El fenómeno conocido como huachicol fiscal se ha convertido en uno de los principales retos para las finanzas públicas y la seguridad energética en México. Bajo esta práctica, los combustibles ingresan al país disfrazados en fracciones arancelarias distintas —como lubricantes u otros productos con menor carga fiscal—, lo que permite a los importadores evadir impuestos millonarios.
- A diferencia del robo físico de ductos que detonó la estrategia de seguridad en sexenios pasados, este nuevo esquema opera a través de documentos, clasificaciones aduaneras y complicidades institucionales.
- De ahí que muchos especialistas lo definan como una red invisible, sostenida en “controles en papel” que rara vez se traducen en acciones de campo.
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) son las principales autoridades responsables de vigilar el ingreso de combustibles.
Sin embargo, detrás de esta actividad ilícita existe una red compleja que involucra a empresarios en ambos lados de la frontera, agentes aduanales, elementos de la Marina y funcionarios federales, lo que dificulta desmantelar su operación.
El diésel, producto estrella del Contrabando Energético
El puerto de Altamira, Tamaulipas, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del huachicol fiscal por su cercanía con las refinerías estadounidenses del Golfo. En marzo pasado, las autoridades decomisaron allí un buque con 10 millones de litros de diésel provenientes de Texas, un golpe que expuso la magnitud del contrabando.
Si bien la práctica incluye gasolina, el diésel es el producto que más se trafica bajo estas modalidades.
- “El diésel se puede comercializar en empresas de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, lo que permite colocar volúmenes más grandes”, explicó Francisco Barnés de Castro, miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía.
- A diferencia de la gasolina, que debe llegar casi siempre a estaciones de servicio, el diésel encuentra múltiples puertas de entrada en el mercado, desde flotas de transporte hasta compañías de logística. Esta flexibilidad lo convierte en el producto predilecto de los contrabandistas.
- Las pérdidas para el fisco son difíciles de dimensionar, pero fuentes del sector estiman que superan los miles de millones de pesos al año. Se trata de un boquete que, además de afectar a las finanzas públicas, distorsiona la competencia en el mercado energético.
En respuesta, el gobierno federal ha implementado múltiples capas de regulación para rastrear la procedencia del combustible. Los llamados controles volumétricos del SAT, las inspecciones de la Profeco y la vigilancia de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) buscan garantizar que cada litro llegue al consumidor con trazabilidad.
Controles sobrerregulados, pero sin presencia en el Campo
A pesar de esa arquitectura burocrática, la realidad es que la verificación física es insuficiente. Expansión documentó recientemente que, en la práctica, los consumidores cargan combustible sin poder corroborar su origen. La experiencia en la estación de servicio se convierte en un “acto de fe”.
- La multiplicidad de dependencias añade complejidad. Los permisionarios deben entregar información a Profeco, Asea, la Comisión Nacional de Energía, el SAT y otras instancias, muchas veces con formatos distintos y datos duplicados. El exceso de papeleo termina por diluir el objetivo de control.
- Alicia Zazueta, CEO de eServices, considera que la solución pasa por la digitalización. “Muchas autoridades solicitan los mismos datos, solo que unos manuales, otros sistematizados, y si todo eso está montado en un solo sistema de información se podría evitar la duplicidad y tener esa correcta trazabilidad”, señaló.
En su visión, el SAT, con los controles volumétricos, es la institución mejor posicionada para rastrear discrepancias. Sin embargo, la coordinación entre dependencias sigue siendo limitada y se concentra más en el escritorio que en el campo.
- Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), subrayó esa carencia. “Dicen que donde está el dinero es donde está el interés, y hay que analizar si donde está el presupuesto existe el recurso suficiente para hacer visitas de inspección”, afirmó.
Robles advirtió que autoridades como la CNE o la ASEA carecen de presupuesto y personal para realizar inspecciones de campo. “Lo que necesitamos son acciones”, insistió durante una conferencia de la organización Alliance.
