La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte en un análisis sobre los efectos que tendrá la región con la segunda presidencia de Donald Trump, y que para combatir de manera eficaz el problema del crimen organizado México debe reducir la impunidad y la corrupción que fomentan las alianzas entre cárteles y funcionarios del Estado.
- “En lugar de centrarse en la aplicación de la ley antidrogas y las interdicciones, abordar eficazmente el crimen en México requiere reducir la impunidad y la corrupción”, indica la ONG promotora de los derechos humanos en las Américas en el documento “¿Qué implica una segunda administración de Trump para América Latina?”
- La directora de la WOLA para México, Stephanie Brewer, dice a Proceso que el análisis parte del hecho de que si México tuviera una respuesta más eficaz frente a la impunidad y la corrupción, podría mostrar resultados más positivos en la lucha contra el crimen y, en esa medida, podría “defenderse mejor” de las políticas y amenazas de Trump.
En su primer día como presidente de Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva que cataloga como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y grupos criminales de la región considerados una “amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
- Varias instituciones, agencias y funcionarios de la administración Trump disponen de 14 días, a partir de la firma del decreto, para determinar qué organizaciones criminales serán consideradas terroristas y, por tanto, podrán ser atacadas de manera unilateral por Estados Unidos en cualquier país.
- Brewer explica que este tipo de amenazas y acciones de Trump constituyen, además, mensajes muy poderosos para sus bases ultraconservadoras porque muestran al magnate republicano como un hombre duro frente al crimen, que está dispuesto a solucionar por la fuerza los mensajes de seguridad.
“Estas políticas no parten de la evidencia, sino de una lógica populista porque las medidas de fuerza tienen años en marcha y no han solucionado el problema ni lo van a solucionar”, asegura la directora de WOLA para México.
La activista de derechos humanos y experta en la relación México-Estados Unidos sostiene que incluso si México no tuviera los niveles de violencia extrema que presentan varias regiones del país, los más probables es que Trump de igual manera recurriría a las amenazas y al discurso de mano dura pues esa es la retórica que le trae dividendos políticos en un país donde decenas de miles de personas mueren cada años por sobredosis de fentanilo, una sustancia ilícita que producen y trafican los cárteles mexicanos, pero que también se distribuye de manera masiva en las grandes ciudades estadunidenses ante la ineficacia de las policías y agencias como la DEA.
Tiempo de turbulencias
Para WOLA, el regreso de Trump a la presidencia Estados Unidos pone a América Latina ante un periodo “transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte”.
El primer mandato de Trump (2017-2021) “se definió por negociaciones transaccionales, tácticas de presión económica y la marginación de temas relativos a los derechos humanos en favor de ganancias políticas a corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato”, señaló la ONG con base en Washington.
- En su análisis, el organismo indica que las nominaciones de Trump, incluyendo a Marco Rubio como secretario de Estado, Christopher Landau como subsecretario de Estado y las rápidas nominaciones de embajadores en varios países de América Latina, como México, indican que la región “será una mayor prioridad en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con la migración y las drogas de uso ilícito”.
- Además advierte que el creciente alineamiento de Trump con líderes populistas de la región, a menudo autoritarios, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro en Brasil, “podría fortalecer a actores antidemocráticos y amenazar las instituciones democráticas de la región, las libertades civiles, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.
En esta segunda administración del millonario republicano, WOLA anticipa “retrocesos significativos a nivel de normas democráticas, espacio cívico, protección de los derechos humanos, independencia judicial, iniciativas de inclusión y diversidad, y la respuesta a la crisis climática”.
- También se van a priorizar estrategias de control militarizado de drogas y políticas migratorias restrictivas, aunado a una preferencia por la diplomacia transaccional, lo que implica el riesgo de “consolidar aún más el autoritarismo, poniendo bajo mayor amenaza a actores de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y personal gubernamental reformista”, agrega el documento.
De acuerdo con el organismo, a medida de que las normas e instituciones democráticas sean objeto de un ataque creciente y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debiliten, será cada vez más importante fomentar la solidaridad y la coordinación entre los actores de la sociedad civil en la región y el mundo.
