Los temas de seguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos representan un terreno multidimensional, caracterizado por tensiones estructurales y dinámicas cambiantes. Esta complejidad se deriva de múltiples factores: desde interdependencias transfronterizas vinculadas con crimen organizado, tráfico de drogas, armas y migración, hasta asuntos de soberanía, cooperación institucional y presiones geopolíticas.
Históricamente, programas como la Iniciativa Mérida reflejaron un mecanismo de asistencia sustantiva por parte de Estados Unidos, con recursos por unos 3,500 millones de dólares enviados a México para apoyar su lucha contra cárteles y crimen organizado. Sin embargo, desde 2018, esta cooperación mostró un notable deterioro.
Las tensiones se profundizaron con eventos sensibles como la detención del general Salvador Cienfuegos en octubre de 2020 en territorio estadounidense, sin previo aviso a México, generando una crisis diplomática y la aprobación en el Congreso mexicano, de la Ley de Seguridad Nacional (2020) que limita la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano.
Pero con estos avances se presentaron con fuertes tensiones. En febrero de 2025, México extraditó a 29 narcotraficantes relevantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, como parte de una respuesta a la presión de Washington, que imponía aranceles del 25 % sobre productos mexicanos.
Esta semana México extraditó nuevamente a 26 presos ligados al narcotráfico, en una operación condicionada al compromiso estadounidense de no aplicar la pena de muerte.
También el gobierno del presidente Donald Trump designó como terroristas, a importantes cárteles mexicanos (entre ellos Sinaloa, CJNG, Cartel del Golfo, Cárteles Unidos), ofreciendo recompensas multimillonarias y autorizó operaciones militares en el extranjero en contra del narcotráfico.
Pero la tensión también se siente en Palacio Nacional, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum expidió la Estrategia Nacional de Seguridad diseñada para atender causas estructurales de la violencia y fortalecer las capacidades propias como la Guardia Nacional, mientras promueve una agenda cooperativa basada en la no subordinación a presiones externas.
Para Estados Unidos, la percepción de amenazas a su seguridad, lo ha llevado a acciones contundentes con sanciones, operativos extraterritoriales, cooperación limitada y presión comercial.
Este escenario exige un enfoque equilibrado, donde el compromiso con los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y el diálogo constante sean la base para una política bilateral sólida, adaptativa y respetuosa de ambas realidades, pero falta conocer las consecuencias de los presuntos señalamientos de narcopolítica en México.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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