En medio de la polémica por la presunta orden del presidente Donald Trump para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, el presidente de ParlAmericas, Iván Flores García, advirtió que la presencia de las organizaciones criminales y la grave crisis de violencia que atraviesa América Latina y el Caribe, pone en riesgo la estabilidad democrática de la región.
- Durante su visita al Senado mexicano, Flores García destacó que América Latina y el Caribe son el continente más violento del mundo, con tasas de violencia que triplican las de Norteamérica, quintuplican las de la Comunidad Europea y superan 10 veces las de los países asiáticos.
- Recalcó que esta alarmante realidad representa un desafío enorme que amenaza directamente la democracia y el Estado de derecho en los países afectados.
“Somos el continente más violento del mundo, triplicamos la violencia de Norteamérica, quintuplicamos la violencia de la Comunidad Europea y tenemos diez veces más indicadores de violencia que los países asiáticos”, alertó el presidente de ParlAmericas, quien ha presidido comisiones de Seguridad en el Senado y la Cámara de Diputados de Chile.
El presidente de esta organización integrada por 35 Legislaturas de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, consideró que la región tiene ese enorme desafío y si fracasa en combatir a los carteles y la violencia que azota a América Latina “tenemos el riesgo de ir socavando la democracia”.
“Hemos tenido dificultades para poder prever el avance de las organizaciones criminales en nuestro continente”, reconoció
- Flores García acusó que no se logró anticipar ni frenar a tiempo el avance de las organizaciones criminales, y alertó sobre el peligro de confundir este fenómeno con el malestar social producto de necesidades insatisfechas.
- Resaltó que cuando las aspiraciones de los jóvenes se ven truncadas por la falta de oportunidades reales, se vuelven vulnerables a ser captados por el narcotráfico y otras organizaciones ilícitas, lo que agrava la violencia y socava los cimientos democráticos.
“Un joven desesperanzado de su país y de su sistema es presa fácil para el narcotráfico, y esto debilita la democracia de toda la región”, afirmó.
Para enfrentar esta compleja situación, Iván Flores anunció que ParlAmericas propondrá la creación de una cuarta red especializada en seguridad, que será presentada al Consejo de ParlAmericas el próximo 21 de agosto.
Esta nueva red buscará abordar de manera integral los retos relacionados con la violencia, la movilidad y la crisis migratoria que afectan a varios países latinoamericanos.
Flores García insistió en que la seguridad no es un problema aislado de un país o una región, sino un desafío global que exige cooperación y trabajo conjunto para proteger la democracia y garantizar el bienestar de los ciudadanos.
- El pasado fin de semana, el periódico New York Times reveló que el presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas.
La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles, entre los que se encuentran las organizaciones mexicanas, lo que ha prendido las alertas en el gobierno mexicano.
El crimen organizado en las instituciones de América Latina
El poder del crimen organizado en América Latina -los carteles de la droga, los grupos criminales de tráfico de personas y la criminalidad transnacional- se ha extendido significativamente en las últimas décadas, según investigadores. De estar ligado principalmente al narcotráfico, ha pasado a ser un actor político y social con la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales, y de controlar e incluso alterar procesos democráticos.
Pero este fenómeno no es nuevo, explica a DW Steven Dudley, cofundador y director del centro de investigación InSight Crime: «Son formas de corrupción que existen porque las élites de poder tradicionales no tienen interés en crear estructuras para regular fuertemente las instituciones, a fin de no ser vigiladas en sus actividades”.
A juicio de Iván Briscoe, director de Política de International Crisis Group (ICG), el objetivo del crimen organizado sigue siendo sacar el mayor rédito económico posible, «aprovechando la porosidad del Estado a los intereses privados y explotando redes privadas de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo”.
Los métodos de infiltración del crimen organizado
¿De qué manera actúan esas redes criminales? «La delincuencia organizada captura al tejido económico para usar a empresas legales como infraestructura de producción y distribución, y el sistema político le permite contar con la protección de sus mercados para seguir con la distribución, a través de la corrupción y el lavado de dinero”, dice al respecto el investigador y académico Edgardo Buscaglia, director del International Law & Economic Development Center.