- La especialista también pidió revisar estaciones de recarga de combustibles que operan en comunidades alejadas sin permisos. “Que vayan a esas comunidades donde hay estaciones de servicio, tanto de gasolinas como de gas LP que no tienen permiso y que de repente llegan, sacan un tanque, ponen un dispensario y se ponen a vender”, dijo.
- El fenómeno no se limita a zonas rurales. A lo largo de la carretera México–Puebla, ejemplificó Robles, proliferan puntos de venta ilegal a la vista de cualquiera. “Entonces dónde está la Guardia Nacional, esa venta de combustible ilegal sucede en las carreteras”, cuestionó.
- Los especialistas coinciden en que la sobrerregulación actual genera más obligaciones administrativas que resultados tangibles. En paralelo, los grupos criminales han perfeccionado mecanismos para burlar los sistemas de control, lo que agrava la percepción de impunidad.
La falta de trazabilidad real, sumada a la limitada capacidad de inspección en campo, provoca que la cadena de valor energética se mantenga vulnerable. Desde la importación hasta el punto de venta final, la línea entre lo lícito y lo ilegal se vuelve difusa.
- Mientras tanto, las empresas formales enfrentan un doble reto: competir con precios distorsionados por el contrabando y cumplir con regulaciones que incrementan sus costos. El riesgo, advierten analistas, es que el mercado se fragmente aún más en perjuicio del usuario.
- La expectativa es que los mecanismos de control evolucionen hacia esquemas más efectivos y digitalizados. Sin embargo, mientras los controles sigan siendo “en papel” y no en territorio, el huachicol fiscal continuará siendo una de las grietas más rentables del sector energético mexicano.
Pemex nunca presentó alguna denuncia contra las operaciones ilícitas
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Pemex nunca presentó alguna denuncia contra las operaciones ilícitas de importación de hidrocarburos, conocidas como ‘huachicol fiscal’; en cambio, ahora que gobierna Claudia Sheinbaum, la empresa estatal ya procedió penalmente en uno de estos casos
- Las operaciones ilícitas de importación de hidrocarburos, conocidas coloquialmente como huachicol fiscal, ya están siendo denunciadas penalmente por Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual evidencia que la empresa estatal ha adoptado una nueva postura institucional ante este tipo de actividades delictivas, considerando que durante todo el sexenio pasado se abstuvo de promover acciones jurídicas para sancionar a los responsables de estos hechos.
- En efecto, los registros que proporciona Pemex, vía transparencia, revelan que la primera denuncia penal contra una operación de huachicol fiscal la presentó en marzo de 2025, esto es, ya durante la actual administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo gobierno ha asestado múltiples golpes significativos dirigidos hacia esas redes criminales.
- En cambio, y pese a la escala industrial que han alcanzado estas actividades criminales enfocadas en la importación de hidrocarburos pero sin presentar las declaraciones pertinentes ante las autoridades aduanales, para evitar así el pago de impuestos -o inclusive para comercializar en el país combustibles de origen ilícito-, Pemex nunca interpuso una denuncia penal por estos hechos durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La primera y, hasta ahora, única denuncia penal que ha interpuesto la empresa estatal contra un caso de huachicol fiscal, está vinculada con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburos en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025, como resultado de un operativo desplegado por instituciones de seguridad federales y el cual también logró identificar el buque que habría introducido ilegalmente este combustible al país.
- El 31 de marzo de 2025, ese hecho fue comunicado por la Secretaría de Marina, de esta manera: “En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos, las instituciones del Gabinete de Seguridad lideradas por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), llevaron a cabo una operación en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que dio como resultado el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos”.
El cargamento que fue introducido al país en un buque que fue registrado ante las autoridades mexicanas como si se hubiera tratado de aditivos; sin embargo, posteriormente se confirmaría que lo que verdaderamente transportaba el barco era diésel.
