MÉXICO en los primeros lugares en POTENCIA MILITAR en Latinoamérica; AMLO empoderó a Fuerzas Armadas

Se ha publicado el Índice Mundial de Potencia Militar o Global Fire Power 2023. La clasificación GFP se basa en la capacidad potencial de guerra de cada nación en tierra, mar y aire por medios convencionales.

Los resultados incorporan valores relacionados con la mano de obra, el equipo, los recursos naturales, las finanzas y la geografía representados por más de 60 factores individuales utilizados en la formulación de las clasificaciones finalizadas de GFP, que brindan una visión interesante de un panorama global.

• La lista GFP utiliza más de 60 factores en nuestra fórmula interna para determinar la puntuación del índice de poder (‘PwrIndx’) de una nación determinada. Esto proporciona la clasificación final al mismo tiempo que permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas compitan con las más grandes y menos desarrolladas. Se agregan algunas bonificaciones y penalizaciones con lo que se trata de obtener una mirada imparcial a la potencial fuerza militar convencional de cada pais

En 2022, México ocupo el lugar 43. Para 2023, México ocupa el puesto No. 31 de 145 países considerados para la revisión anual de GFP. En Latinoamérica, México ocupa el tercer lugar solo debajo de Brasil y Argentina de un total de 19 países considerados.

• El índice realiza un seguimiento de los presupuestos anuales de gastos de defensa de cada participante en la clasificación GFP, que son fondos asignados por los gobiernos para cubrir varios aspectos de una fuerza de combate permanente como adquisición, mantenimiento/soporte entre otros, asignando a México un presupuesto anual de 6,456 millones de dólares, colocándolo como el presupuesto No. 32 a nivel mundial.

El índice señala que la flota aérea militar mexicana se compone de mas de 450 aeronaves, con una disponibilidad de más 300 aeronaves, siendo la parte más fuerte la de la flota de transporte, la flota de entrenamiento y los helicópteros, aunque, si hace hincapié en la debilidad de la flota de interceptores en ese rubro, México cae al lugar No. 92, ya que el índice considera aviones cazas o interceptores modernos equipados con potentes sistemas de radar avanzados acoplados a soluciones de misiles aire-aire. Ejemplos de tales tipos considerados por la clasificación GFP incluyen el estadounidense F-22 / F-15 / F-16 / F/A-18, el ruso Su-27/35 y Mikoyan MiG-29, el Eurofighter Typhoon, el francés Dassault Rafale y el sueco Saab Gripen.

• En el área terrestre México cuenta con una disponibilidad de más de 21 mil vehículos de distintos tipos, ya que se incluyen todo tipo de vehículos de primera línea, segunda línea y de apoyo o logísticos en el total, aunque en la clasificación de fuerza de tanques de combate se desploma al lugar No. 135 mundial, ya que este rubro rastrea los sistemas de combate blindados de primera línea como los diseños de orugas sobre ruedas se tienen en cuenta en todas las ramas de servicio (Ejército, Infantería de Marina).
• Los ejemplos de vehículos incluyen el ‘Leopard 2’ alemán y los tanques de batalla principales (MBT) T-90 rusos, así como sistemas de clase ligera como el tanque ligero ‘Stingray’ de Tailandia.
• La Fuerza Naval Mexicana está mucho mejor clasificada con más de 194 embarcaciones operativas y posiciona a México en el noveno lugar mundial por su flota de Fragatas y destructores, ya que cuenta con buque de superficie avanzado y multifunción, equipados con una variedad de equipos sensoriales y armamento para contrarrestar las amenazas desde el aire, en la superficie y debajo de la superficie. Debido a sus costos operativos y de adquisición bastante elevados, solo unas pocas armadas selectas operan embarcaciones de tipo destructor en un número útil.

El espionaje del ejército mexicano genera temores de un ‘Estado militar’

Las Fuerzas Armadas de México espiaron a un defensor de derechos humanos y a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes, según consta en documentos, lo que brinda pruebas claras del uso ilegal de herramientas de vigilancia contra civiles por parte del ejército.

