En los dos primeros años del actual gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acumuló irregularidades en la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en la operación de la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo (SNE) que sumaron más de 35 millones de pesos de recursos públicos por aclarar o devolver.
- Debido a que la plataforma de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se reportan los avances en la atención de observaciones no funcionaba al cierre de esta edición, no fue posible verificar si la STPS ya atendió las solicitudes de aclaración y de reembolso de los montos señalados.
En materia de inspección a las condiciones laborales de los centros mineros del país, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde recortó el presupuesto para verificaciones, no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”. Así lo revelan las cuatro auditorías que la ASF ha realizado hasta ahora a la dependencia, las cuales todavía no incluyen la revisión al ejercicio fiscal 2021.
Programa social sin revisión
En 2019, la STPS comenzó a operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, política emblema para apoyar a la juventud, de entre 18 y 29 años, a vincularse con el campo laboral mediante prácticas profesionales, siendo aprendices en empresas formales a cambio de una beca de 3 mil 600 pesos mensuales pagada por el gobierno.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones de la ASF, la aplicación del programa se hizo sin rigor, sin datos precisos y con tal desorden que ni siquiera se explicó por qué de 40 millones de pesos presupuestados, los recursos se ajustaron a sólo 23.9 millones de pesos.
- Además, no se definieron ni el área responsable ni las medidas para supervisar la ejecución del programa, sus lineamientos cumplieron apenas con la mitad de lo requerido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no se pudo comprobar que los beneficiarios recibieran los 12 pagos que les correspondían ese año.
- La falta de medidas de supervisión se reflejó en que no se definieron mecanismos y procedimientos para vigilar que se cumplieran los requisitos y documentación de beneficiarios y centros de trabajo, lo que derivó que en el padrón se encontraran deficiencias y omisiones.
Ese año, según la ASF, “la STPS no acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron las habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas a los becarios que concluyeron con la capacitación”.
Y tampoco acreditó “contar con métricas, metodologías, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral”.
- La ASF recomendó reestructurar integralmente el programa con base en un diagnóstico confiable y definir indicadores precisos. Para 2020, comenzaron las irregularidades en los recursos públicos, que derivaron en solicitudes para aclarar cómo se usaron 3.1 millones de pesos y para devolver 28 millones más. La ASF pidió a la STPS aclarar por qué se pagaron 3.1 millones de pesos al IMSS por 17 mil 283 personas que recibieron atención médica sin que se demostrara que estaban en el padrón de beneficiarios ni que se capacitaban en un centro de trabajo registrado en el programa.
Pero más allá de la aclaración de ese monto, la ASF advirtió de un probable daño patrimonial por más de 28 millones de pesos por irregularidades en el uso de los recursos, empezando porque se “pagaron” 351 mil 720 pesos a personas que ya habían fallecido.
Además, se ejercieron 19.6 millones de pesos en mil 315 beneficiarios que sí estudiaban y que ya estaban en otro programa, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, a cargo de otra dependencia, por lo que recibieron doble beca, violentando las leyes en la materia.
Por la falta de rigor en la revisión de los beneficiarios inscritos, la STPS pagó 2.2 millones de pesos a personas registradas como tutores; 1.5 millones de pesos que eran representantes de las empresas participantes, 1.04 millones a personas que ya tenían un trabajo y 153 mil 400 pesos a personas que en realidad eran servidores públicos.
Servicios deficientes… y los mineros, olvidados
En 2020, la STPS contrató al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) para que prestara Servicios Integrales de Tecnología para la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo.
- Sin embargo, los trabajos realizados por ese organismo público no coinciden con todo lo establecido en el contrato, por lo que la Secretaría debe aclarar por qué pagó 7.1 millones de pesos por órdenes de servicio que no cumplen con todas las funcionalidades señaladas en la documentación contractual y que no se encuentran operando en ambiente productivo.