- «Este fenómeno va en aumento debido a una mayor captura del tejido político y social, porque, a la vez, están disminuyendo los índices de desarrollo humano, y eso alimenta los niveles de ingreso de la delincuencia organizada,” subraya Buscaglia, autor de una docena de libros sobre el tema.
- Por su parte, Sandra Pellegrini, analista de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), que investiga la violencia contra actores políticos en la región, indica a DW que «esos grupos tienen diversas estrategias para infiltrarse en la administración pública, en los círculos de poder y en los procesos de tomas de decisiones, pero esas estrategias son poco visibles y muy difíciles de medir, en especial, si la capacidad de investigación en cada país está debilitada”.
Gobiernos dictatoriales y democracias
«Las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura son un parte fundamental en los casos de corrupción más grandes de las últimas dos décadas, que fueron en Brasil los de Petrobras y Odebrecht, y allí el crimen organizado no fue responsable de todos los actos de corrupción”, aclara Briscoe. «Pero si hay canales de corrupción y de tráfico de influencias, normalmente también estará presente la criminalidad organizada”.
El experto resalta, por otra parte, las diferencias entre gobiernos autocráticos y regímenes dictatoriales, y los sistemas democráticos. «En las democracias, el clientelismo criminal no llega a los extremos que se dan en los sistemas dictatoriales”, destaca. Y ejemplifica con el caso de Venezuela.
«Venezuela es uno de los países donde vemos los acuerdos más fuertes entre el crimen organizado y la política. Hay evidencia de acciones judiciales de Estados Unidos contra los nexos de los cárteles del narcotráfico con militares y con el Gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre conexiones entre militares y la minería ilegal en el sur del país”, sostiene Briscoe.
Colombia tiene mayor capacidad de combatir la delincuencia organizada, contrasta Buscaglia. Pero los grupos criminales «se han atomizado, generando una violencia cada vez mayor». Aunque «en Colombia, la violencia es más política que generada por la delincuencia organizada”, destaca, en referencia al atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.
Caballo de troya del crimen organizado: las campañas electorales
La forma más común de infiltración de organizaciones criminales en la política es a través de la financiación de campañas electorales, según los investigadores. «Se potencia el pago de sobornos a cambio de protección, por ejemplo, en las rutas del narcotráfico”, detalla Pellegrini. «Esos grupos también ofrecen seguridad privada o movilización de votantes, algo muy claro en el caso de Haití”.
- Eso también pudo constatarse en México, durante fases de transición democrática, dice Briscoe: «Aprovechan la fragmentación del Estado para dirigirse a los puntos débiles, donde pueden explotar la corrupción y la complicidad para abrir espacios para sus negocios”, pondera. «En el caso de México, es el famoso ‘Plata o plomo’, para corromper a alcaldes, jueces, fiscales de distrito”.
- «A través de la corrupción política controlan a los jueces, exigiendo que no se avance en investigar determinado caso en el que una empresa amiga les financia la campaña electoral. Y algunos jueces, generalmente dependientes de los políticos, obedecen”, consigna Buscaglia.
Para Steven Dudley, «esos grupos no debilitan a las instituciones, sino que estas ya estaban debilitadas, y el Estado no responde a las necesidades de la población, sino a los de esos grupos criminales. Se trata de un sistema depredador en el cual ya nadie confía, y eso es como una profecía autocumplida”.
«En Latinoamérica -salvo excepciones, como Chile o Colombia- se auditan muy poco los dineros de campaña. No hay auditorías en México ni en Argentina. Eso hace que la política siga siendo un canal de protección de las actividades mafiosas de esos grupos”, puntualiza Buscaglia.
Por su parte, Sandra Pellegrini, la investigadora de ACLED, resalta además que «la coerción violenta no solo disuade a los candidatos, que se retiran de las campañas, sino que también reduce la participación en zonas de alta violencia”.