• Durante años, el gobierno ha estado implicado en escándalos por el uso de spyware o un programa espía sofisticado en contra de una amplia gama de personas que se enfrentan a los líderes de México. Pero los expertos en vigilancia indican que esta es la primera vez que surgen pruebas documentales que comprueban de manera definitiva que el ejército mexicano espió a ciudadanos que intentaban dar a conocer sus fechorías.
• Documentos y entrevistas muestran cómo el espionaje que mancilló al gobierno anterior ha continuado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que su gestión no llevaría a cabo este tipo de vigilancia, que calificó de “ilegal” e “inmoral”.

Las fuerzas armadas de México, indican los juristas, no cuentan con autorización para espiar a civiles, pero el ejército, que en el mandato de López Obrador se ha vuelto aún más poderoso, desde hace mucho tiempo ha hecho uso de tecnología de espionaje.

• En un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2020, descubierto el año pasado y revisado por The New York Times, oficiales militares describieron detalles de conversaciones privadas entre un defensor de derechos humanos y tres periodistas que discutían denuncias de que apenas semanas antes unos soldados habían ejecutado a tres civiles desarmados en una confrontación con un cártel.

El informe aseguraba que el defensor, Raymundo Ramos, intentaba “desprestigiar a las fuerzas armadas” al discutir con reporteros denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército.

Recomendaba que el ejército recopilara información de sus conversaciones privadas pero que no la incluyera en las carpetas oficiales del caso, tal vez en un intento de mantener en secreto sus actividades de espionaje.

• Exámenes forenses muestran que el celular de Ramos había sido infectado en varias ocasiones por Pegasus —un programa espía extremadamente potente— alrededor del momento en que el ejército produjo el informe sobre sus conversaciones, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto.
• A pesar de las afirmaciones del Presidente, la Secretaría de la Defensa de México estaba utilizando activamente Pegasus en 2020, cuando el teléfono de Ramos fue hackeado, según tres personas con conocimiento de las licencias de exportación requeridas para vender esta ciberarma fuera de Israel, país donde se fabrica.

Pegasus es capaz de extraer grandes cantidades de información de un dispositivo digital sin ninguna alerta previa: textos, llamadas telefónicas, contactos, imágenes, incluso su ubicación.

• “Estás hablando de un ejército de personas con acceso a vigilancia, a tu información personal, a tus movimientos, a tus amistades, a todo”, dijo Ramos en una entrevista. “Ellos saben en todo momento en dónde estoy”.
• López Obrador, quien asumió la presidencia en 2018, prometió que nunca espiaría a sus opositores.
• Las nuevas pruebas de espionaje militar sugieren que López Obrador, como comandante jefe de las fuerzas armadas, o bien tenía conocimiento de la vigilancia y la toleró, dijeron los expertos, o que sus propios subordinados lo desobedecieron.

“Los dos escenarios son terribles, pero por la evidencia que tenemos, todo apunta a que el ejército espía por iniciativa propia y para sus propios intereses”, dijo Catalina Pérez Correa, experta en asuntos del ejército en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.

“Tomando en cuenta el enorme poder económico que tienen y todas las funciones estatales que controlan”, comentó Pérez Correa, “podría decirse que en México existen las bases para un Estado militar”.

Con López Obrador, el ejército ha tomado más responsabilidades de vigilancia policial, así como control de los puertos del país, las aduanas, la construcción de parte de una línea ferroviaria de más de mil 400 kilómetros e incluso la distribución de medicamentos. La cantidad de efectivos desplegados en todo el país está en su punto más elevado de la historia reciente.

La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió a los pedidos de hacer comentarios, pero ha indicado que su recolección de información está enfocada en el combate al crimen organizado y ha reconocido el uso de Pegasus solo entre 2011 y 2013.

El fabricante israelí de Pegasus, NSO Group, comentó que no podía confirmar quiénes son sus clientes debido a acuerdos de confidencialidad.

“La empresa no opera la tecnología ni sabe a quién investigan sus clientes”, indicó NSO Group en un comunicado por escrito y añadió que la empresa “investiga cualquier denuncia creíble de mal uso de su tecnología”.

• En 2021, el gobierno de Joe Biden incluyó a NSO Group en una lista negra, aludiendo al uso del software de espionaje de la empresa por parte de gobiernos contra activistas y periodistas.
• En octubre, los medios de comunicación mexicanos informaron que el ejército había comprado el programa espía durante el gobierno actual. En ese momento, López Obrador declaró que el ejército estaba realizando “labores de inteligencia, no de espionaje”.
• Lo que desencadenó el espionaje hacia Ramos fue una persecución en la violenta ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con EE. UU., una noche de julio de 2020. Los soldados que perseguían a varias camionetas al final mataron a una decena de pasajeros que los militares indicaron habían sido parte de un grupo delictivo local.
• En los días y semanas que siguieron, dijo Ramos, él habló con los padres de tres de las víctimas, que le dijeron que sus hijos habían muerto a pesar de ser inocentes. Iban dentro de las camionetas, dijeron los padres, pero habían estado secuestrados por el cártel.
• Ramos empezó a difundir las denuncias y poco después un periódico local publicó imágenes de cámaras corporales de la confrontación que resultaban comprometedoras. En el video se veía a los efectivos rociando con balas una de las camionetas a pesar de que nadie les disparaba a ellos, y luego ordenando la ejecución de un sobreviviente del ataque.

“¡Está vivo!”, grita en el video un oficial. “¡Mátalo!”, responde otro, con una obscenidad.

Fue entonces que el teléfono de Ramos fue atacado por Pegasus. El malware o programa malicioso infectó su teléfono en cinco ocasiones en los días anteriores y posteriores al envío por correo electrónico del reporte del ejército, según Citizen Lab.

• Ramos le dijo al Times que todos los intercambios interceptados eran de mensajes de texto y una llamada realizada en Telegram, una aplicación encriptada. El informe de inteligencia del ejército decía que Ramos tenía “vínculos” con un cártel mexicano y se beneficiaría económicamente de desacreditar a las fuerzas armadas.
• Según la ley mexicana, el ejército no parece tener autorización de interceptar mensajes privados, indicaron juristas. Pero incluso si tuviera esa facultad, requeriría de la autorización de un juez federal para hacerlo, algo que el ejército ha indicado en revelaciones públicas obligatorias que no ha hecho ni una sola vez en años recientes.

En una investigación penal que derivó del caso de Ramos, el Poder Judicial federal confirmó que no habían existido peticiones de interceptar sus comunicaciones, según tres personas con conocimiento del caso que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.

Se trata de uno de los avances más significativos en materia de investigación del empleo de un programa espía, indicaron los investigadores digitales.

“Nunca he visto nada así”, dijo John Scott-Railton, investigador sénior en Citizen Lab. “Por primera vez nos muestra cómo los operadores tomaron la vida digital privada de este hombre, la echaron en la mesa y luego intentaron elegir las partes que fueran más dañinas para él”.

• El informe del ejército se dio a conocer el martes en tres medios de comunicación mexicanos que colaboran con grupos de derechos digitales locales.
• El documento, enviado por correo electrónico el 2 de septiembre de 2020, deja entrever que las personas más poderosas en el ejército estaban involucradas en el espionaje.
• Parece estar creado por el segundo oficial de más alto rango en el ejército y al parecer está dirigido a su superior, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Ese mismo día, Sandoval tenía una reunión con oficiales de alto rango así como con el director de la agencia militar a cargo de investigar las muertes, según muestra una copia de su calendario obtenida de los archivos hackeados.

“El ejército no estaba usando Pegasus para combatir la delincuencia”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales de México que ayudó a descubrir el reporte. “El ejército estaba espiando civiles para protegerse”.

