Periodistas y ciudadanos de distintos estados de la República acusan que instituciones como las fiscalías de justicia estatales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) son utilizadas para censurar bajo el argumento de cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, constitucionalistas advierten que esta valiosa herramienta, cuyo propósito es proteger a las mujeres en la política, se ha desvirtuado ante señalamientos de corrupción o críticas por el actuar de una servidora pública.
- “A las mujeres nos discriminan, nos tachan por todo. Y es precisamente que ese tipo de distinciones, de exclusiones es lo que se busca proteger con la finalidad de que se cierre esa brecha histórica en la participación política de las mujeres que puedan acceder a cargos públicos y estar protegidas de este tipo de violencias.
“Pero obviamente, es sumamente triste que, si a una mujer se le señala de corrupta, la violencia política contra las mujeres en razón de género se convierta en un arma para censurar a un periodista, sobre todo utilizando instituciones como las fiscalías o al propio INE”, dice la constitucionalista Andrea Sedeño.
Las denuncias han provenido de servidoras públicas ligadas al partido hegemónico, que han sido cuestionadas sobre actos cometidos durante su labor.
- El INE define la violencia política contra las mujeres en razón de género como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
- No obstante, a decir de constitucionalistas, esta valiosa herramienta, cuyo propósito es proteger a las mujeres en la política, dado que constantemente son sujetas a difamaciones de todo tipo, se ha desvirtuado ante señalamientos de corrupción o críticas por el actuar de una servidora pública.
Uno de los casos más relevantes de estos últimos meses, fue el del periodista Héctor de Mauleón, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas le ordenó, así como a su casa editorial, EL UNIVERSAL, eliminar su columna titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, publicada el 1 de mayo de 2025, en la que aborda un oficio del general Luis Cresencio Sandoval en el que solicita la apertura de una investigación al exadministrador de Operación Aduanera Juan Carlos Madero Larios, por la presunta “existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol”.
También señala la relación familiar de Madero Larios con Tania Contreras López, exconsejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y actualmente presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Otro más fue el de Karla María Estrella Murrieta, ciudadana que recientemente fue sancionada por el TEPJF, tras una denuncia presentada por Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna.
- Karla resultó sancionada por violencia política de género, tras realizar una serie de publicaciones en redes sociales que según el Tribunal, atentaron contra los derechos de Barreras Samaniego. Tras un largo proceso legal, Karla cumplió con los requisitos establecidos, como tomar un curso de sensibilización, pagar una multa, y ofrecer durante 30 días disculpas públicas.
- Una de las críticas más fuertes que Karla tiene hacia el sistema es cómo el Tribunal Electoral está utilizando su poder para imponer sanciones que parecen más políticas que jurídicas.
- “El Tribunal está tomando decisiones que no se ajustan a la ley de manera consistente. ¿Por qué en mi caso se decidió que cometí violencia de género y en otros casos no? Me parece que las decisiones no están siendo objetivas, sino que dependen de quién es la persona denunciante o de la presión política”, menciona.
A decir de Karla Estrella Murrieta, “México enfrenta una era de censura encubierta. Las sanciones no solo afectan a las personas como yo, tienen un impacto mucho más amplio en la sociedad. Cuando alguien ve que puede ser sancionado por opinar, se genera un ambiente de miedo, (…) pronto todos vamos a temer hablar libremente”.
Recientemente, también se conoció el caso del medio El Tlacolol, en Chilpancingo, Guerrero, al que el INE acusó de haber inducido al voto durante las pasadas elecciones judiciales y por violencia política de género por una nota que difundió.
Para Arturo de Dios Palma, quien junto a Emiliano Tizapa y Jesús Guerrero dirige desde hace un año esta plataforma de noticias, no hay duda de que “el INE se está prestando a la censura, para tratar de callar a críticos en lugar de garantizar la libertad de expresión. No está siendo muy claro también para generar criterios en qué casos sí y en qué casos no.
