La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, «heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia» y «con una impunidad casi total», sentenciaba la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en un reporte de febrero de 2025.
- Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios diarios en México han caído un 14 por ciento en los primeros seis meses de la presidencia de Sheinbaum.
- En marzo de 2025, se registraron en promedio 74,7 asesinatos al día, en comparación con los 86,9 en septiembre de 2024, el último mes de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, habrían disminuido en un 15,4 por ciento los delitos de alto impacto en el primer semestre de la presidenta mexicana, en el que se produjeron más de 17.000 detenciones.
- Para Sheinbaum, la reducción de homicidios evidencia el éxito de su estrategia de militarización de la seguridad en México, que pretexta se basa en la atención a las causas de la violencia, el uso de la inteligencia y la coordinación entre las autoridades.
Diferentes estrategias, todas sin éxito
Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), destaca cuatro estrategias de seguridad diferentes, que el Estado mexicano ha implementado «sin éxito» desde el año 2000.
En la lucha contra el crimen organizado, el expresidente Vicente Fox (2000-2006) apostó por la joven Policía Federal Preventiva, lo cual habría permitido a los cárteles del narcotráfico «fortalecerse de forma silenciosa», dice el académico.
- Cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la «guerra al narcotráfico», la tasa de homicidios aumentó rápidamente. «Empezaron dos guerras, afectando mucho la seguridad pública.
- La guerra entre los cárteles y la guerra del Estado mexicano, principalmente las fuerzas militares, contra los cárteles», prosigue el Dr. Benítez Manaut.
- Un sexenio más tarde, pese a moderar la respuesta militar del Estado contra el crimen organizado, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) tampoco habría logrado reducir notablemente la tasa de homicidios.
- Y, finalmente, la estrategia preventiva de «abrazos, no balazos», con la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) priorizó programas sociales, habría beneficiado sobre todo al poderoso Cártel de Sinaloa.
- Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, «se ha vuelto a militarizar y endurecer la lucha contra las organizaciones criminales», sobre todo, de cara a las presiones del Gobierno estadounidense, pero siguen fallando, agrega el investigador del CISAN.
Modelos de seguridad «autoritarios»
En los últimos cien años, todos los modelos de seguridad del Estado mexicano han derivado hacia el «autoritarismo», señala Paloma Mendoza Cortés, del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (CESIG-ITAM).
- «Las únicas instituciones capaces de garantizar en grado variable la ejecución de las políticas de seguridad han sido las fuerzas armadas», apunta, y enumera diversos factores por los que las instituciones civiles no lo han logrado:
- «La corrupción, la vulnerabilidad de ser cooptados por el crimen organizado, la falta de actualización del adiestramiento y capacitación, la falta de liderazgo, la incompetencia de los altos mandos, así como el cambio constante de identidad y cultura organizacional».
Empresas criminales innovadoras
- En opinión de la experta en seguridad y defensa, la globalización y la democratización de la tecnología han impulsado el éxito de los modelos de negocio ilegales, últimamente, sobre todo, la inteligencia artificial.
La Dra. Mendoza Cortés resume «la paradoja de los intentos fallidos de la seguridad en México» de la siguiente manera:
- «Estamos hablando de empresas criminales multinacionales con gran capacidad de innovación, que son enfrentadas a través de instituciones conservadoras, con aversión al cambio y sujetas a recursos limitados, como son las fuerzas armadas».
«Señales esperanzadoras»
Pese a ello, prosigue, la iniciativa de seguridad de la presidenta Sheinbaum está dando «señales esperanzadoras», sobre todo, porque «otorga el lugar que le corresponde a la inteligencia» y porque, «al menos en la comunicación institucional, queda claro que es un trabajo conjunto, donde los militares no poseen un papel protagónico», observa la académica del CESIG-ITAM.
Por otro lado, remarca que «no existen muchos avances en el sector social».
Por su parte, la organización de derechos humanos HRW tiene recomendaciones concretas para el Gobierno mexicano, como mejorar la coordinación entre las autoridades, atender la falta de capacidades básicas de investigación, proteger a víctimas y testigos, y fortalecer los mecanismos de control interno en las fiscalías.
Legisladores, encabezados por MORENA concretan la militarización
- En junio pasado, el Congres de la Unión de México aprobó una polémica reforma que, entre otras cosas, permite a elementos de la Guardia Nacional contender por cargos de elección popular, así como transferir a la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, en una decisión que ha desatado críticas de la oposición y ha vuelto a encender el debate sobre una posible militarización de las labores de seguridad.
La iniciativa, enviada al Legislativo Federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, llegó a Disputados y se aprobó sin discusión al Senado, quién la ratificó, aún con errores ortográficos y de redacción; de ahí a los Congresos de la Estados, y hoy es Ley Federal.
