
Miren ustedes estimados ciberlectores, aunque no han ocupado cargos públicos, José Ramón, Andy y Gonzalo han estado en el centro de investigaciones periodísticas y judiciales, convirtiéndose en protagonistas involuntarios de la agenda política mexicana, incluso tras el fin del sexenio de su padre.
En 2025, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por una red de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina.
Miguel Ángel Solano Ruiz, referido en investigaciones como ‘Capitán Sol’.
Roberto Blanco Cantú, conocido como ‘El Señor de los Buques’.
Dichos personajes habrían participado en el contrabando de combustible y cuentan con órdenes de aprehensión. Sin embargo, están prófugos de la justicia.
Sin embargo, Andy negó públicamente haber tramitado esos recursos: “En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo”, aseguró en un comunicado.
Aunado a esto, investigaciones periodísticas señalaron que Gonzalo “Bobby” López Beltrán participó en una reunión en 2021 en un departamento de Polanco con Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante ligado a la red de huachicol.
Un testigo protegido, a quien denominaron “Santo” declaró a la FGR que uno de los hijos del expresidente habría encubierto esa red de contrabando de combustibles, reforzando las sospechas en torno a Gonzalo.
Su testimonio aparece en un expediente de la Fiscalía sobre el contrabando de combustible, presentado en algunos medios periodísticos.

Facturas filtradas revelaron que gastó más de 178 mil pesos en hospedaje, comidas y servicios en el hotel The Okura, además de ser captado a las afueras de una boutique de Prada en la zona de Aoyama.
A través de una carta, el hijo del expresidente López Obrador acusó a sus adversarios de mandar a espías para tomarle fotografías y emprender una campaña de linchamiento político. Sostuvo que luego de las extenuantes jornadas de trabajo, solicitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, salir de vacaciones. Negó haber abordado un avión privado o del ejército, ni se hospedó en un hotel de 50 mil pesos por noche y aseguró que gastó 7.500 pesos diarios.

López Beltrán y su familia estuvieron dos semanas hospedados en dicho resort, lo que podría representar un gasto de 137 mil pesos, en su gama más baja, precio que podría aumentar contando con las amenidades propias de un hotel con categoría de cinco diamantes.
Lo destacado es que el hotel es propiedad del empresario Daniel Chávez, que fue beneficiado en el pasado sexenio de su padre, pues obtuvo la ampliación de tres concesiones federales para operar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero.
En 2021, investigaciones periodísticas revelaron que estos negocios se habrían beneficiado indirectamente del programa Sembrando Vida.
AMLO desmintió los señalamientos: “Se trata de una investigación mentirosa, sin fundamentos”, dijo en una conferencia matutina.
Además, el nombre de Andy ha aparecido en reportajes sobre contratos favorecidos a través de su amigo Jorge Amílcar Olán, pieza central de la red conocida como El Clan, que obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y federales.
Reportajes de varios medios de comunicación documentaron que El Clan entregó balasto defectuoso para la construcción tras sobornar a laboratorios que debían certificar la calidad del material.
En 2025, dos descarrilamientos en el Tramo 3 reforzaron las críticas.
En una de las conversaciones filtradas, Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo, dijo en tono burlón: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”. Y tiempo después ¡que se descarrila!
“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés”, respondió José Ramón en un comunicado.
En 2022, la FGR abrió una investigación tras una denuncia del PAN.
Un año después, se dio a conocer que el mismo día en que José Ramón ocupó la casa, Pemex firmó un contrato con una filial de Baker Hughes en Houston, y en las semanas posteriores se suscribieron otros siete convenios más, lo que reforzó las acusaciones de conflicto de interés.


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