“Parece que en todos los casos que puedan justificar con violencia política de género de inmediato van a provocar la censura”. El texto acusado se titula Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial, publicado por El Tlacolol el 28 de mayo pasado; expuso cómo la administración de la gobernadora de esa entidad, la morenista Evelyn Salgado, preparó una operación para inducir al voto con el reparto de los famosos acordeones a todas y a todos sus funcionarios y trabajadores.
- En ese trabajo también se destacó que “la jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, era la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que ganara la elección del pasado 1 de junio para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero”. Agrega: “Mora Silva es esposa del magistrado local, Paulino Jaimes”.
- A decir de Palma, el INE responde a la lógica del poder y no a la defensa de los derechos.
“El mismo INE que no emitió una sola palabra cuando se repartieron sin ton ni son los famosos acordeones, se activó con agilidad para perseguirnos”, comenta el periodista de 43 años.
Un caso más fue el que enfrentaron los bajacalifornianos Jorge Heras y Eduardo Villa con su podcast Ciudad Capital, en el que en junio pasado hablaron sobre la candidatura de Nancy Ávila Ruiz en los comicios electorales del pasado 1 de junio y su involucramiento en un asunto de violencia familiar.
La ahora jueza del Poder Judicial local los denunció por violencia política de género ante el Instituto Estatal Electoral y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y los periodistas tuvieron que eliminar ese extracto donde se le mencionó a Ávila Ruiz.
Tanto Heras como Villa no pueden mencionar el nombre de la jueza. Se deben referir a ella como “NAR” o Nancy Dato Protegido, ya que de lo contrario se enfrentarían a una sanción.
“Como periodista considero que el tema de la violencia política de género representa una herramienta muy valiosa, lástima que es utilizada políticamente y de manera dolosa para que no se hable de funcionarias de primer nivel”, dice Heras.
Y agrega: “En esta espiral de violencia de la cual los periodistas no estamos excluidos, porque somos un objetivo para grupos de crimen organizado, y para grupos políticos también, (…) tendríamos que estar caminando con abogados o con un amparo bajo el brazo para que no puedan no solamente censurarnos, sino nos lleven a un juicio”.
- Menciona Eduardo Villa que el partido hegemónico tiene el poder absoluto en los tres Poderes de la Unión y ahora están ampliando el margen de las instituciones que pueden utilizar al como una herramienta de censura.
- “Para mí, todo esto es muy autoritario. Pero, me parece que tanto la sociedad, así como los medios de comunicación no podemos bajar la guardia, porque no podemos permitir que se nos coarte la libertad de expresión”, considera.
Comenta que 80% de los periodistas no tienen la capacidad económica para contratar los servicios de un abogado para enfrentarse a una denuncia de este tipo.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, menciona que México ya de por sí es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y uno de los más peligrosos del mundo, a lo que ahora se le suma el acoso judicial por parte de instituciones del Estado, lo que lo hace aún más vulnerable.
“Las condiciones están dadas para que cualquier autoridad y cualquier persona política, incluso aspirantes a cargos públicos, como ya lo vimos en el proceso electoral de este año, pueda acosar a la prensa. O sea, en realidad las condiciones están dadas en las leyes y también en la manera en cómo están resolviendo los jueces. Y a la luz del cambio del Poder Judicial se vislumbra que sus integrantes van a resolver a favor de los intereses del Estado y no a favor de los derechos de la ciudadanía”, opina.
Para Raúl Contreras Bustamante tanto el INE como las fiscalías estatales son órganos constitucionales autónomos, por lo que así deben conducirse, no como herramientas políticas.
- “Entonces, estamos hablando de dos órganos constitucionales autónomos que dentro de las facultades expresas no deberían tener ninguna posibilidad de tratar de conculcar la libertad de expresión”, precisa.
El constitucionalista enfatiza que la libertad de expresión es consustancial a la democracia, por lo que si no existen libertades y no hay democracia, tampoco habrá libertad de expresión./Agencias-PUNTOporPUNTO
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