Ahora que México aguarda su 4ta. Transformación, producto del descomunal triunfo electoral del candidato presidencial morenista, simpatizantes y malquerientes unen sus voces para preguntarse si el bono democrático servirá para hacer valer al legado juarista de que «los servidores públicos vivan en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley establece».
La razón obedece a que el país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento y pobreza extrema, que frenan el capital físico, social y humano de México, haciendo que la Nación, con grandes riquezas en su territorio, subsuelo y mares, con miles de jóvenes y maduros talentos, siga teniendo 53.4 millones de pobres.
Imposible entender que México sea la economía 14 del mundo en cuanto a tamaño, pero con el 48% de sus habitantes en la miseria, donde el salario mínimo equivale a una décima parte de lo que se paga en EU, Canadá y la mayoría de los países europeos, y 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres están condenados a morir en esta condición vulnerable.
En contraste, un puñado de mexicanos, menos del 10% de la población, poseen el 59% de la riqueza nacional, mientras que 23 millones no pueden comprar la simple canasta básica. Y si se compara la «élite burocrática», la desigualdad se vuelve criminal, ya que hay funcionarios públicos con las remuneraciones más elevadas entre los 34 países que integran la OCDE.
De acuerdo con estudios internacionales, de organismos autónomos y universidades, un empleado de alto nivel en México, de nivel subsecretario, percibe una remuneración equivalente a 13 veces el ingreso por habitante del país, ingreso que supera a burócratas de países como Suiza, Italia, Australia, Canadá, Reino Unido y Francia, donde les exigen resultados y honradez.
La ostentación se vuelve una afrenta, cuando un funcionario gana 4.65 millones anuales (casi 400 mil pesos al mes), como el presidente de la Suprema Corte (SCJN). El presidente Peña más de 3 millones al año, funcionarios del INE, Auditoría Superior (ASF) y secretarios de Estado, tienen estipendios superiores a los 2 millones de pesos anuales, más los consabidos bonos y megaprestaciones.
Si se compara esa milloniza con el “supersalario mínimo” de menos de 2 mil 700 pesos mensuales, se vuelve de lógica elemental que haya miles de mexicanos dispuestos a servir a la Patria, vía la nómina gubernamental, y es que estos muchachos ven en el Servicio Público, la vía de acceso para acumular riqueza de manera rápida y fácil, no como una vocación de ayudar a la Nación.
La fiebre por ser «servidores públicos» viene de sus ansias de ganar- ganar para saciar sus ambiciones personales y de grupo, que cada fin de año se acrecienta con el soez aguinaldazo y seguro de gastos médicos mayores, viáticos, comidas y el pago de su sequito de aduladores. En cambio, 13.5 millones de burócratas viven al día, sin esos pingües beneficios en el Presupuesto de Egresos.
Dicha orgia presupuestal también salpica a los mismos que aprueban el derroche, por ejemplo los 128 Senadores de la República se otorgaron una bolsa general por aguinaldo que ascendió a 29.9 millones de pesos; mientras que en San Lázaro, los 500 Diputados se repartieron 136 millones de pesos, así como no querer ser legislador federal y “sacrificarse por los mexicanos”.
El dispendio se da a todos los niveles del gobierno: federal, estatal y municipal, organismos centrales o desconcentrados, nadie se retrae de esta práctica ni aun siendo oposición. El colmo del cinismo es el neoliberal que dirige la OCDE, José Ángel Gurría quien obtuvo una pensión vitalicia a los 43 años, tras 11 meses de trabajar en Nacional Financiera, y ahora busca trabajar con AMLO.
La cereza del pastel son las altísimas pensiones y prestaciones de los exPresidentes de México que van desde un sueldo de Secretario de Estado (en promedio 220,000 pesos mensuales), más seguro de gastos médicos mayores, vales de gasolina, boletos de avión, además de personal militar y civil (unas 200 personas) a su servicio y disposición.
Privilegios que aun cuando proceden de un acto arbitrario, pues jamás existió decreto o ley que se las otorgara, sólo un simple acuerdo de escritorio; claro está, emanado del Poder Presidencial; desde 2002, el entonces senador tabasqueño Óscar Cantón Zetina propuso detener este dispendio, pero el bloque PRI, PAN y PRD se negó y mandó a la congeladora esta iniciativa de ley.
Ojalá que con base en su inobjetable legitimidad, el próximo Presidente de México acabe de una vez por todas con la insaciable sed de dinero público, que agravia a millones de compatriotas, ya que se tiene la esperanza, de que ahora sí reviente la burbuja donde se ha enquistado la «élite burocrática» que se ha servido de la Nación y la buena fe de los mexicanos y no al revés, como debiera ser… ¡Ya es tiempo!
Twitter: @Armando_Alcocer
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