“Esto será esencial para contrarrestar la erosión de las libertades democráticas, proteger los derechos humanos y el estado de derecho”, añade.
Agenda de riesgos
Entre las áreas clave a observar y posibles medidas de respuesta para abordar estos riesgos, WOLA identifica como asuntos críticos la migración y la lucha contra el crimen.
- El enfoque de Trump en la deportación masiva, usando militares, algo sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, podría expulsar a millones de personas mediante redadas, internamiento en campamentos y deportaciones a gran escala.
- Señala que un renovado programa “Quédate en México” podría enviar a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar su trámite en territorio nacional, “si el gobierno mexicano se ve obligado a aceptarlo”, y esto llevará a que las organizaciones que defienden a las personas migrantes enfrenten “ataques legales coordinados”.
- Respecto de Venezuela, indica que Trump ya se refirió al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante; criticó a la administración de Joe Biden por haber sido “manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Nicolás Maduro” vía licencias petroleras, y destacó los importantes riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán.
- De acuerdo con la WOLA, aunque parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Trump enfrenta dilemas complejos que podrían abrir la puerta a un enfoque transaccional entre ambos gobiernos con miras, por ejemplo, a que Maduro reciba a miles de venezolanos que la nueva administración proyecta deportar.
“Estos intereses superpuestos, pese a las diferencias ideológicas y narrativas incendiarias, podrían señalar un cambio respecto de las tácticas de máxima presión de su primer mandato, con el pragmatismo económico ocupando un papel central”, asegura el análisis.
- Y agrega que comentarios recientes del asesor principal de Trump, Tom Homan, indican que se espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportaciones. Aunque esta visión choca con la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien es proclive a endurecer la posición de Washington frente al régimen de Maduro.
WOLA señala que Trump contará, al menos los próximos dos años, con un Congreso controlado por el Partido Republicano y esto le permitirá impulsar varias de sus prioridades, en particular su restrictiva agenda de migración, “y realineará, si no reducirá, las áreas de asistencia estadunidense, centrándose en la ayuda a temas de seguridad”.
- América Latina “se enfrenta a la perspectiva de un autoritarismo más profundo, crecientes desafíos en materia de derechos humanos y una mayor erosión de los principios democráticos, con muchos líderes que probablemente encuentren en la nueva administración estadunidense un aliado para sus agendas conservadoras”.
EE.UU. denuncia problemas de violencia y corrupción en México
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el narcotráfico y la impunidad son los principales retos de México, en su informe anual de derechos humanos publicado ayer.
- El reporte indica que la situación de México sigue sin cambios y que el crimen organizado, junto con la alta impunidad y la falta de condenas, representan la principal amenaza.
- Destaca que delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, graves restricciones a la libertad de prensa y amenaza contra las actividades labores, son persistentes y significativos en México.
- Este es el primer análisis en materia de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero pasado y se caracteriza por la crítica abierta a países con los que ha rivalizado.
Estados Unidos destacó como un caso ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando 25 personas fallecieron durante un enfrentamiento de agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad conocida como Niños Héroes.
Las autoridades declararon la muerte de 10 y ninguno de los elementos implicados fueron enjuiciados.
- Además, el informe destaca el asesinato cometido contra cinco periodistas en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante el año pasado.
- Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la relación con su homóloga Claudia Sheinbaum ha sido compleja, especialmente en torno al narcotráfico.
- Aunque ambos han expresado interés en colaborar para combatir el crimen organizado, las diferencias en enfoques y políticas han generado tensiones.
Fiscalía Anticorrupción da carpetazos
En sus cinco años de existencia, la Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a más de mil expedientes y sólo ha presentado ante un juez federal el 3% de las investigaciones iniciadas, pero desconoce si en esos casos ya se dictó sentencia.
Además, en menos del uno por ciento de sus carpetas de investigación ha logrado un acuerdo concreto para resarcir el daño causado por la corrupción.
¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto?
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por Milenio, entre 2019 y la primera mitad de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició 3 mil 816 carpetas de investigación, de las cuales, mil 288, es decir, 34 por ciento, fueron desechadas por diversos motivos y 2 mil 68, el 54 por ciento, continúa en trámite.
