Doctrinalmente los campos del poder político, económico, social y de seguridad son una parte de los constituyentes de la seguridad nacional, al que se le agrega los objetivos nacionales permanentes y coyunturales, cuyos elementos son o deberían ser incluidos y analizados en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), que es el documento estratégico y prospectivo que orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional.
Es en esta ANR en donde se identifican los fenómenos que pueden vulnerar los objetivos nacionales que impactan en lo general, en los campos del poder, y en lo particular, en sus subcampos. Aquí subyace el análisis detallado del impacto de la corrupción en las expresiones de los subcampos del poder. Si hablamos de los subcampos del poder económico podríamos referirnos a mano de obra, población económicamente activa, recursos humanos, recursos naturales e instituciones en relación con alguno de los sectores de la economía del país; si hablamos del subcampo del poder político podríamos referirnos a la población, el territorio y las instituciones políticas, como las Cámaras del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia o las instituciones del Poder Ejecutivo.
Cuando la corrupción es, en esencia, el abuso de poder para obtener un beneficio privado, pareciera que una de las causas de la mayoría de los acontecimientos de seguridad se debe a una relación de la delincuencia con la autoridad de seguridad, con el poder político o con la suma de algunas o varias de estas autoridades.
En el campo del poder de seguridad que impacta en el campo y subcampos social, la percepción de inseguridad que acaba de conocer el INEGI que señalada en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), afirma que, en Culiacán Sinaloa, Irapuato en Guanajuato, Chilpancingo en Guerrero, Ecatepec en el Estado de México y Cuernavaca en Morelos, además de ser las ciudades donde se perciben más inseguras, es muy posible que esto se deba a que algún mando en seguridad o alguna de sus autoridades políticas, tengan vínculos con la delincuencia.
Lo mismo sucede con las protestas de empresarios en sectores de la economía, como los limoneros en Michoacán, proveedores de productos de la canasta básica, como tortilleros, expendios de productos varios que son extorsionados, en cuyo escenario, no hay acto de corrupción, que no esté enterada alguna autoridad.
En el campo del poder económico, no hay inteligencia que crea que tan sólo dos personas, como los vicealmirantes, hayan ideado, creado, organizado y dirigido toda una red de contrabando de hidrocarburo con pérdidas millonarias, sin que hubiera participado personal de aduanas, de petróleos mexicanos, de alguna otra institución o de la suma de alguno o varios poderosos, con una capacidad muy superior que hayan expresado su consentimiento.
En el campo político hay varios ejemplos de la vulneración. En Campeche su primera mandataria modifica la legislación local o la aplica con todo su rigor, para suprimir la crítica a su gestión de gobierno e intimidar a medios de comunicación y comunicadores. En Puebla los empleados del gobierno estatal son obligados con sus redes sociales personales a emitir mensajes favorables a ese gobierno, mientras en Veracruz rechazan cualquier responsabilidad en las inundaciones en varios municipios, principalmente, en Pozarica. También en este campo político se han sumado muchas denuncias o evidencias de corrupción de personajes de la clase política.
En el sexenio del expresidente Peña Nieto hubo varios exgobernadores, como César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, Guillermo Padrés de Sonora, Andrés Granier de Tabasco y Jesús Reyna de Michoacán que enfrentaron un proceso penal y varios de ellos estuvieron en la cárcel. En la administración del expresidente Zedillo renunció su secretario de educación, Fausto Alzati, tan sólo por ostentarse en un comunicado oficial con un grado académico que no había acreditado.
Lo más lamentable es, que pareciera que la federación y sus autoridades se sorprenden de esos actos al ser evidenciadas por los medios o la ciudadanía y sólo se remiten a pedir pruebas de señalamientos o mandar investigar, como soluciones a problemas que marchan con una voluntad política muy lenta en su solución.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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