Del 2016 al 2021 aumentó de 10.8 a 17.2% la corrupción al interior de los centros penitenciarios, desde el momento de la reclusión y durante el proceso penal, reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.
“Hay un incremento en la victimización por actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, que pasa del 10.8% en el 2016 a 17.2% en el 2021”, reiteró el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, durante la presentación de los resultados de la ENPOL 2021.
En la ENPOL 2021 se estima que 55.3% de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario en los últimos 12 meses por el pase de lista; tener aparatos electrónicos (43.2%); cambio de celda (34%); tener agua potable (31.9%); recibir medicamentos (30%); tener una cama o colchoneta (28.3%); tener acceso a un teléfono (24.3%); salir al patio de visita (22.1%); acceder a visita íntima (21.9%); acceder a servicios médicos (18.3%); y protección (8.4%).
El 96.4% de la población privada de la libertad que pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en el centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021, y no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. De ellos 33.6% no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común.
Primeros beneficios de la reforma de justicia penal
Sin embargo, resaltó que la encuesta identificó los posibles primeros beneficios de la implementación de la reforma de justicia penal que comenzó en 2016, ya que de las más de 220,000 personas recluidas en centros federales y estatales, aumentó la población sentenciada, además de que se redujeron las detenciones.
En ese marco, Óscar Jaimes Bello, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, explicó que “se puede observar a través de las personas que tiene cuatro años o menos desde su ingreso al centro penitenciario, hay una reducción significa al pasar de 51.8% al 39.5% entre 2016 y 2021 esto indica una reducción en el número de detenciones”.
- “También la encuesta nos indica que (aumentó) la población sentenciada en el caso de los delitos graves como el homicidio y el secuestro, y se reduce en los casos de robo. Esto puede indicar un avance en la implementación de la reforma de justicia penal que entra en pleno a partir de junio de 2016”, estimó. Precisó que a nivel nacional, el 27.8% de la población penitenciaria se encuentra aún bajo proceso penal, y el resto (72%) ya cumple una sentencia.
- A nivel nacional, 32.7% de la población privada de la libertad sentenciada fue condenada por el delito de robo. De estos, 35.3% corresponde a robo de vehículo.
Óscar Jaimes afirmó que la ENPOL 2021 no recogió información sobre la operación de grupos criminales al interior de los centros de reclusión; “lo que tenemos son acciones por parte de los internos, en cuanto a población por delitos (…) tenemos frecuencia de robo”, dijo.
Dijo que otro elemento posiblemente atribuible a la reforma de justicia penal, es que se redujo la población que acusa una detención ilegal. Indicó que el 44% de la población recluida acusa que está recluida injustamente, y 41% acepta que cometió un delito.
“Al comparar con 2016 sí se observa una disminución en la población que menciona haber sido acusada falsamente: pasó de 54.5% en 2016 al 44% en 2021”, indicó.
- El presidente del Inegi, Julio Santaella, dijo que el propósito de la ENPOL 2021 es “saber qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este proceso para las personas que han sido privadas de la libertad, en cuanto al debido proceso, los delitos por los que están privados de la libertad, experiencias de vida intracarcelaria, sobre la infraestructura que cuentan con los centros penitenciarios en los cuales están recluidos, qué tipo de servicios y bienes les son prestados en estos centros, experiencias de victimización que sufren tanto por violencia al interior de los centros penitenciarios, como también por actos de corrupción”, dijo.
La encuesta mostró que de la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.
La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.
En tanto, 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención; 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
- Por otra parte, 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención; 27.8% de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia.
- De esta población, 39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24.8% ha estado recluida entre uno y dos años. De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29.8% fue condenada por homicidio y 12.2% por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32.7 por ciento.
Durante 2021, el 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.
Esta es la segunda edición de la ENPOL después de 2016. La encuesta tuvo el propósito de generar información estadística relevante sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de la población de 18 años y más que legalmente ha sido privada de su libertad en centros penitenciarios, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados, entre otras características.
- La ENPOL 2021 encuestó directamente, y cara a cara, a presos en 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021. El diseño estadístico de la ENPOL 2021 permitió contar con representatividad a nivel nacional, por entidad federativa y para 54 centros penitenciarios de interés.
El periodo de referencia de la información fue de julio de 2020 a julio de 2021. Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se consideró una muestra de 67,584 personas de 18 años y más privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, la cual incluyó a la totalidad de la población femenil, que a junio de 2021 representó 5.7% del total.
Corrupción alarga prisión preventiva: especialistas
La justicia, que debería ser ciega, a veces hace distinciones entre quienes deben someterse a procesos eternos…. Y quienes cuentan con los recursos para sobornar a funcionarios públicos.
- Y es que de acuerdo a especialistas, uno de los factores para que en la capital del país 30% de los internos se encuentren en prisión preventiva (algunos por más de una década), es que los que se encuentran en pobreza no pueden “agilizar sus casos” con el Ministerio Público.
David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública calificó como lamentable que para avanzar en un caso se tiene que recurrir a la corrupción.
“Un abogado sabe que para que el juicio de su defendido camine, tiene que ir soltando dinero al personal del Ministerio Público, a peritos, con la finalidad de que los casos sean revisados con mayor celeridad”, expresó a 24 HORAS.
- Un total de 26 mil 274 internos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México (al 15 de octubre de este año), siete mil 896 no cuentan con una sentencia.
- El especialista destacó que hay muchas personas que se encuentran procesadas, pero no sentenciadas y es un problema endémico del sistema judicial de México; señaló que esta situación genera un problema de hacinamiento que da paso al autogobierno, debido a que la población es grande y se ven rebasadas las capacidades de las autoridades.
Abundó que como segundo término, no se cuentan con los policías de Investigación y peritos suficientes para poder avanzar en las carpetas de investigación, mientras que un tercer punto es que no hay el número suficiente de jueces que se requieren para atender todos los casos.
El también académico resaltó que México está en la etapa de implementación de los juicios orales del nuevo sistema de justicia penal, que son más dinámicos, pero todavía hay muchas entidades que tienen rezago en la implementación del sistema acusatorio.
Por su parte, Juan Francisco Torres-Landa, socio del despacho legal Hogan Lovells, dijo que la mayor parte de los delitos por los que se otorga prisión preventiva son por robo y narcomenudeo; detalló que muchas personas que legalmente todavía son inocentes, porque no han sido condenadas, hoy están tras las rejas y no se está haciendo justicia.
Ayer, este diario publicó el caso de Pedro (nombre ficticio), quien permanece desde diciembre de 2003 en prisión preventiva en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha, por el probable delito de secuestro exprés.
- En su caso, el obtuvo inicialmente una sentencia de 18 años (los mismos que lleva en prisión), sin embargo, amigos de Pedro comentaron a este diario que fue víctima de tortura por parte de los policías que lo aprehendieron, por lo que interpuso una apelación que aumentó la pena de prisión a 27 años.
“Después metió un amparo donde le repusieron el procedimiento por no haber tenido una defensa adecuada y por el tema de tortura, pero desde entonces sigue con el proceso abierto… No lo han vuelto a sentenciar y continúa en prisión preventiva”./Agencias-PUNTOPORPUNTO
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