- La Fiscalía Anticorrupción está adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y está encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
- Según sus cifras, sólo 119 carpetas han sido judicializadas, lo que equivale al tres por ciento de las indagatorias.
- En 37 carpetas, que equivalen al 0.97% de los expedientes iniciados, se concretó un acuerdo reparatorio y sólo en una carpeta se aplicó un criterio de oportunidad.
Especialistas en la materia consultadas por este diario consideraron que llevar ante un juez sólo 3% de las investigaciones sobre corrupción es un resultado deficiente y “muy pobre”.
“Hay fiscalías anticorrupción estatales que han iniciado y judicializado muchas más carpetas que la Fiscalía de la FGR; las de Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato tienen más de 15% de investigaciones judicializadas respecto de las iniciadas, un nivel de efectividad y resultados mucho más alto que los de la Fiscalía federal”, expuso Natalia Campos, Coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- En su respuesta, la Fiscalía se negó a informar cuántos de los casos de corrupción que llevó ante un juez finalizaron en una sentencia y tampoco quiso precisar cuántas denuncias por presuntos delitos de corrupción ha recibido en el sexenio.
- Para Mariana Cendejas, investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, se trata de un ejemplo de la falta de transparencia que impera en la Fiscalía.
- “Si bien, tú, Fiscalía, no emites la sentencia, eres parte en el proceso judicial porque tú eres la parte acusadora. Eso es opacidad, opacidad y opacidad y quererse salir por la tangente”, reclamó.
“El personal que trabaja en las fiscalías debe ser capaz de discernir qué sí puede ser ‘elevado’, por decirlo de algún modo, a una carpeta de investigación y qué denuncia no amerita la apertura de una carpeta y las denuncias que no dan luz sobre una verdadera comisión de un delito, por no tener ninguna prueba y ninguna pista, sí deberían contabilizarse”, opinó Cendejas.
- De los mil 288 casos a los que la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo, en 666, que equivalen al 17 por ciento de los expedientes, decidió no ejercer la acción penal, en otros 194 optó por abstenerse de investigar y siete más fueron cancelados porque se trataba de asuntos duplicados.
- En 421 carpetas, la investigación no avanzó porque se consideró que los posibles delitos no eran competencia de la Fiscalía Anticorrupción y 303 casos fueron acumulados en otros expedientes.
- La respuesta sólo incluyó datos estadísticos y no precisó a qué casos corresponden las indagatorias. Para la investigadora del Tecnológico de Monterrey, los “pobres” resultados de la Fiscalía Anticorrupción son reflejo de la ineficiencia generalizadas de las fiscalías en el país.
“Lo que estamos viendo que las fiscalías, la General de la República y muchas estatales, no están siendo capaces ni siquiera de reunir los elementos suficientes para formular imputaciones y cuando sí hay imputaciones, se reduce más el número de vinculaciones a proceso. Es algo que no solo vemos en las fiscalías anticorrupción, sino en todas las materias”, dijo.
- Por su parte, Natalia Campos, especialista del IMCO, advirtió que la Fiscalía Anticorrupción ha caído en subejercicios de su presupuesto.
“Por ejemplo, en 2022, de los 192 millones de pesos aprobados en el presupuesto, la Fiscalía ejerció solamente 88 millones de pesos, es decir, que hubo un subejercicio del 48 por ciento; eso significa que está utilizando la mitad de sus recursos aprobados y que hace falta una planeación correcta y una ejecución efectiva para cumplir con su misión”, dijo.
- Para ella, una de las razones de la ineficiencia de las fiscalías puede encontrarse en su falta de autonomía, que aún cuando es legal en la realidad no opera.
“Como ocurre también con fiscalías estatales, cuando las fiscalías anticorrupción no cuentan con autonomía total presupuestal, de decisión, de designación de su titular, técnica y de gestión, resulta difícil o es un obstáculo para conseguir una mayor efectividad en la consecución de justicia”, explicó.
