Todo comenzó a principios de la pandemia en 2019. Yo me encontraba en una reunión en Ciudad de México cuando un colega de una ONG enfocada en migrantes en Estados Unidos me avisó que necesitaba ayuda: un compatriota había sido secuestrado en Guadalajara. Le respondí: «Déjame ver qué podemos hacer, haré algunas llamadas. ¿Ya presentaron la denuncia ante las autoridades?». Me confirmó que sí.
Tuve la suerte de que ese día, por cuestiones de mi trabajo, estaba acompañado por un empresario del ramo de la seguridad privada, quien era el director de la compañia. Le comenté el caso y me recomendó hablar con una persona de su equipo que atendía temas de secuestros, pues solían enfrentar situaciones similares cuando secuestraban a personal en distintas localidades de México. Rápidamente llamó al señor Carlos; le expliqué que el migrante trabajaba en una panadería y que, en su día libre, fue a acompañar a un amigo a un municipio cercano a Guadalajara. Desde ese día no habían logrado encontrarlo y ya habían pasado casi 48 horas. El señor Carlos me respondió: «Eso no es un secuestro, eso es un levantón que hacen los cárteles para averiguar si las personas que se encuentran en su zona no son enemigos, policías o criminales de otros cárteles. ¿Tiene familia o amigos en Jalisco?» Le dije que sí. Me pidió que me comunicara con ellos para que fueran a las radios o medios de comunicación más cercanos y expusieran el caso, señalando que era un refugiado, que venía de Venezuela y que era una persona honesta, lo más pronto posible. Así lo hicimos, y el muchacho y su compañero mexicano fueron liberados en unas 24 horas. Al parecer, a los cárteles no les conviene que la zona se «caliente» por la presencia de autoridades en búsqueda, ni mantener a una persona que no tiene dinero ni razón de ser en su mundo, pero ese día algo había cambiado.
El problema no paró aquí; lamentablemente, la situación empeoró. Habíamos denunciado ante el gobierno mexicano y diversas instituciones internacionales ONU que, tras la pandemia, llegarían muchos migrantes por el Darién, el paso selvático entre Panamá y Colombia. Solicitamos que se elaborara un plan, ya que la inseguridad podría convertirlos en víctimas de extorsión. Desde la frontera sur con Guatemala, en Tapachula, Chiapas, hasta Matamoros, Tamaulipas, hay aproximadamente 1,900 kilómetros: es la frontera norte de México, al sur del Río Bravo, y colinda con Brownsville, Texas, Estados Unidos. En este trayecto se pueden cruzar unos 200 municipios, en muchos de los cuales se exige pago por derecho de paso; organizaciones criminales, cartelesl, polleros, coyotes o bandas locales detienen a los migrantes, exigen dinero, les quitan sus pertenencias y, en ocasiones, los obligan a realizar trabajos forzados.
En 2019, en Tijuana, Baja California, se documentó el primer caso de un migrante secuestrado y retenido durante dos semanas que empezaria un crecimiento del problema a niveles alarmantes. Los grupos criminales descubrieron que el secuestro de migrantes podía convertirse en un negocio lucrativo, obteniendo desde cien hasta miles de dólares por llamadas realizadas a familiares, quienes depositaban el dinero en tarjetas de crédito y debito mexicanas. Este modus operandi generó ingresos millonarios para los delincuentes. Conforme comenzaron a llegar más caminantes, los levantones dejaron de ser únicamente para identificar si eran miembros de otros cárteles y pasaron a ser secuestros una estrategia para exigir dinero y no se sabe hasta donde llegan las ramificaciones de este dinero. Al principio, pedían entre 50 y 100 dólares; con el tiempo, los montos llegaron a superar los 10 mil dólares y familiares de migrantes perdieron sus casas y todo lo que tenian. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que, en los últimos diez años, más de 70,000 personas migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.
Muchos de los migrantes no van a EEUU muchos desean quedarse en México, las cifras de asilo-refugio hasta junio de 2020, ya se habían registrado 78,619 solicitudes en México, en los primeros cinco meses de 2021, se presentaron 41,195 solicitudes, una cifra que superó con creces el total de 2020.2022, el informe de ACNUR indica que la cifra total de solicitudes en 2022 fue de 14 915. Además, se destaca que, en conjunto, la cantidad total de solicitudes (sumando 2021 y 2022) duplicó a la registrada en 2021. Esto implica que en 2021 pudo haber habido alrededor de 7,000 a 8,000 solicitudes, aunque la cifra exacta anual no está clara.
En 2023, fue un año récord con más de 140,000 solicitudes de asilo presentadas en México, superando ampliamente el máximo anterior registrado en 2021, en 2024 se registraron más de 78 900 solicitudes de refugio-asilo.
