DESENCADENA la 4T un “COLAPSO ECOLÓGICO NACIONAL“; Profepa abandonó la Protección Ambiental

Las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador incurren en diversos delitos ambientales, coincidieron especialistas que participaron en la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

• Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), puso como ejemplo el caso de la refinería de Dos Bocas que será inaugurada el próximo 2 de julio, en la que se pueden configurar dos delitos tipificados en el Código Penal Federal, ya que los trabajos iniciaron sin autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El primero es la violación al artículo 418, que impone de seis meses a nueve años de prisión, y el equivalente de 100 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural y también a quien cambie el uso de suelo forestal. “Eso aplica para Dos Bocas y aplica para el tramo 5 del Tren Maya”, consideró el abogado especializado en derecho ambiental.

• El otro tiene que ver con el artículo 420 Bis, que aplica las mismas penas a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. “En Dos Bocas, bajita la mano, tiraron 80 hectáreas de manglar sin autorización alguna. Fueron más, fueron como 250 al final, pero inicialmente fueron 80, reconocido por la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

Sandra Guzmán, especialista en financiamiento climático y consejera permanente de la OEM, coincidió en que las megaobras del sexenio conllevan diversos delitos al ambiente, aunque no se les quiera ver así.

“Tenemos proyectos como la refinería (Dos Bocas), como el Tren Maya, que son proyectos que, si los vemos desde el punto de vista de la definición de delitos ambientales, son delitos ambientales, y sin embargo no los estamos tratando como tal”, externó.

• Sobre el tema, el activista socioambiental y también consejero permanente, Francisco Ayala, consideró que estamos ante una estructura de poder que ha mercantilizado a la naturaleza. “Hemos hecho que todos los recursos naturales, plantas, animales, estén al servicio de los hombres y eso ha hecho como consecuencia que quien tiene la capacidad para extraerlo, para controlarlo, pues adquiere poder”.

Alanís agregó que ante el incumplimiento y la impunidad con la que avanzan estas obras, instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son omisas en investigar los posibles delitos ambientales. La Profepa, dijo, “está completamente muerta, completamente omisa, respondiendo a los intereses del presidente (López Obrador)”.

“La autoridad ambiental se está volviendo cómplice de las irregularidades que son evidentes a todas luces en estos proyectos y además es una práctica común: es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería, es el Tren Maya, es el Corredor Transístmico”.

Exigen activistas castigo de delitos ambientales por obras

Colectivos ambientalistas, entre ellos Sélvame del Tren, y especialistas alertaron sobre las obras del Tren Maya y los daños al medio ambiente que causará el tramo 5. Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM, señaló que los tramos 6 y 7 “son verdaderas amenazas muy graves para el futuro de la península”, ya que también afectarán el ecosistema, selvas tropicales altas, medianas, cuevas, cenotes, “así como el acuífero maya”, los cuales ya están siendo perjudicados.

• Francisco Javier Torres Landa, abogado y defensor de derechos humanos, manifestó que existe ­inacción de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) para investigar diversos delitos ambientales.
• Rodrigo Medellín expuso que, contrario a lo que ha dicho el gobierno federal de que ya no hay selva en la península de Yucatán, “hay muchísima selva que todavía podemos y debemos conservar”, pero no sólo eso, apuntó que una de las especies más características e icónicas del país, el jaguar, especie protegida, habita en esta zona, y los tramos 6 y 7 “son precisamente los que más jaguares tienen. Todavía tenemos las posibilidades de salvarlo, proteger a esta especie tan importante para los ecosistemas mexicanos y para la identidad de los mexicanos”.

Agregó que en los siete kilómetros de construcción del tramo 5 del Tren Maya “se han derribado de ocho a 10 millones de árboles, más todo lo que se está acumulando en los tramos 1, 2, 3 y 4, esperamos que ahí se quede y que no sigan el 6 y 7, porque van a ser miles de millones de árboles tumbados que en México no puede darse el lujo de perder”.

• Reiteró que miles de especies están siendo afectadas, desde los monos arañas, el tapir, los jaguares, así como el águila elegante, “todas en peligro de extinción, según la ley mexicana, eso quiere decir que cualquier persona que afecte a una especie en peligro de extinción se hace acreedor a una pena de cárcel de nueve a 15 años”.

Asimismo, explicó que con el Tren Maya, “tarde o temprano la destrucción del acuífero va a extender la contaminación y la destrucción del ecosistema”, no sólo por donde pasará, debido a que todos los cenotes y ríos subterráneos están conectados.