• El informe indica que el espionaje se llevó a cabo por una rama sigilosa de las fuerzas armadas, el Centro Militar de Inteligencia.
• El propósito de la agencia, según dijo el ejército en 2021, es generar “productos de inteligencia” a partir “de la información obtenida en medios cerrados”.

Uno de los principales riesgos que enfrenta el centro, según otro documento, es “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este centro”. c. 2023 The New York Times Company

AMLO recurre a militares para cumplir su agenda

“El método de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) es torcer los brazos en cuartos traseros. Cuando eso falla, llama a los militares”, fue la crítica del consejo editorial del Wall Street Journal sobre el Presidente de México luego de que se confirmara la ocupación temporal de Ferrosur, tramo incautado a Grupo México, de Germán Larrea.

• La columna llamada AMLO dice que lo que es tuyo puede ser suyo en México critica que el mandatario mexicano “ignora la ley para expropiar bienes cuando conviene a sus intereses políticos”, esto debido a las determinaciones tomadas por el Gobierno Federal en los últimos años.
• El caso de Ferrosur, donde el gobierno tomó las vías de un tramo entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, Veracruz, es apenas una de las diferentes ocasiones en las que el mandatario ha ocupado del Ejército para cumplir sus objetivos, señaló el medio.

Recordó que la órden de ocupación temporal se dio un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalara como inconstitucional el acuerdo para “eximir a los grandes proyectos de infraestructura de las evaluaciones ambientales, las normas normales de permisos y las solicitudes de libertad de información”, para que posteriormente se decretara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las obras del Gobierno fueran de seguridad nacional en cuanto a construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración.

También señaló en marzo la toma de las instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo por militares “después de que las negociaciones con la empresa sobre su proyecto de tren maya no dieron lo que él quería”.

• Otro de los temas que acusó el Wall Street Journal acerca de la gestión de López Obrador es la violación de compromisos energéticos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, ya que, de acuerdo con la columna, el mandatario ha negociado caso por caso con el objetivo de “silenciar” a las personas con mayor influencia política en Washington y Ottawa.
• Finalmente, otro aspecto señalado por el diario es la forma en la que el mandatario denigra a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien ha tachado de corrupta tras la negativa de diversas iniciativas, además de que supuestamente está detrás de los envíos de “activistas de su partido Morena al edificio de la corte para hostigar y amenazar a los jueces”.

“AMLO está cumpliendo los peores temores de sus críticos”, señaló el diario.

Involucran a los militares en tareas que corresponden a más de 20 dependencias de gobierno

Con las reformas legales aprobadas en el Congreso de la Unión, las Fuerzas Armadas estarán involucradas en tareas que corresponden a más de 20 dependencias de gobierno de áreas como seguridad, salud, investigación, educación, comunicaciones, energía e hidrocarburos, entre otras.

• Esas labores son ajenas a la disciplina militar que la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, e implican más presupuesto, más poder y mayor control del Ejército y Marina sobre actividades estratégicas del país.
• Hasta 2022, las Fuerzas Armadas realizaban 246 tareas de dependencias civiles, según un estudio hecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De ellas, 138 eran actividades a nivel federal y 109 a nivel local, advierte el Inventario Nacional de lo Militarizado 2021.
• Con las nuevas reformas estas tareas se suman a las actividades no militares que realizan las Fuerzas Armadas, muchas de ellas asignadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, tales como la construcción de infraestructura pública.

En este rubro destacan obras prioritarias como el Aeropuerto Felipe Ángeles (y tres terminales aéreas más: Palenque, Chetumal y Tulum), que no sólo construyeron sino también operan y administran.

Además construyen el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los Bancos del Bienestar y los cuarteles de la Guardia Nacional.

• El Congreso también aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la autorización para que una paraestatal administre simultáneamente aeropuertos y aerolíneas.
• Y es que, en octubre de 2022, el Presidente anunció el lanzamiento de la línea aérea que recuperará el nombre de Mexicana de Aviación y estará bajo el mando de la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En materia de Seguridad, además del intento de absorber a la Guardia Nacional –pretensión que frenó la Suprema Corte–, el Ejército vigila y patrulla amplias regiones.