Contexto adicional, a pesar del aumento en años recientes, en 2021 y 2022 las cifras fueron significativamente menores que en 2018–2019, cuando se registraron 29,631 solicitudes en 2018 y más de 60,766 en los primeros diez meses de 2019. La gran subida en 2023 refleja una presión migratoria creciente y destaca a México como uno de los cinco países que más solicitudes de asilo-refugio recibió a nivel mundial ese año.
En 2023 fue famoso el caso de cuatro migrantes venezolanos secuestrados Angie de 23 años, de 23 años, Deiby de 28 años, y Reiker de 24 años, venían desde Medellín Colombia el 11 de julio salieron de Panamá, el 24 de julio salieron de Monterrey a Matamoros, contactaron a un coyote, por un retraso de 20 minutos en Rio Bravo, llego al sitio un grupo de hombres armados con fusiles, los encañonaron, los despojaron de todas sus pertenencias y se los llevaron. El 26 de julio contactaron con sus familiares vía Whatsapp que se encontraban en Caracas y Apure, para pedir dinero y empezar la negociación. Esta historia tuvo un final feliz porque se ejerció mucha presión de los medios de comunicación y ONG, fueron liberados el 31 de Julio de 2023 en otros casos otros migrantes no corrieron con la misma suerte.
Las denuncias de personas solicitantes de refugio y refugiadas sobre malos tratos y abusos en México están bien documentadas. Aunque el país tiene una larga historia como receptor, lugar de tránsito y origen de migrantes, existe una brecha considerable entre la conciencia social sobre el tema y la respuesta de las autoridades. Las condiciones inhumanas en los centros de detención migratoria persisten desde hace años; un caso especialmente grave ocurrió en 2023, cuando un incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez dejó 40 personas muertas y 27 heridas, la mayoría de nacionalidad venezolana. Sobrevivientes narraron que estaban encerrados sin acceso a agua, alimentos o protección y denuncian la frecuente exigencia de sobornos para evitar la deportación, una práctica que, según reportes, se volvió común ese año.
Los retrasos y la saturación en el sistema de asilo han sobrecargado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Diversas ONG han denunciado que existen más de 11,000 casos de solicitud de asilo sin respuesta; de las aproximadamente 35,000 solicitudes de refugio registradas este año en México, oficinas como la de Tapachula han llegado a recibir hasta 1,000 solicitudes diarias, lo que genera largas esperas e impaciencia entre las personas afectadas. En un caso, migrantes irrumpieron en la oficina exigiendo sus documentos debido a la acumulación de trámites pendientes.
Los abusos y condiciones precarias en la frontera sur, en entornos fronterizos, solicitantes han denunciado constantemente, demoras severas y condiciones inhumanas para obtener estatus legal o protección. Muchos quedan varados durante meses en condiciones deplorables.
La violencia, extorsión y amenazas, a refugiados y solicitantes que están expuestos a extorsiones, tráfico de personas, secuestros y violencia por parte de redes criminales. Organizaciones como HRW y NRC han documentado estos riesgos especialmente en rutas migratorias.
La falta de acceso a servicios básicos e integración, muchos no pueden obtener documentación para trabajar, acceder a atención médica o en algunos casos inscribir a sus hijos en la escuela, lo que genera estancamiento socioeconómico.
La desinformación y la falta de orientación confiable, así como la escasez de información oficial, complican el entendimiento del proceso de asilo y los derechos disponibles para las personas migrantes. Esta situación dificulta la planificación y aumenta su vulnerabilidad. En este sentido, Venemex (Asociación de Venezolanos en México A.C.), en colaboración con essavant.com, creó un chat migratorio para brindar ayuda informativa a migrantes; desde diciembre de 2024 han atendido a aproximadamente 60,000 personas. El número de contacto es +52 720134 6482. Además, la COMAR ha realizado esfuerzos para digitalizar los trámites este año mediante la web https://comar-sire.segob.gob.mx/pre-registro/pub/inicio, una iniciativa que merece reconocimiento.
Los recortes presupuestarios y la ausencia de una política migratoria clara han afectado gravemente a las personas migrantes en México. En 2025, la COMAR sufrió una reducción presupuestaria del 6.5% respecto a 2024, así como cambios en el personal, lo que ha ralentizado aún más las respuestas y obstaculizado la integración de migrantes. Al carecer de documentación, muchos terminan en el subempleo, sin acceso a educación, y a menudo tampoco cuentan con pasaportes vigentes, lo que impide abrir cuentas bancarias. En muchos casos, los gobiernos autoritarios como la dictadura de Nicolas Maduro dificultan o imposibilitan la renovación del pasaporte, condenando a estas personas a la marginación social sin posibilidad de integrarse.
Dado que las personas migrantes no votan, su situación no suele ser prioridad para las autoridades, cuya política tiende a ser electoralista. Como consecuencia, cada vez hay más personas en situación de vulnerabilidad y fuera del sistema, lo que incrementa los problemas sociales, la delincuencia y profundiza las dificultades actuales, como la falta de acceso a la justicia. México es un gran país: necesitamos mirar y atender a quienes llegan en busca de una vida mejor.
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