La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que, con la reforma constitucional sobre extorsión que impulsará el Congreso de la Unión, México contará con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar de manera eficaz este delito.
- En un mensaje en las redes sociales, recordó que el pasado 18 de septiembre las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso «a» de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.
La presidenta de la Mesa Directiva adelantó que este proyecto, que se deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se discutirá en el Pleno de la Cámara de Senadores esta semana.
Una vez aprobada por el Senado y los congresos estatales, la reforma constitucional podrá entrar en vigor, por lo que el Congreso contará con un plazo de 180 días para avalar la legislación secundaria.
- De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el delito de extorsión es de jurisdicción concurrente, pues se encuentra previsto tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de las entidades federativas, “lo que conlleva a que esté regulado generalmente con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus agravantes, modalidades y penalidades”.
- Además, la incidencia del delito varía por entidad federativa de manera significativa, ya que, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8% de las víctimas desde 2024 y hasta enero 2025, y tan solo el Estado de México acumula el 33.1%.
El documento señala que un obstáculo que se presenta en el combate de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas. Actualmente, los códigos penales Federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en los diferentes códigos.
Además, mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca va de uno a tres años, y en Chihuahua oscila entre cinco y 30 años, por citar algunos ejemplos, “por lo que esta disparidad podrá ser corregida con la aprobación de la reforma constitucional”, subrayó la presidenta del Senado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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