En la década de los 80´s del siglo pasado, el objetivo gubernamental estaba puesto en «vencer la crisis» y «recuperar la capacidad de crecimiento». La atención se desvió por completo hacia el saneamiento de las finanzas públicas, lo que indirectamente condicionó las prioridades de seguridad y justicia, limitando los recursos y la atención a estos ámbitos. La seguridad pública, como concepto con estrategias definidas, no fue detallada, lo que marca una diferencia conceptual con los planes posteriores que le otorgarían una visibilidad central.
Los primeros visos de la importancia de la seguridad vinieron en 1988, cuando la seguridad pública se enmarcó en el mismo nivel junto con la educación, la salud y la vivienda. El enfoque es esencialmente legalista, buscando «dar claridad y eficacia a las normas jurídicas y a la persecución del delito en todas sus formas». En este periodo, la estrategia de seguridad pública es aún incipiente, de naturaleza más correctiva y penal que preventiva o social.
No fue sino hasta 1994 cuando la seguridad representó un salto cualitativo en la definición de la seguridad pública, pasando de ser una demanda social a un objetivo fundamental del Estado. El enfoque se centra en la consolidación del Estado de derecho y la respuesta institucional ante la creciente delincuencia. Aquí, la estrategia ya no es solo legalista, sino de combate directo y profesionalización. Se busca «prevenir eficazmente la delincuencia», «combatir frontalmente las organizaciones criminales» y castigar los delitos. La gran diferencia es la propuesta explícita del establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, con estándares nacionales y la creación de una carrera policial profesional. Se trata de un modelo enfocado en la capacidad de respuesta, la eficiencia del corpus policial y la persecución del delito, siempre bajo la salvaguarda de los derechos humanos.
En 2000 el compromiso central fue «abatir la inseguridad y cancelar la impunidad». En este periodo se empieza a vislumbrar una transición, aunque tímida, hacia la prevención. Si bien se mantiene el enfoque en la procuración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, también se plantea el fomento de una «cultura de la legalidad» y la implementación de programas de prevención del delito. Además, en el ámbito de Protección Civil, se busca transitar de un sistema reactivo a uno preventivo.
Luego en 2006 marca la era del combate directo y la aplicación de la fuerza del Estado como estrategia primordial de seguridad pública, un cambio drástico que fusiona, en gran medida, la agenda de seguridad pública con la seguridad nacional.
Ya en la pasada administración la estrategia se divide en dos planos: la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (a través de programas específicos) y la Contención del Delito (mediante intervenciones policiales). Por primera vez, se plantea que una mayor seguridad contribuye a «democratizar la productividad» al reducir los costos de operación. Esto elevó la prevención social del delito a una categoría no solo ética, sino también económica. Se hizo hincapié en un Sistema de Justicia Penal eficaz y transparente, lo que es una continuidad con la necesidad de fortalecer el Estado de derecho de sexenios anteriores, pero con un enfoque renovado en la justicia expedita, pero con un nuevo Poder Judicial débil, por ahora.
Hoy la estrategia de seguridad ha olvidado los “abrazos y no balazos” y hasta ahora adoptado un poco más de acciones más específicas, aunque el número de detenidos hasta ahora parece no tener cabida en todo el sistema penitenciario mexicano.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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