- El comunicado oficial sobre este hallazgo de hidrocarburos señala que el operativo se ejecutó tras realizar labores de inteligencia e investigación con el objetivo de desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo.
- Con la información recabada se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado.
También se informó sobre cateos realizados en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Dentro del buque asegurado, se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.
Desconocen origen de cargamento ilegal
Durante la conferencia presidencial del 8 de abril de 2025, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, expuso información adicional sobre este aseguramiento, confirmando, además, que el buque había arribado con documentación aduanal falseada, lo cual inclusive estaba dificultando rastrear el origen del cargamento.
“Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado; es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco.
- Y con base en eso, nos dieron ya vista a nosotros. De inmediato, ya se aseguró el barco, ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex.
- “No había en ese momento —porque el barco ya había descargado— ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido”, dio a conocer Gertz Manero.
- Con respecto al origen del combustible que fue importado ilegalmente al país, el fiscal general señaló que no cuentan con esa información, debido a que toda la documentación aduanal está falseada, con cantidades falsas y el tipo de material diferente al que en realidad se transportaba.
“Y con esa información falsa cualquier tipo de dato, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. En este momento estamos en eso. (…) Sí, la tripulación del barco está localizada. La tripulación del barco son fundamentalmente marinos, que son los que operan el barco, pero no son quienes dieron, tanto los permisos de entrada como los permisos de salida y, sobre todo, no tienen nada que ver con las autoridades aduanales, que fueron las que lo autorizaron”.
Se conocía desde 2018
Petróleos Mexicanos nunca presentó alguna denuncia penal contra operaciones de huachicol fiscal durante todo el sexenio encabezado por el expresidente López Obrador, aun cuando esa administración federal ya tenía conocimiento sobre la existencia de estas actividades delictivas, y sobre la escala industrial que habían alcanzado, al lograr introducir millones de litros de hidrocarburos al país evadiendo el pago de impuestos.
- Así lo confirma el archivo titulado “Número de Denuncias Presentadas por la Exportación e Importación de Combustibles Ilegales en la República Mexicana del 1 de diciembre de 2018 al 30 de mayo de 2025, separado por estado y puerto”, que proporcionó la Dirección Jurídica de la empresa petrolera, mediante su Gerencia Jurídica de Visitaduría y Estadística, haciendo algunas precisiones.
- “La información proporcionada es la que se encuentra registrada en los Sistemas Jurídicos Institucionales, la responsabilidad en el registro de la información concierne y es exclusiva de los abogados a quienes se les asignan los asuntos. (…)
- La información que se reporta es de acuerdo con los registros que se realizan, y puede modificarse o actualizarse diariamente. (…) La información se proporciona en los términos en los que se encuentra procesada. Por lo que la información se entrega de forma general a partir de la forma en la que se captura la información”, según consta en la solicitud de información con folio 330023825001240.
El contenido del documento, por lo tanto, resulta contrastante con las declaraciones que vertería Horacio Duarte Olivares, el 2 de marzo de 2021, aún durante el pasado sexenio, y fungiendo en ese momento como administrador general de Aduanas, donde advirtió públicamente que la importación ilícita de hidrocarburos al territorio nacional ya estaba movilizando un volumen de millones de litros, como quedaría constatado por los operativos que está desplegando el gobierno de Sheinbaum Pardo.
- “Como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, combatir otro de los grandes flagelos que dañan la economía del país y afectan la seguridad es el huachicol fiscal.
- También aseguró que combatir el tráfico de hidrocarburos en la frontera forma parte de la encomienda de los administradores de las aduanas. Este objetivo se alcanzaría coordinadamente con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
- “Nos conviene a las dos economías que en las aduanas de Tamaulipas se deje de traficar con combustibles. (…) Ni en Tamaulipas ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. (…) No es propaganda, es convicción”.
Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia, dijo en 2021 el administrador general de Aduanas, quien actualmente es secretario de Gobierno del Estado de México.