- En el rubro de sus obligaciones de inspección y seguimiento de las condiciones laborales de los centros mineros del país, la ASF encontró que la Secretaría recortó el presupuesto de 2019 para verificaciones, que no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
En la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2019, la ASF señaló irregularidades, pero sobre todo omisiones, en la supervisión de esos centros de trabajo. Sobre todo, la ASF reportó que durante 2019 la STPS no profundizó sobre la problemática regulatoria y laboral de los diversos sectores, incluido el minero, ni se determinaron los que requieren atención prioritaria, no se presentaron datos actualizados, ni se cuantificaron y georreferenciaron a los centros de trabajo con deficiencias laborales. La revisión derivó en 19 recomendaciones, las cuales, supuestamente ya fueron atendidas.
Desde 2019 se mantiene la opacidad
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información improbable, incompleta e inverificable, aseguró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Al presentar los primeros avances de la investigación Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de esta organización, detalló que al hacer una revisión del padrón de beneficiarios se encontraron comportamientos » difíciles de creer», puesto que todos los días se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, así como de la escolaridad de los becarios también se mantuvo constante de principio a fin al inscribirse el mismo número de personas de los distintos niveles educativos.
- Otras irregularidades que se detectaron fueron personas físicas, incluso diputados federales que se inscribieron al programa como centros de trabajo, en los cuales no se ofrecen datos como dirección o teléfono para corroborar su existencia y la labor que desarrollan.
«La información no se puede verificar, cómo vamos a verificar si existe Abarrotes Alex, si no hay datos, una dirección. (…) No tenemos los elementos para decir que está fracasando, es un programa que todavía se mantiene en la opacidad y para que no fracase es necesario tener los datos, evaluarlo, corregirlo, en el camino», aseguró.
- María Amparo Casar detalló que hasta el 30 de junio de 2019 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro había gastado menos de lo que había presupuestado, al ejercer 4 mil 918 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estimo que para el final de este año se tenga un subejercicio de por lo menos 15 mil 541 millones de pesos, es decir, 39% del presupuesto que se le asignó que fue de 40 mil millones de pesos.
«Aún asumiendo la existencia y pago a los 900 mil becarios, la cantidad máxima que podrá gastarse será de 24 mil 358 millones de pesos, al final del 2019, habrá un subejercicio mínimo de 15 mil 641 millones de pesos», subrayó.
Dieron recursos a fallecidos y empresas fantasma
La Auditoría de Cumplimiento Forense 2019-0-14100-23-0374-2020 consigna que la Secretaría del Trabajo transfirió apoyos a las cuentas bancarias de 68 beneficiarios después de que estos habían fallecido, uno de ellos desde abril había causado baja en el programa. El importe total entregado fue de 482,400 pesos, de los que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal.
- La Secretaría del Trabajo no proporcionó información y documentación justificativa y comprobatoria que compruebe que se recuperaron esos recursos dispersados ni se señalaron los procedimientos y mecanismos para asegurar su reintegro a la Tesorería de la Federación, por lo que «las observaciones señaladas en el presente resultado persisten», explicó al ASF.
- Los auditores identificaron también el registro de negocios inexistentes como centros de capacitación: la empresa INAEP, S.A.S. de C.V. no fue encontrada en ninguno de los tres domicilios registrados pese a que reportó la capacitación de 212 beneficiarios, mientras que en la dirección de Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V., se encontró una casa habitación sin capacidad para alojar a los 129 beneficiarios que debía capacitar.
A su vez, representantes de Barista Factory, S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México usurpación de identidad por dar de alta sus empresas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A las empresas se les asignaron 179 y 198 becarios, respectivamente.
“Señalaron que hicieron mal uso de los datos de sus empresas, así como de sus datos personales, para registrar a dichas empresas como centros de trabajo”, indica la Auditoría.
Los montos repartidos a estas empresas ascendieron a 5 millones 396,400 pesos.
- La Secretaría del Trabajo otorgó así mismo apoyos por 51 millones 213,600 pesos a 3,371 beneficiarios que al mismo tiempo recibían dinero en otros programas: Jóvenes Construyendo el Futuro en su modalidad Apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como del Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Esto a pesar de que los beneficiarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban estudiando ni trabajando, señala la ASF.
Por estas irregularidades, la ASF indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión social debe investigar el uso de recursos en el programa, así como sancionar a los servidores públicos involucrados en las irregularidades encontradas.
“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes.
“En su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, se encargaron de la operación y ministración del Recurso Público Federal destinado para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, señala la Auditoría./Agencias-PUNTOporPUNTO
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