También opera y administra instalaciones estratégicas como puertos y aduanas, cuida las instalaciones de Pemex (refinerías y ductos) y se encarga del transporte y distribución de combustibles; además encabeza la estrategia migratoria.

En materia de educación, no sólo distribuye los libros de texto, los titulares del Ejército y la Marina participan en el Consejo de Ciencia y Tecnología.

• Y ahora, con la reforma que crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcti), sustituto del Conacyt, se incluye en la Junta de Gobierno de ese organismo, con voz y voto, a los titulares de Sedena y Marina.
• También se aprobaron cambios a diversas leyes que, entre otras cosas, contemplan nuevas facultades de la Sedena en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo.
• En materia de salud, el Ejército y Marina tuvieron participación destacada en la atención de la pandemia de covid-19, que incluyó manejo de las vacunas, campaña de vacunación y manejo de equipos médicos y reconstrucción de hospitales.

A estos se suman las labores en el programa Sembrando Vida, en la construcción y operación de los bancos del bienestar, entre otras.

Militarización en el país trae criminalidad

La militarización del país se confirmó con la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que traerá más violencia y violaciones a los derechos humanos sin controles civiles sobre su actuación.

• Así lo aseguraron expertos en la mesa “Asuntos críticos de la seguridad en México. Militarización, derechos humanos y compromisos internacionales”, en el Foro sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, campus Los Belenes.

El foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, también puso en el debate la militarización del país tras la reciente reforma que extendió la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028.

• El integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), doctor Dante Jaime Haro Reyes, destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones.

El foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, también puso en el debate la militarización del país tras la reciente reforma que extendió la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028.

• El integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), doctor Dante Jaime Haro Reyes, destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones.

“Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia”, precisó.

• El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Arturo Villarreal Palos, aseguró que la militarización está ligada con los abusos: desde los primeros presidentes del país, para luego dedicarse al combate al narco y después ocupar puestos públicos en fuerzas civiles de seguridad.

“Mientras más se profundiza la tarea de los militares más se profundizan las recomendaciones de derechos humanos, y más con los marinos, sin capacidades para lidiar con la sociedad civil”, declaró.

• La permanencia del cuerpo militarizado contradice la reforma de 2019 en la que se propuso la introducción de la Guardia Nacional para la capacitación de las policías y que luego regresaran los militares a los cuarteles; cosa que no ha sucedido.
• “Tampoco se cumplieron las directrices para que en tanto se desarrollara la infraestructura de las policías, disponer de la fuerza armada, lo que está en la Constitución, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, destacó.

Para contrarrestar la presencia dominante, los especialistas propusieron dotar de recursos financieros. La falta de financiamiento a las policías estatales y municipales se refleja en los recursos dotados a la Guardia Nacional, que ascienden a 63 mil millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el único fondo vigente para las policías, recibió 8 mil millones de pesos.

• Haro Reyes urgió a reflexionar sobre la implicación del Ejército en las calles, cuya composición en la Guardia es de 73 mil 800 elementos, sin atención a las policías. La gran deuda de la reforma policial es una deuda en la profesionalización de las policías, apuntó.
• Para el investigador de El Colegio de Jalisco, doctor Javier Hurtado González, lo de la Guardia Nacional se trató de una decisión unánime y sin contrapesos políticos. “Se trata de una lamentable decisión del Estado mexicano, de la que nos vamos a arrepentir y que, además, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, el Senado y por todas las legislaturas estatales”, dijo.

• El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, concluyó que la Guardia Nacional plantea una contradicción al pacto federal: desde 1824 se acordó organizar la seguridad pública de cada Estado en coordinación con el gobierno federal, y no por imposición del Ejecutivo.

“Estamos presenciando una determinación centralista que cambia o que muta el vocacionamiento de México como país para convertirse en una república centralista”, concluyó./Agencias-PUNTOporPUNTO