En comisiones del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el dictamen sobre la reforma en materia de despojos, que endurece las penas hasta con 11 años de prisión y con más de 113 mil pesos de multa a quien incurra en este delito.
- Se trata de un paquete de reformas propuesto por la jefatura de Gobierno, que incluye nueve agravantes en el Código Penal que se castigarán con el doble de las sanciones previstas a quien cometa este delito con documentación falsa o alterada, cuando se trate de un funcionario público o en contra de una persona de la tercera edad.
Asimismo, se equipara al delito de despojo y se sancionará con las mismas penas a quien, a pesar de haber sido requerido por la autoridad competente, mantenga la ocupación sobre el bien inmueble ajeno, o bien, continúe impidiendo el disfrute material del mismo.
El delito se actualizará durante el tiempo que se prolongue la ocupación del inmueble, el uso del derecho real o el impedimento de aprovechar materialmente el bien inmueble y hasta que la víctima sea restituida en el derecho.
En el caso del Código Civil, se incluye el concepto “mala fe” cuando la posesión del inmueble derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido; también, cuando la posesión derive de un contrato que conste en escritura pública y no se haya inscrito con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero.
- Considera declarar nulo todo acto jurídico que tenga como fin encubrir un despojo mediante simulación contractual.
En tanto, la reforma a la Ley del Notariado establece que el notario en cuestión será responsable de los actos que asiente en una escritura pública y que, por “negligencia o mala fe” en la verificación registral o documental, derive en despojos de inmuebles.
En la discusión, diputados de varias bancadas, entre ellas Morena, reprocharon que sus propuestas de reforma para prevenir el delito de despojo no fueran incluidas en la reforma; no obstante, las modificaciones se aprobaron por unanimidad.
- El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que el delito de despojo es entendido como la acción ilegal de arrebatar a una persona la posesión de un bien inmueble, representando conductas lesivas para la seguridad jurídica patrimonial y la estabilidad social.
- Destacó que modificar el marco penal en torno a este delito aporta certeza jurídica al mercado de bienes raíces, ya que la posibilidad de ser víctima de un despojo desincentiva la inversión, afecta el crecimiento urbano ordenado y limita el desarrollo económico.
El dictamen fue enviado a la mesa directiva para su discusión por el pleno./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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