Pobladores temen por colapso ecológico con refinería

Primero fue la devastación de más de 131 hectáreas de manglares y selva baja cuando inició en 2019. Ahora, los pobladores de la región observan en silencio la depredación ambiental que ha dejado a su paso la construcción de la Refinería Olmeca de Dos Bocas. El que es considerado el punto turístico de mayor afluencia en Tabasco vive hoy en la zozobra por la contaminación de ríos, lagunas, afluentes, playas, dunas, palmares y acahuales.

• Los derrames petroleros que ocurren con frecuencia en las plataformas de Pemex, frente a las costas de Dos Bocas, en el Golfo de México, así como la dispersión de “lava” (petróleo crudo) que expulsan las chimeneas de la planta antigua, cuando se apaga alguno de los tres mecheros por problemas técnicos, tienen a la zona al borde del colapso ecológico. “Todo esto ya se nota desde que inició la construcción de la refinería y sin duda se va a agravar cuando esté en funcionamiento”, dice Gerardo, poblador de la zona.

Gerardo, poblador de la zona, ofrece recorridos en lancha en el Río Seco y en la Laguna Mecoacán, ya sea a turistas o a los propios lugareños donde se asienta la planta refinadora.

Narra que desde que inició la construcción de la megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de agosto de 2019, han emigrado del lugar manatíes, aves, tortugas, mantarrayas, reptiles y distintas especies de peces debido a la intensa actividad en la zona.

En la isla Andrés García, a unos 500 metros de la refinería Olmeca, viven 139 personas que dicen tener “la playa más bonita de Tabasco”, aunque continuamente ellos y pobladores de otras comunidades tienen que limpiar la nata negra de petróleo que se acumula a las orillas de ríos y lagunas, por los derrames de hidrocarburos en instalaciones de Pemex.

• Doña Graciela dice que el asunto es que ni Petróleos Mexicanos, ni los gobiernos federal y estatal, tanto de la Cuatroté como los anteriores, se responsabilizan de los daños causados por estos accidentes.
• “Ni se responsabilizan, ni dan indemnizaciones por los derrames de petróleo. Nunca han dado la cara. Nosotros somos los que tenemos que limpiar, porque vivimos del turismo, de la pesca, del río y de la laguna. Así ha sido siempre”.

El daño ambiental detonó con la construcción, hace dos años, de un oleoducto submarino que va de la antigua planta petrolera de Dos Bocas a los municipios del sur de Tabaco, limítrofes con Campeche.

Los impactos se extienden en zonas aledañas. Lo que antes era el corredor turístico de Paraíso, es decir, el boulevard de ingreso al municipio, antes estaba abarrotado de negocios de comida, artesanías, artículos para pesca o de playa, pero también de árboles y áreas verdes.

Ahora lo que predominan son los comercios para la venta de material de construcción, cementeras, renta de equipo de seguridad industrial y overoles.

Profepa disminuye la vigilancia ambiental

Las visitas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar y cuidar la naturaleza ante la contaminación generada por las empresas cayó 77.3% entre 2016 y 2020. Además, el decremento fue continuo en los registros anuales.

• Una de las principales atribuciones de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la inspección de la actividad industrial, la cual se realiza para verificar el cumplimiento de las normatividades.

Durante 2016, la Profepa efectuó seis mil 464 supervisiones en empresas; un año después la cifra bajó a seis mil 267. En 2018 se matricularon cuatro mil 741 recorridos; en el periodo siguiente disminuyeron a tres mil 591. Para 2020 apenas se alcanzaron las mil 468 visitas, de acuerdo con información de la referida dependencia.

• Principalmente, la industria genera daños en el suelo con sus residuos; en el aire con sus emisiones de gases de efecto invernadero; y en el agua con sus desechos químicos, explicó en entrevista Anaid Velasco, coordinadora de investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
• “Por ejemplo, en el caso de una industria textilera los principales daños suelen estar asociados con la calidad del agua que se regresa al ecosistema; generalmente está llena de colorantes, de tóxicos y algunas veces trae metales”, señaló la abogada.

También destacan los impactos como el ruido de las fábricas, el polvo producido por las cementeras o los olores de las comercializadoras de pollo, indicó a Publimetro Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización México, Comunicación y Ambiente.

“La gran mayoría de las industrias transforman cosas, producen cosas, por ello necesitan calor. El calor se da con una caldera; la caldera quema combustible y genera emisiones. Entonces, lo primero que hacen las industrias es contaminar el aire. Todas generan residuos (que salen del proceso de fabricación) y todas utilizan agua, la cual contaminan”, detalló el especialista.