- Con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, diputados y diputadas aprobaron la ley de la Guardia Nacional. Esa corporación se estableció en 2019, en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como una institución de seguridad pública bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, desde su creación, este ente ha sido criticado por operar de manera cada vez más militarizada y por el hecho de que un gran porcentaje de sus elementos provienen del Ejército o la Marina.
De acuerdo con el artículo 44 de esta nueva reforma, integrantes de la Guardia Nacional que busquen ocupar una posición en la Cámara de Diputados deberán separarse de su cargo con 90 días de antelación. Y en caso, que contiendan para la Presidencia de la República, la recién aprobada reforma marca un lapso de seis meses previos a la elección.
Analistas alertan sobre militarización de México con la 4T
- Analistas coincidieron en que esta serie de reformas marca un cambio sustancial en relación con el sexenio anterior, al tomar la seguridad y llevarla al centro de la transformación.
“Se trata de un contraste muy importante respecto a la “no estrategia” del sexenio pasado”, opinó José Oliva Posada, experto en temas de seguridad nacional.
- Mientras que, para Gerardo Rodríguez, profesor investigador de la Universidad de las Américas, esta reforma equipara a México con otros países que han decidido tener un modelo de formación militar de su policía nacional.
“La Guardia Nacional va a ser la policía nacional de México, con preparación policial, con preparación de derechos humanos, como en Italia y Colombia”, detalló.
- Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina de este martes 24 de junio, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó que la ley de seguridad es “un instrumento para mejorarla con el fin de aportar elementos a la autoridad ministerial para la judicialización de perpetradores de violencia.
En ningún momento se invade la privacidad, en ningún momento se invaden datos personales ni entraremos en conversaciones de particulares”.
- La presidenta Claudia Sheinbaum priorizó la investigación coordinada entre las fiscalías estatales para lograr mayores capturas, y confió que el paquete de reformas en seguridad lo logre.
- “Lo que no queremos es que cada quien investigue por su lado. Lo que queremos es que se coordinen, para coadyuvar con el Ministerio Público que tiene como objetivo reducir la impunidad”, expresó la mandataria mexicana.
Tras la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, el proyecto se turnó a los senadores y senadoras para su revisión, posterior aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Omite controles de las fuerzas armadas en Seguridad Pública
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha manifestado públicamente su inquietud ante disposiciones que, según su análisis, ponen en riesgo los derechos de la población, profundizan la militarización y omiten establecer controles claros sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
- El paquete de reformas, actualmente en revisión por el Poder Legislativo, busca modificar el marco legal para adecuarlo a los cambios constitucionales recientes.
- Entre los puntos centrales se encuentra la transformación de la Guardia Nacional en una fuerza armada formal, eliminando su carácter civil.
De acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, los elementos de esta corporación solo podrán provenir del Ejército o la Fuerza Aérea, y deberán contar con formación militar como requisito principal, relegando la formación policial a un plano complementario.
- Esta modificación implica que los integrantes de la Guardia Nacional pasarán a regirse por un modelo de educación, reclutamiento, rangos, prestaciones y disciplina propios del ámbito castrense.
- Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que los guardias nacionales, al convertirse en militares, adquieran derechos similares a los de las Fuerzas Armadas, como la opción de solicitar licencias para competir por cargos de elección popular.
- Este derecho se otorgó a las Fuerzas Armadas desde 1986, y su extensión a la Guardia Nacional representa un cambio significativo en la relación entre las instituciones militares y la vida política del país.
Las reformas también amplían las facultades de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.
- Entre las nuevas atribuciones se encuentra la autorización para intervenir comunicaciones privadas en la persecución de delitos relacionados con hidrocarburos, así como la realización de operaciones encubiertas y el uso de usuarios simulados.
- Además, la corporación podrá investigar los hechos derivados de estas operaciones. MUCD advierte que estas medidas constituyen un contrasentido respecto a los principios de seguridad pública y civil, que reservan la investigación de delitos a autoridades civiles.
- La organización señala que, con esta transformación, se pasa de un modelo en el que civiles investigan a civiles, a uno en el que militares investigan a civiles, lo que podría tener implicaciones graves para los derechos humanos y el debido proceso.
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados no se limita a la Guardia Nacional. Incluye cambios que otorgan nuevas facultades en materia de seguridad nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente en el ámbito de la inteligencia.
A partir de la reforma, esta dependencia podrá procesar información mediante labores de inteligencia, requerir información de seguridad nacional al Consejo de Seguridad Nacional y coordinar acciones inmediatas para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
- Estas atribuciones refuerzan el papel de las fuerzas armadas en la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de seguridad nacional.
Un punto que ha generado especial preocupación es la omisión, en el dictamen, de la obligación constitucional del Congreso de la Unión de emitir la legislación necesaria para regular el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.