La influencia de los clanes políticos
«El dinero sucio en las campañas electorales en México o Colombia, por caso, van de la mano de los poderes locales autoritarios en los llamados enclaves políticos, gobernados por familias o clanes donde hay complicidad de los políticos con las organizaciones criminales”, señala Briscoe, del ICG. Y enumera casos notorios en la costa atlántica de Colombia y en el departamento de Petén, en Guatemala.
- Sandra Pellegrini recuerda que hubo nexos comprobados entre grupos criminales y las fuerzas del orden y las autoridades en varios países, como México, Honduras, El Salvador y Ecuador. Para ella, «es importante hacer visibles los actos de violencia contra políticos” para contrarrestar el poder de los grupos criminales.
- ¿Qué estrategias podrían frenar esta evolución? «Una acción transparente por parte de comisiones de investigación parlamentaria”, explica Briscoe. «Un sistema de auditoría de acciones públicas y, en el sistema judicial, la persecución de los crímenes, que fortalezca a la Justicia”. Y recuerda a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en Guatemala, que intentó limpiar al Estado de los intereses criminales y corruptos, además de encaminar reformas legales.
«La gente acude a la delincuencia organizada como un mecanismo para sobrevivir”, subraya, por su parte, Buscaglia. «Los indicadores de desarrollo están colapsando en América Latina. Cuando el Estado falla en garantizar los derechos humanos fundamentales, eso alimenta a la delincuencia organizada”, concluye.
El Banco Mundial insta a América Latina a priorizar la lucha contra el crimen organizado
Es imperativo que los países de América Latina prioricen de una vez por todas la lucha contra el crimen organizado. La advertencia es del Banco Mundial, que en su último reporte sobre el tema, presentado este lunes en Washington, dibuja un escenario tan sombrío como complejo de resolver.
- “Su dominio ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil o México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países”, dice el informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe. Las consecuencias negativas de este crecimiento son múltiples, dice el Banco Mundial, y llama la atención sobre la poca efectividad de las políticas de “mano dura” contra el crimen, tan en boga en países como El Salvador y Argentina, si son acompañadas por “medidas de prevención a largo plazo”.
- “El crimen organizado y la violencia obstaculizan el camino hacia el desarrollo”, dice el Banco Mundial, y enumera una larga lista de consecuencias negativas para el crecimiento económico.
“La incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de las empresas y reducen su competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos del gasto en salud, educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas; las víctimas de violencia ven reducida su capacidad para acumular capital humano; los delitos a activos o propiedades erosionan el capital físico; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen organizado pierden sus libertades básicas; la infiltración en las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de servicios esenciales”, desgrana el texto.
- El informe llama la atención sobre los altos niveles de violencia letal que registra América Latina con respecto a otras regiones.
- “Aunque representa solo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en América Latina fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a ocho”. El problema se produce en un contexto de instituciones débiles que “agravan el problema en lugar de mitigarlo.
“La lucha contra el crimen organizado se ve obstaculizada por deficiencias en los sistemas carcelarios, las fuerzas de policía y los sistemas de justicia. En muchos lugares, los grupos de crimen organizado han tomado el control de las cárceles y gestionan el crimen desde adentro”. Las políticas de“mano dura” son, en este escenario, fuertemente dependientes del contexto específico en que se implementan y estas estrategias son, con frecuencia, contraproducentes”, advierte el Banco Mundial.
Falta de oportunidades
“El crimen organizado se alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y la debilidad institucional”, dice el informe. Y advierte que cualquier solución sostenible en el tiempo debe atacar esas falencias. “En el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad”, dice.
En lo inmediato, sin embargo, es necesario fortalecer el poder del Estado en seguridad, priorizando la capacidad de las cárceles, con una mejor policía y una justicia que “mitigue las expresiones más dañinas del crimen organizado y controle su expansión”.
“También debe dar prioridad a intervenciones de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales. Ambos esfuerzos requieren mejores datos y estudios para orientar el diseño de las políticas públicas (…) La prevención no puede reemplazar las políticas de seguridad, pero es un complemento fundamental. Igualmente, una buena política de seguridad sin medidas de prevención será insuficiente en el largo plazo”, concluye./Agencias-PUNTOporPUNTO
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