Saqueo oculto por robo de combustible
Además del problema de deuda y falta de inversión para proyectos estratégicos que beneficien las finanzas de Pemex, la empresa estatal ha enfrentado un quebranto económico causado por el robo de combustible.
El pasado mes de julio, Reporte Indigo dio a conocer los datos otorgados por Petróleos Mexicanos, como respuesta a una solicitud de información. En el documento se específica que en el periodo de mayo de 2024 a mayo de 2025, se presentaron 5 mil 128 denuncias por robo de combustible, tomando en cuenta que una denuncia puede estar integrada por una o más tomas clandestinas.
- La Subdirección de Salvaguardia Estratégica, Seguridad Física e Industrial remitió a este medio los archivos que enlistan las tomas clandestinas de 2024 y hasta abril de 2025 a nivel nacional desglosadas por estado.
- El quebranto ocasionado por las tomas clandestinas asciende a 946 millones 234 mil 302 pesos, durante el periodo de tiempo mencionado. Este delito se convierte en un factor más que ha afectado la estabilidad económica de Pemex.
Entre los estados que se encuentran en esta lista destaca Baja California, en donde se tiene el registro de 308 denuncias, 596 tomas clandestinas y una afectación económica de 668 millones 259 mil 182 pesos. Estas cifras corresponden a las zonas de robo de combustible que han sido detectadas, sin contabilizar todas aquellas que siguen funcionando actualmente.
Tan sólo en 2024, se tiene el registro de 11 mil 774 tomas clandestinas detectadas y en el periodo de enero a abril de 2025, Pemex informa que se hallaron 3 mil 699 tomas clandestinas. Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro son los estados que encabezan la lista.
Otra problemática que ha causado un golpe económico a la empresa petrolera es la reparación de tuberías y la rehabilitación de redes enteras de traslado de combustible.
Algo para lo que no hay cifras certeras es para calcular cuánto cuesta la detención del servicio de distribución de hidrocarburo y tampoco para la pérdida en el mercado, sin embargo, se estima que sea millonaria.
- Las cifras reveladas por Pemex a través de la solicitud de transparencia, corresponden únicamente al quebranto por el combustible robado. Existe otro criterio que es el costo de rehabilitar los ductos que son perforados para poder obtener el hidrocarburo. Esa inversión es considerada también una pérdida.
- El documento señala las pérdidas no operativas de los ductos permisionados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del periodo comprendido del 01 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, según la Subdirección de Regulación, Medición, Calidad, Balances y Soporte Operativo de la Dirección de Logística y Salvaguardia Estratégica.
Las Pérdidas No Operativas en un sistema de transporte por ducto consisten en la extracción de un determinado volumen de producto de dicho sistema, sin la autorización previa del usuario del servicio de transporte ni del transportista.
Estos montos se consideran información que forma parte del insumo que se remite a la Gerencia Jurídico Penal para que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren las denuncias de hechos que consideren pertinentes.
Exsecretario de AMLO ligado a huachicol fiscal
Una millonaria propiedad fue adquirida en diciembre de 2020 por el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- De acuerdo con una investigación de Latinus, el exsecretario compró una casa en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Cocoyoc en Morelos, valuada en 7 millones 250 mil pesos.
- El inmueble está dentro de un terreno de 902 metros cuadrados y cuenta con alberca, paneles solares, además de que está rodeada de áreas verdes al colindar con el campo de golf del fraccionamiento.
Asimismo, en el jardín frontal de la propiedad hay una decoración de anclas, por lo que fue apodada como ‘La Casa del Ancla’.
El reportaje apunta que Ojeda adquirió la casa mediante créditos de hasta 6 millones 359 mil 609 pesos por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y del Banco Nacional del Ejército (Banjercito) que deberán saldarse en un plazo de 20 años.
Si bien su sueldo le permite solventar los préstamos, lo que llama la atención es el valor por el que adquirió la propiedad.
