Deja Peña Nieto, junto a Videgaray y Meade, bomba de tiempo a AMLO

Se trata de 835 mil millones escondidos en 374 fideicomisos

Foto: Internet

El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.

  • El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.
  • Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.
  • La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.

Y en cuanto a su efectividad, en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2 mil agresiones a reporteros. Esos números ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

  • El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
  • Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.
  • Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.
  • Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.

Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.

  • La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.
  • Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por AMLO, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.

“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.

  • A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.

Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.

  • Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).

De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos.

La clave

Especialistas consultadas, coincidieron en que la próxima administración debería empezar con obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda tener una radiografía de todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.

Ahí entra la labor de la SHCP

  • Para Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es preocupante que se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura frente a 19 que sí la tienen.
  • Estos 300 no cuentan con una ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, que es el que fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuye la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.
  • La Secretaría de Hacienda es la que autoriza la creación de estos fideicomisos, entonces nadie revisa, aparte de esa dependencia, si es pertinente el objetivo de cada fideicomiso.
  • La ley establece que se justifica que la creación de fideicomisos sin estructura, si sirven para procurar algún interés nacional, pero de acuerdo con Ruiz, ese concepto es muy amplio y cualquier cosa se puede meter como de interés.
  • “Nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.

Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que se debe tomar en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan cierta publicidad al menos de información básica disponible.

Para la investigadora de México Evalúa, preocupa que es que mucho del gasto para inversión el que se transfiere a fideicomisos y cada vez va en aumento sin que quede claro en qué se gasta, cuando ese dinero es un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en cómo se gasta./SIN EMBARGO

Nota Completa y Gráficos en el Enlace:

http://www.sinembargo.mx/16-07-2018/3442281

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