La historia de nuestro sistema electoral es basta así como compleja. Las reformas que se han registrado en los últimos veintinueve años (1990-2019) son seis: la de 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014; todas ellas se encaminaron a la consolidación de una mayor y mejor competencia, alentar la competitividad, asegurar la autonomía e independencia de los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones, así como generar equidad en los comicios. De igual manera se buscó que la alternancia y la pluralidad se instauraran en los distintos órganos y niveles de gobierno. Como muestra, desde el año 2000 se ha registrado tres alternancias en el ejecutivo federal, fenómeno que no había ocurrido setenta años atrás.
Las reformas que ocurrieron entre 1990 y 1996 definieron la tarea de organizar y calificar las elecciones como función de Estado, de la misma forma se limitó la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo federal en tal función; el número y carácter de los integrantes del Consejo General del IFE varió en distintos momentos, pasando por seis consejeros magistrados, seis consejeros ciudadanos, ocho consejeros electorales, para culminar con los once consejeros en funciones.
La última reforma electoral, la de 2014, se inscribió en el contexto del llamado “Pacto por México”, con ella culminó la etapa del Instituto Federal Electoral (IFE) y comenzó la del actual Instituto Nacional Electoral (INE); esta reforma mandató que los integrantes de los otrora 32 institutos electorales estatales fueran nombrados por el Consejo General del INE, convirtiéndose en funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), bajo el argumento de que los poderes públicos locales en turno tenían influencia sobre éstos, vulnerando su autonomía e independencia. Así, se realizó la renovación de estos órganos locales.
Este mes de junio inició la discusión sobre una nueva reforma electoral que sería la base legal de los comicios de 2021; existen distintas iniciativas que sugieren, entre otras cosas, la disminución del número de consejeros del INE así como la desaparición de los OPLEs. Por una parte, disminuir el número de consejeros implicaría renovar completamente la integración del Consejo General del INE, en virtud de que los actuales consejeros fueron nombrados de manera escalonada por nueve, seis y tres años, y dependerá también del número de consejeros que se defina para el nuevo Consejo. Por otra parte, desaparecer los OPLEs supone que éstos pueden formar parte de la estructura del órgano nacional, esto es, pueden ser absorbidos de forma centralizada, de otra manera significaría liquidar a funcionarios y trabajadores de los órganos locales, lo cual representaría un gasto significativo.
Las reformas que cimentaron nuestro sistema electoral consideraron opiniones diversas y plurales, en ellas se antepuso la calidad de la democracia ante la valoración económica de los costos monetarios, cierto es que los procesos electorales en México son onerosos comparados con otros, sin embargo las condiciones del país son particulares; ojalá en esta reforma prevalezca la sensatez en beneficio de la calidad de nuestra democracia.
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