- La analista afirmó que: “eso es lo que ocurre en la FGR: desde 2019 quedó establecida a través de un decreto, que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano con autonomía de gestión, pero dentro de la FGR, y lo que nos indica el ejercicio de su presupuesto es que éste se destina únicamente al pago de su personal y no en la compra de software especializado, por ejemplo, o en la adquisición de servicios profesionales especializados”.
- La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició operaciones en marzo de 2019, cuando el fiscal general Alejandro Gertz Manero designó como su titular a Mijangos Borja, nombramiento que, en su momento, fue impugnado por la falta de convocatoria para ocupar el cargo, que no garantizó la participación ciudadana y que se trata de un perfil cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Empeora en México la percepción de corrupción
Transparencia Mexicana informó que en México persiste un desafío en materia de combate a la corrupción. Con una calificación de 26 puntos sobre 100 posibles, el país se ubicó en la posición 140 de 180 naciones evaluadas en este tema, esta evaluación significó la más baja desde que la organización lleva a cabo esta medición.
- Según los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México se encuentra en una posición crítica; ocupa el último lugar (38 de 38) dentro de las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- En el G20, solo supera a Rusia, que obtuvo 22 puntos. En América Latina, aunque supera a Guatemala (25/100) y Paraguay (24/100), se encuentra por debajo de Brasil (34/100) y Chile (63/100).
“Los resultados para México del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 contemplan información de 13 fuentes independientes para los años 2023 y 2024.
- Al integrar distintas mediciones y dos años en una sola estimación, se evita que un solo evento o escándalo de corrupción altere la calificación de un país. Lo que mide el Índice de Percepción de la Corrupción es la tendencia y no casos específicos”.
Transparencia Mexicana señaló que hay cinco elementos fundamentales que explican el bajo desempeño del país en el índice:
- Incertidumbre sobre reformas anticorrupción y al Poder Judicial: La falta de claridad en la implementación de reformas ha generado dudas entre expertos y ciudadanos.
- Impunidad en casos emblemáticos: Expedientes como el de Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex continúan sin sanciones firmes.
- Bajo nivel de sanciones administrativas: De las 3,350 responsabilidades administrativas iniciadas desde 2017, solo el 8.4% han resultado en sanciones.
- Corrupción vinculada al crimen organizado: Se han documentado numerosos casos de colusión entre gobiernos estatales y municipales con el crimen organizado.
- Empresas «fantasma» en contratos gubernamentales: A pesar de los mecanismos de fiscalización, continúan las adjudicaciones a empresas irregulares.
“Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México”, aseguró Transparencia Mexicana.
A nivel global, el Índice de Percepción de la Corrupción destacó que, entre los países peor evaluados están Venezuela (10/100), Somalia (9/100) y Sudán del Sur (8/100), mientras que los mejor calificados fueron Dinamarca (90/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100).
Enfoque anticorrupción
- Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana enfatizó que las estrategias convencionales para combatir la corrupción y el crimen organizado ya no son suficientes.
- En este sentido, urgió a adoptar un enfoque integral que abarque la prevención del lavado de dinero, la evasión y la elusión fiscal, como parte de las políticas públicas de combate a la corrupción.
“El tema ha dejado de ser competencia exclusiva de las contralorías o auditorías. Se requiere acciones coordinadas con las agencias recaudadoras locales y las unidades de inteligencia financiera”, mencionó.
- Bohórquez dijo que el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 refleja la realidad que enfrentan los ciudadanos, donde el 83% de la población considera que la corrupción sigue siendo un problema frecuente y 6 de cada 10 mexicanos reconocen haber sido víctimas de corrupción policial, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Secretaría Anticorrupción
Sobre las acciones del nuevo gobierno, Bohórquez consideró acertada la designación de una funcionaria con experiencia en materia fiscal y contratación pública al frente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, creada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
- Para el especialista, este movimiento responde a la necesidad de un enfoque moderno en la lucha contra la corrupción.
En cuanto a las reformas constitucionales aprobadas y mencionadas en el Índice, el especialista señaló que, si bien estas modificaciones han sido aprobadas, aún no hay claridad sobre su impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que la incertidumbre de la opinión pública y local sigue latente. /PUNTOporPUNTO
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