La corrupción en México es una enfermedad sistémica que, en el ámbito de la seguridad, no solo debilita al Estado, sino que también tiene un efecto corrosivo directo sobre la vida y el bienestar de sus ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno marginal, se ha convertido en una pieza central del engranaje delincuencial, garantizando la impunidad y permitiendo la operación de redes criminales que, de otra forma, serían fácilmente desmanteladas. Analizar la corrupción en este contexto exige ir más allá de los actos de soborno individuales, para entender tres de los principales problemas estructurales que la definen: la impunidad generalizada y la debilidad institucional, la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad y la opacidad inherente a la militarización de la seguridad pública. Estos tres ejes se entrelazan para crear un ciclo vicioso de desconfianza y violencia que parece inquebrantable.
El primer y más fundamental problema de la corrupción en la seguridad es la impunidad. Es el motor que alimenta todas las demás formas de ilegalidad, ya que garantiza que los actos criminales queden sin castigo, lo que a su vez incentiva la repetición del delito. En México, la impunidad no es un simple resultado de la ineficiencia; es, en muchos casos, el producto de la corrupción que permea el sistema de justicia. Los ciudadanos se enfrentan a una cruda realidad: un soborno puede evitar una multa, un pago a un oficial puede liberar a un detenido, y la manipulación de pruebas puede absolver a un criminal de un delito grave. Esta dinámica socava la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública, desde las corporaciones policiales municipales hasta las fiscalías estatales. La policía, a menudo el primer punto de contacto entre el ciudadano y el Estado es vista con sospecha. La falta de salarios dignos, la escasa capacitación y la ausencia de controles de confianza efectivos crean un terreno fértil para la extorsión y la complicidad con el crimen. Los policías que intentan hacer su trabajo de manera honesta se enfrentan a un dilema moral y, a menudo, a una amenaza real a su seguridad personal.
El segundo problema, y quizás el más peligroso, es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad del Estado. A diferencia de la corrupción tradicional, que se enfoca en beneficios económicos personales, la infiltración busca cooptar a los cuerpos de seguridad para fines estratégicos: la expansión territorial, la protección de rutas de tráfico y la eliminación de competidores. Los grupos criminales han desarrollado un sofisticado sistema para corromper a agentes, fiscales y funcionarios, utilizando tanto la fuerza del soborno como la amenaza de la violencia. La oferta de dinero es tan abrumadora que, para muchos agentes de bajo rango, la decisión es un cálculo de supervivencia. Sin embargo, la infiltración no se limita a la base; se ha documentado la presencia de criminales en altos mandos policiales y en puestos clave dentro de las instituciones de seguridad. Esta penetración permite que los cárteles no solo operen con impunidad, sino que también usen a las propias fuerzas del Estado como sicarios o para eliminar a sus rivales.
El tercer gran problema de la corrupción en la seguridad es la opacidad que ha traído la militarización del sector. Ante la evidente debilidad y corrupción de las corporaciones policiales civiles, el Estado mexicano ha optado por transferir cada vez más responsabilidades de seguridad a las Fuerzas Armadas y, más recientemente, a la Guardia Nacional. La lógica detrás de esta decisión es que los militares, por su disciplina y estructura jerárquica, son menos susceptibles a la corrupción. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser un arma de doble filo y no siempre efectiva, ya que las instituciones militares no fueron diseñadas para la seguridad pública; su entrenamiento y estructura están orientados a la defensa nacional y el uso de la fuerza letal. Esto puede llevar a violaciones de los derechos humanos y a un uso desproporcionado de la fuerza, problemas que se agravan por la dificultad de investigar y procesar a los militares en el fuero civil.
En síntesis, estos tres problemas principales están relacionados, pero son interdependientes; la impunidad permite la infiltración, y la militarización, aunque busca combatirla, crea nuevas vías para la corrupción. Poner fin a este ciclo vicioso no será posible con soluciones simplistas. Se requiere una estrategia integral que se centre en la depuración y profesionalización de las fuerzas policiales, en la reforma del sistema de justicia para garantizar que los crímenes sean castigados, en el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y, sobre todo, en la construcción de una cultura de legalidad y transparencia en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Solo entonces, la seguridad dejará de ser una promesa vacía para convertirse en un derecho tangible para todos los ciudadanos.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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