- Esta obligación deriva directamente de la Reforma Constitucional de septiembre de 2024, que estableció un plazo máximo de 180 días para su cumplimiento, vencido en marzo de 2025.
- MUCD subraya que, aunque el dictamen cumple con la homologación legal para convertir a la Guardia Nacional en una fuerza armada, no atiende la necesidad de establecer controles y regulaciones claras sobre el uso de la fuerza militar en el ámbito civil.
A lo largo de los últimos cuatro sexenios, MUCD ha advertido sobre los riesgos y los impactos negativos de la militarización de la seguridad pública.
En colaboración con víctimas, especialistas, organizaciones y activistas, la organización ha documentado violaciones a los derechos humanos derivadas de la participación de militares en tareas de seguridad, incluyendo el aumento de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como un incremento general de la violencia.
Según sus investigaciones, la estrategia de recurrir de manera excesiva a las fuerzas armadas afecta la prevención y atención de los delitos y contribuye a la impunidad.
- La expansión del poder militar no se limita al ámbito de la seguridad. MUCD advierte que el involucramiento de las fuerzas armadas se ha extendido a otras áreas de la administración pública, lo que, a su juicio, erosiona el gobierno civil y el Estado democrático de derecho.
- La organización sostiene que la militarización de funciones tradicionalmente civiles representa un retroceso en la consolidación de instituciones democráticas y en la protección de los derechos fundamentales.
- En este contexto, MUCD ha hecho un llamado enérgico a las y los legisladores para que no aprueben la reforma en los términos propuestos y para que abran espacios de diálogo que permitan fortalecer la vía civil en materia de seguridad pública.
La organización insiste en la necesidad de que el Poder Legislativo estudie a fondo el proyecto de reformas y corrija todos los aspectos problemáticos, con el objetivo de respetar los derechos de la ciudadanía y evitar una mayor profundización de la militarización en México.
México sin policía civil
- Las implicaciones de las leyes van mucho más allá de la arquitectura de seguridad interna de México, advierten académicos consultados por DW. Al ampliar la jurisdicción militar, otorgar poderes de inteligencia a la Guardia Nacional y abrir vías para que el personal militar ocupe cargos civiles, las reformas plantean serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.
Incluso, amenazan con erosionar la separación entre el poder civil y militar. «Se dejó a México sin policía nacional civil, dando a nivel federal toda la función de seguridad pública a cuatro corporaciones militares», resume Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). «Solo en un artículo dice que la Guardia Nacional tiene que responder a la Presidencia, pero eso no quedó confirmado en otras leyes y puede dar lugar a confusiones», apunta la experta.
- El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas también sonó las alarmas. «Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos», declaró la oficina en México via X.
Empoderar una fuerza con «pésimos resultados»
«Crecen las atribuciones de la autoridad militar, se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas, no se reforman las fiscalías y todo esto en un contexto en el que se debilita el poder judicial», resume Ernesto López Portillo las debilidades de la nueva estrategia de seguridad plasmada en las leyes.
- Para el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, esto profundiza un camino erróneo. «De 2006 a la fecha se ha multiplicado más de cinco veces el despliegue militar en tareas policiales y al mismo tiempo pasamos de nueve a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes», recuerda.
Además, las reformas tienen un diseño confuso, sin metas claras ni controles y evaluaciones independientes, apunta López Portillo. En su opinión, esto es grave porque «vamos a empoderar una Guardia Nacional, que tiene pésimos resultados».
Como ejemplo menciona un estudio de la Universidad Iberoamericana, donde se revela que cada efectivo de la Guardia Nacional detiene a 0,071 personas por año, comparado con 1,6 detenciones por un miembro de la Policía Preventiva.
«Y esto empeora si hablamos de la calidad de la formación de los elementos», puntualiza con un ejemplo: «Tenemos muchos testimonios de que los militares piden a civiles rellenar los informes porque no se sienten capaces o no quieren comprometerse jurídicamente».
- Ambos expertos lamentan que las reformas se hayan votado al vapor, sin consultar a expertos. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), por ejemplo, tuvo acceso a las casi mil páginas de reformas un par de semanas antes de iniciar las sesiones en el Congreso.
- «El diagnóstico pareció ser irrelevante y el escrutinio social lo ven como un obstáculo», considera López Portillo. «Nosotros propusimos un órgano supervisor de especialistas al Secretariado de Seguridad Pública, mandamos una propuesta a Morena (el partido gobernante), pero nunca nos contestaron».
Otro punto oscuro son las consecuencias que puedan tener las reformas sobre la pérdida de privacidad de los ciudadanos.
- El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por «las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad».
El trasfondo son los antecedentes de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas. El último escándalo estalló en 2019, con la filtración de informes de «Pegasus», por el nombre del software israelí con el que la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro Militar de Inteligencia vigilaron a más de 400 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente. /PUNTOporPUNTO
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