En la zona norte del Estado de México, habitantes viven bajo el dominio del crimen organizado, que dejó de ocultarse para imponer cuotas y silenciar a víctimas por medio del miedo.
- En municipios como Ixtlahuaca, Atlacomulco, Jiquipilco y Jocotitlán, la presencia de células de La Familia Michoacana, Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha vuelto parte de la cotidianidad, al amparo de autoridades locales.
- Desde finales de 2024, integrantes del crimen identificado comenzaron a cobrar cuotas mensuales a dueños de ferreterías, casas de materiales, taxistas y pollerías. El monto, de acuerdo con las víctimas, varía según el giro.
‘Nos pidieron 500 pesos al mes… no tenemos de otra más que aceptar porque si no pagas, hay violencia’, relató un taxista de Ixtlahuaca, quien también denunció que bases de taxis fueron cooptadas para bloqueos.
En cuanto a las pollerías, se cobra un monto de 10 pesos por kilo y son coaccionados a comprar en rastros específicos. Este modus operandi incluso fue documentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuando la problemática se destapó en Toluca con el secuestro de cuatro polleros en diciembre se 2023, mismos que fueron rescatados 85 días después en la zona sur del Edomex.
Negocios bajo control
Las casas de materiales y ferreterías fueron obligadas a trabajar con proveedores impuestos; negarse implicaba secuestros, denunciaron.
No solo se trataba de los proveedores, señalaron las víctimas desde anonimato por temor a represalias, también hay que entregar un porcentaje de las ganancias.
- A raíz de ello, expusieron, al menos dos negocios decidieron cerrar ante la amenaza. Vender al precio del crimen se volvió una condición ineludible.
- ‘Como el sapo, la pedrada. No a todos les cobran lo mismo, pero a casi todos les piden’, explicó un ferretero, quien también refirió que recibían fotografías de familiares como mecanismo de presión.
Nos mandan fotos de nuestros familiares y eso basta para que paguemos, aunque no sepamos a quién realmente le estamos pagando.
Operativo Liberación y bloqueos
El Operativo Liberación, desplegado el lunes por fuerzas federales y estatales, se centró en cateos a negocios con presuntos vínculos con la red de extorsión de La Familia Michoacana en los que los señalamientos por extorsión y acaparamiento pesaban.
En total, se intervinieron 52 inmuebles en 14 municipios, lo que provocó bloqueos y protestas en puntos estratégicos como Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso.
- Transportistas y taxistas participaron en estos cierres carreteros, lo que confirmó la presión que el crimen organizado ejerce sobre sectores productivos de la región.
- El delito de acaparamiento fue tipificado por primera vez en el Estado de México en junio de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo equiparó legalmente a la extorsión.
- El propósito fue combatir a quienes controlan el mercado de productos como pollo, tortilla, leche, materiales de construcción, a través de la imposición precios y al obligar a comerciantes a adquirir mercancía de proveedores específicos sin necesidad de denuncia previa.
En ese mismo año, el fiscal José Luis Cervantes Martínez detalló que esta figura permitiría al Ministerio Público actuar de oficio contra quienes acaparan sin que haya una denuncia formal, lo que reforzó la capacidad de las autoridades para intervenir directamente en el mercado.
Las primeras denuncias llegaron desde la zona sur, pero también se detectó el fenómeno en Toluca y la región norte.
Zonas de influencia de La Familia Michoacana
La Fiscalía mexiquense tiene detectado que el cartel conocido como La Familia Michoacana mantiene un control extendido sobre diversas regiones del Estado de México.
Si bien su principal bastión ha estado en municipios como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Tlatlaya y Temascaltepec, investigaciones recientes revelan que sus redes de extorsión también alcanzan municipios del norte, como: Atlacomulco, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y Aculco.
- Aunque durante el Operativo Liberación sólo se actuó en los municipios de Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, con un total de cinco negocios clausurados, la presencia del crimen no es exclusiva de estas demarcaciones.
- Información de la misma FGJEM señala que en el norte del Edomex, la organización no solo impone cuotas a sectores productivos como el transporte, la avicultura y la venta de materiales de construcción, sino que mantiene mecanismos de control social y económico que han derivado en bloqueos carreteros y confrontaciones directas con autoridades.
Lo anterior se vio reflejado el martes, cuando además de los accesos a Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, fueron bloqueadas las carreteras en Atlacomulco y Jiquipilco.
El alcance de La Familia Michoacana en el Estado de México se caracteriza por una estructura de extorsión que manipula precios y controla mercados completos.
En el sur, las autoridades ministeriales tienen documentado que han logrado inflar costos de insumos básicos y de construcción hasta en 144 %, mientras que en el norte replican esquemas similares dirigidos a productores agrícolas, materialistas y transportistas.
Este modelo de operación ha llevado a despliegues de seguridad como el Operativo Liberación, con lo que se ha documentado su influencia en al menos 77 municipios mexiquenses y la vinculación de autoridades locales con sus actividades.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en estos municipios se iniciaron 60 carpetas de investigación por extorsión entre enero y junio, concentradas en Ixtlahuaca con 13, Atlacomulco con 12 y Acambay con ocho.
Aunque la presencia de La Familia Michoacana está documentada, la mayoría de las víctimas evita denunciar por temor a represalias, lo que oculta la dimensión real del problema.
A diferencia de municipios urbanos como Toluca o Ecatepec, donde predominan las extorsiones telefónicas y electrónicas, en el norte la presión es directa y territorial, lo que refuerza el silencio de las comunidades.
Narcolaboratorios detectados
Las autoridades han desmantelado dos laboratorios en la región durante este año. El primero, en marzo, en la comunidad de San Juan de las Manzanas, Santa Ana Ixtlahuaca, donde se aseguraron 70 kg de drogas sintéticas, 105 bidones con químicos y utensilios industriales.
El segundo hallazgo se realizó en junio, en la colonia Santa Ana Jilotzingo, entre Otzolotepec y Jilotzingo, con reactores, bidones y estructuras para producir metanfetaminas.
Estos hallazgos, reconocieron habitantes, reflejan la capacidad industrial del narcotráfico en la región, independiente de los esquemas de extorsión y acaparamiento que afectan al comercio local.
Operadores con protección
En junio pasado fue detenido Cirilo N., identificado por la Fiscalía General de la República como presunto operador de una red vinculada al robo de hidrocarburos, uno de los negocios del crimen organizado en la región norte del Estado de México.
El operativo, realizado por fuerzas federales en Ixtlahuaca, incluyó el aseguramiento de vehículos blindados, pipas, armas largas, efectivo y documentación relacionada con sus actividades.
De acuerdo con la investigación, existen grabaciones y registros contables que apuntan a presuntos pagos a servidores públicos con el fin de recibir alertas de cateos y asegurar protección a sus operaciones. Cirilo N. fue presentado ante un juez federal y enfrenta cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Control territorial y red de complicidades
Transportistas y taxistas actúan como punteros y halcones. Su colaboración no es fortuita; está bajo coerción o pago.
Los sobornos, apuntan las investigaciones de la propia FGR, abarcan desde policías municipales y estatales hasta jueces, fiscales y mandos militares.
‘Aquí no es que el gobierno no pueda enfrentarlos, es que no quiere. Ellos también reciben dinero’, afirma un vecino de Ixtlahuaca./Agencias-PUNTOporPUNTO
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