- Por ejemplo, un terreno aledaño a la casa del exsecretario, con una extensión de 920 metros cuadrados –similar a las dimensiones del predio en cuestión– tiene un valor comercial de 9 mil pesos por metro cuadrado, esto es, 8 millones 280 mil pesos.
- Dicho precio es superior al monto que pagó Ojeda Durán por la casa, tomando en cuenta que adquirió no solo el terreno, sino también la construcción. En el fraccionamiento de Lomas de Cocoyoc hay inmuebles cuyo valor comercial supera los 20 millones de pesos.
- La red de huachicol fiscal que se tejió dentro de la Marina y que ha quedado al descubierto a partir de las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad salpica a Rafael Ojeda Durán.
Según investigaciones de las propias autoridades, los sobrinos políticos de Ojeda Durán, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, habrían encabezado la red de contrabando de combustible mediante sobornos a marinos y agentes aduanales que permitieran la descarga de hidrocarburo reportado como aceite, grasa lubricante u otra sustancia.
El negocio generó grandes ganancias para los involucrados en este ilícito, que ha combatido con mano dura la gestión de Claudia Sheinbaum.
Aunque las autoridades lograron detener al vicealmirante Manuel Roberto, el contralmirante Fernando se encuentra prófugo de la justicia al contar con una orden de aprehensión en su contra.
- Las actividades criminales de sus sobrinos pusieron la lupa en Rafael Ojeda ante los cuestionamientos sobre si tenía conocimiento o no del huachicol fiscal dentro de la institución que representaba.
- En una conferencia del pasado 7 de septiembre, el fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó que desde hace tiempo, el propio Ojeda pidió investigar presuntos actos ilícitos en la Secretaría de Marina.
“Hace casi dos años acudió ante la Fiscalía General de la República (…) nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas (…) A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades”, planteó.
Presenta SHCP 102 denuncias por huachicol
La Secretaría de Hacienda ha presentado más de 100 querellas por presunto huachicol fiscal, que en conjunto suman alrededor de 16 mil millones de pesos, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.
- Durante su comparecencia en el Pleno del Senado, el funcionario sostuvo que la Secretaría que encabeza ha incrementado en un 22 por ciento el ingreso de aduanas por combate al contrabando.
- Entre abril del 23 y la fecha, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito, montos cercanos a 16,000 millones de pesos, afirmó.
- Aseguró que se trata de un esfuerzo conjunto entre Aduanas, la Procuraduría Fiscal, SAT y que con la implementación de las estrategias se evidencia que hay una política de cero impunidad.
No somos complacientes en la Secretaría de Hacienda. No somos omisos, no rehuimos a la discusión. La lucha contra el contrabando es una de las principales razones por las cuales los ingresos por aduanas están creciendo al 22 por ciento en términos reales, destacó.
Amador Zamora compareció este día ante el Pleno de la Cámara alta en el marco del primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
- El mes pasado, personal de la Semar fue vinculado a proceso por su presunto vínculo con la trama del huachicol fiscal en sistemas portuarios. Durante la comparecencia, el senador morenista Miguel Ángel Yunes afirmó que el huachicol fiscal es un problema que data de varios años.
- No podemos permitir que se confunda a la ciudadanía, no estamos hablando de robo o extracción ilegal de combustible, sino de un problema añejo y heredado, que por décadas golpeó las finanzas públicas y que hoy con decisión este Gobierno está enfrentando, planteó.
Entonces, Amador explicó que la dependencia a su cargo no refiere huachicol fiscal, puesto que para ellos se trata de contrabando. Destacó que con las políticas de la 4T, Hacienda prevé recaudar 1 billón 331 mil millones en ingresos por aduanas.
En el sexenio de 2007 a 2012, la recaudación por aduanas fue en promedio 261,160 millones de pesos; es decir, este año estaremos recaudando 5.3 veces más que en esa Administración, entonces claramente estamos haciendo algo bien en aduanas, aseguró. /PUNTOporPUNTO
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