DENUNCIAS ANÓNIMAS y TESTIGOS PROTEGIDOS estrategia de CFE

Respetamos el marco legal, pero vamos a introducir nuevas reglas, señala documento al que tuvo acceso Crónica. Medidas. Contempla también el empleo del polígrafo y el estímulo a reportes de sospecha de corrupción en tiempo real

• La apertura de un área para presentar denuncias anónimas, el estímulo a reportes de sospecha en tiempo real, así como el uso de testigos protegidos y polígrafos están entre las medidas aprobadas en la Comisión Federal de Electricidad para atacar la corrupción.
• Crónica tuvo acceso al Plan Anticorrupción presentado por Manuel Bartlett, director general del organismo, y el cual fue respaldado ya por el Consejo de Administración.
• Otras disposiciones son el castigo a funcionarios cuyas acciones provoquen pérdidas económicas a la institución, el acceso —vía la Secretaría de la Función Pública— al sistema de evolución patrimonial de servidores públicos en duda y la solicitud de pronta intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
• Además de investigación previa a proveedores y socios, caza de empresas fantasma y creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado para definir licitaciones y contratos.
• “Respetamos el marco legal, pero vamos a introducir nuevas reglas que minimicen los riegos, detecten y corrijan con oportunidad los desvíos y eviten la impunidad”, señala el documento, el cual comenzó a ser instrumentado hace unos días, con el envío masivo de oficios a los consejos de administración y directores generales de empresas subsidiarias y filiales, así como a todos los funcionarios inmersos en la cadena de mando, a quienes se designó “responsables directos” de la ejecución del Plan; deberán incluso rendir un informe semestral “sobre la forma en la que le están dando cumplimiento”.

Bartlett expone cuatro factores, los cuales, afirma, propician “uso ineficiente de recursos públicos y proliferación de prácticas corruptas”: la organización fragmentada de la Comisión debido a la división en seis empresas subsidiarias ordenada por la Secretaría de Energía en diciembre de 2015, una permisiva e inadecuada normatividad en materia de adquisiciones de obra, un débil sistema de control e intervención del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

• “La fuerte presencia del SUTERM no ha sido aprovechada como promotor de mejores prácticas”, se refiere.
• De los 91 mil 879 trabajadores en la CFE, 72 mil 414 son sindicalizados, es decir, casi el 80 por ciento. Los 19 mil 464 restantes son de confianza.
• Sobre la nueva política de denuncias internas, delinea:
• “Se adoptarán medidas que faciliten la presentación de denuncias anónimas relacionadas con prácticas corruptas y la protección de denunciantes”.

Una acción específica es la creación de un departamento dentro de la Auditoría Interna, independiente al área de Quejas de la Unidad de Responsabilidades, donde servidores públicos y proveedores puedan “denunciar actos de corrupción que detecten o en los que hayan sido forzados a involucrarse y que, por temor a perder sus empleos, represalias laborales e incluso a perder la oportunidad de ser contratados” no develaron.

Los delatores también deberán “generar reportes permanentes a la alta dirección de casos en los que se percibe sospecha de una posible comisión de actos irregulares o ilícitos en tiempo real”.

• “Se recibirán e investigarán denuncias mediante la figura de testigos o denunciantes protegidos”, pues muchos han cometido actos deshonestos “siguiendo instrucciones y no reciben beneficio alguno, pero son quienes firman y quienes serán perseguidos, dejando en la impunidad a sus superiores”.
• A la par se difundirán los casos detectados con la idea de generar una “percepción de riesgo” entre el personal, y se solicitará a la SFP el ingreso para consulta del sistema de evolución patrimonial y declaración de intereses de servidores públicos, en especial “de los cuales se tenga evidencia o duda razonables de su participación en la comisión de irregularidades” y, en su caso, se pedirá la intervención de “la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para revelar su red de apoyo o prestanombres”.
• A servidores públicos en áreas sensibles y expuestos al riesgo se les practicarán “evaluaciones de polígrafo”./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO