señaló que, sin el respaldo político, por muy bien que la Secretaría Ejecutiva o el Comité de Participación Ciudadana del Sistema haga su trabajo, no habrá repercusiones en el sistema político, no se podrá investigar en la Fiscalía Anticorrupción, no se habilitarán las contralorías de la Función Pública. Esencialmente, sin apoyo, no se puede “alimentar” el proceso anticorrupción.
- Armonización de leyes: Ricardo Alvarado expuso que hay 16 leyes a nivel federal, en materia anticorrupción, que requieren de ajustes legales para poder cuadrar a la perfección con las facultades previstas en las primeras leyes secundarias para el Comité Coordinador pero que, hasta el momento, no se ha realizado ninguna.
Alvarado Andalón reprochó que, a lo largo de estos cuatro años de mandato, el Ejecutivo ha concentrado las funciones anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública.
Mientras que, Marco Fernández indicó que las medidas para prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción siguen siendo endebles pues el servicio nacional de carrera es precario; además, de que el presidente de la República ha reiterado, en distintas ocasiones, que no cree en la profesionalización del servicio público.
- Pendientes del combate al flagelo: Faltan armonizar 16 leyes a nivel federal en materia anticorrupción.
Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León no cuentan con una propuesta final, en la actualidad, de Políticas Estatales Anticorrupción.
Baja California, Chihuahua y Morelos están aún en la recta final para avalar su Política Estatal Anticorrupción, a la espera de retroalimentación de la Secretaría Ejecutiva del SNA.
Hasta el 15 de diciembre, 10 estados con políticas anticohecho aún no tenían un programa de implementación.
En los primeros años no se percibió avances en combate a la corrupción
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un discurso constante sobre la corrupción, al asegurar que ese es el principal problema para el país. “Barrer las escaleras de arriba para abajo”, ha ofrecido. No obstante, los datos no muestran un avance significativo.
- Dante Preisser, experto en políticas anticorrupción, señaló que «no sorprende» el estancamiento, cuando hay un abandono sistemático al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a cualquier política «seria en la materia».
- La organización Transparencia Mexicana, encargada del capítulo México, señala que el control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018.
“La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Expresidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal», expuso.
Abundó que tampoco hay una recuperación de los activos desviados en estos y otros casos de gran corrupción, y la reparación del daño a las víctimas es «prácticamente inexistente”.
María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Estrategia Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que los ciudadanos seguimos siendo víctimas de la corrupción a nivel micro y en cómo la ciudadanía experimenta cotidianamente con ella.
“Nosotros seguimos yendo a un Ministerio Público y nos siguen pidiendo mordida para presentar una denuncia, seguimos intentando ir a un hospital para que nos den una cama y nos van a poner en lista de espera a menos que demos 500 pesos, esa es la corrupción a la que los ciudadanos estamos expuestos y esa no ha cambiado”, comentó a Expansión Política en una entrevista pasada.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de julio a diciembre de 2021 se estima que 11.3% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de las cuales el 46.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades.
- Y aunque la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% en 2017 a 87% en 2019, la tasa de prevalencia de corrupción y la tasa de incidencia de estos actos aumentaron en el mismo periodo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.
El ejercicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 15,732 personas por cada 100,000 habitantes que tuvieron algún contacto con algún servidor público experimentaron algún acto de corrupción, cuando en 2017 la cifra fue de 14,635, mientras que los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes pasaron de 25,541 en el año 2017 a 30,456 en el año 2019; es decir 19.2% más.
- Aunado a que México cayó en un año del lugar 104 entre 128 países al 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho 2021 elaborado por la organización World Justice Project. La categoría en la que registró la calificación más baja fue en la de ausencia de corrupción, el cual analiza el uso del poder público para beneficios privados, en la que se colocó en el 135 mundial y el último lugar en América Latina.
“No hemos disminuido la experiencia en corrupción, a pesar de que hemos disminuido la percepción de corrupción, no veo esos resultados que el presidente imagina, esto se explica por la falta de una estrategia articulada, de integridad pública, parecería que el presidente le ha apostado a un discurso moralista, buen ejemplo, que hasta ahora se ha mostrado muy ineficaz en términos concretos de política pública”, señaló Fernando Nieto, investigador del Colegio de México./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
Cuaderno12_SancionesCorrupci%C3%B3n
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