Irregulares superan a cumplidores

• En cada año del mencionado lapso, las supervisiones en materia industrial de la Profepa dejaron más registros de irregularidades que recorridos sin anomalías. En 2016 se enlistaron 278 clausuras de plantas como medida de seguridad, tres mil 823 visitas con daños menores observados y dos mil 363 acciones sin hallar problemáticas.
• Al siguiente año los números quedaron en 214 clausuras, tres mil 616 inspecciones con irregularidades menores matriculadas y dos mil 437 revisiones sin anomalías; para 2018 en 173, dos mil 654 y mil 914, respectivamente.

Mientras, en 2019 se llegó a 124 clausuras, dos mil recorridos con problemas menores encontrados y mil 467 visitas sin daños anotados. Por último, en 2020 las estadísticas arrojaron 75 clausuras, 838 supervisiones con irregularidades menores y 555 acciones sin apuntar percances.

Inacción de autoridades

El abogado y defensor de derechos humanos, Francisco Javier Torres Landa, acusó que existe una inacción por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) para investigar diversos delitos ambientales cometidos entorno a la construcción del Tren Maya, lo que podría hacerlos “responsables administrativa y penalmente por (el delito de) omisión”.

Así lo señaló al participar en la rueda de prensa “La verdadera seguridad nacional significa cuidar de nuestro patrimonio biocultural”, convocada por los colectivos #LaSelvaSalva, #SOSCenotes, #SelvameDelTren y #SelvaMayaSOS, en la que expuso de forma general la situación legal del Tren Maya en todos sus tramos.

• “Estamos ante la presencia, evidente y confesa, de delitos contra el medio ambiente. Esos delitos que insisto, están a la vista de todos porque no se presentaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA’s), porque se devastó el medio ambiente sin autorización alguna y porque no se acataron determinadas instrucciones, (por lo que) hay una comisión de delitos”, dijo.
• En ese sentido explicó que la ley señala que son la Semarnat y la Profepa las que “tendrían que denunciar para actuar inmediatamente y que el Ministerio Público Federal llegara a imponer sanciones, consecuencias como compensación del daño, suspensión o la prohibición de construcciones, nada de eso está sucediendo”.

“Hay un artículo que me parece fundamental en este análisis (de las agravantes adicionales). Fijense lo que dice el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que cuando hay un proceso de autorización para cambio de uso de suelo, que es lo que solicitaron en este caso, en ningún caso se podría dar esa autorización si es que la pérdida de cobertura forestal fue resultado de, entre otras cosas, tala o desmonte”, añadió.

• Por ello es que aseguró que las impugnaciones que las autoridades han realizado sobre el freno a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, como la que se dio a conocer ayer por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), no podrían aplicarse, pues la ley señala que cuando el cambio de cobertura forestal se dé por tala o desmonte deben pasar 20 años.

“La pregunta es entonces, si las autoridades administrativas, particularmente las ambientales como la Semarnat y Profepa cumplirán su misión. Hoy esa misión no se está cumpliendo porque parece que desaparecieron […] Lo único que tenemos que pensar es que si lamentablemente su omisión genera mayores daños hay que señalarles: ellos van a ser responsables administrativa y penalmente por omisión”, señaló.

Otro “vicio fundamental” que añadió en su análisis tiene que ver con que las MIA’s, además de ser presentadas fuera de tiempo, es que tienen que ser integrales, no en forma fragmentada como se realizó para los primeros cinco tramos del Tren Maya.

“Esta es otra trampa fundamental en la gestión del proyecto. Todo mundo sabe que el Tren Maya tiene varias etapas pero que es un solo proyecto, tendría que haberse presentado una MIA por todo el proyecto para identificar todas las consecuencias y medidas que tendría que haber”, señaló.

• Hasta hace apenas un par de semanas los único documentos que estaban disponibles para descargar en el portal del Tren Maya eran las MIA’s de los tramos 1 al 4, mientras que la MIA para el tramo 5 fue presentada recién el pasado 19 de mayo, lo que también se considera un incumplimiento a la ley.

“Afortunadamente por iniciativa de varios ciudadanos, algunos de los cuales están aquí con ustedes, ha habido demandas y resoluciones por parte de jueces federales que, primero en forma provisional y después en forma definitiva, han parado la obra hasta donde está porque lo que han devastado es difícil repararlo.

Los jueces están actuando, les pedimos por favor que no se dobleguen a la presión que sabemos se está ejerciendo desde Palacio Nacional. Su obligación es responder al mandato constitucional, asegurar que los derechos humanos que están ahí consagrados y que estan hechos valer en las demandas de amparo, por ningún motivo se pueden violar”, señaló./Agencias-PUNTOporPUNTO