Diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano e integrantes de la asociación civil El Caracol presentaron una iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, con la que buscan establecer las bases que permitan la “reintegración a la sociedad” de estas personas, teniendo como principio rector su autonomía y voluntad sin discriminación.
- De acuerdo con el texto presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, las autoridades facilitarán las acciones para que las personas en situación de calle superen las condiciones de pobreza, con opciones de capacitación, salud, educación y ofertas laborales.
Además, establece que “ninguna persona perteneciente a las poblaciones callejeras o a las poblaciones post calle podrá ser desalojada, desplazada, retirada o reubicada, sin que medie mandamiento judicial emitido por la autoridad competente“, como ocurre actualmente con los operativos de limpieza social.
Aunque la iniciativa reconoce que desde hace décadas en la capital del país se han implementado medidas de apoyo para estas poblaciones, como albergues, indica que “también es cierto que ello no ofrece una solución integral que mejore su vida, pues son lugares de estancia temporal, que muchas veces no cumplen con medidas de salubridad y seguridad mínimas”, además de estar sujetos a la disponibilidad del espacio, por lo que señala que hay una “ausencia de apoyo institucional”.
De acuerdo con el primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Censo 2025 en la Ciudad de México se identificaron a 2 mil 869 personas en situación de calle, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
¿Qué propone la ley para el acceso a derechos de las poblaciones callejeras?
La iniciativa plantea que se requieren mecanismos específicos que permitan a las personas de poblaciones callejeras adquirir una vivienda adecuada, ya sea en propiedad o arrendamiento, con el mínimo de requisitos.
Para ello, propone que haya programas de vivienda que otorguen estímulos fiscales a propietarios que arrienden viviendas a estas personas, así como la existencia de apoyos económicos destinados exclusivamente al pago de renta por parte de las autoridades capitalinas.
En materia educativa, se pide la integración de estas poblaciones a la educación pública, así como la creación de programas de alfabetización y mecanismos que permitan reconocer y acreditar los estudios con los que puedan contar.
También señala que se necesitan guarderías de tiempo completo para sus hijas e hijos, y que se deben celebrar convenios con instituciones educativas para otorgar estímulos fiscales y administrativos a quien otorgue becas, facilite útiles escolares, uniformes y servicio de comedor.
- Acerca del derecho al trabajo, se propone la celebración de convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México e instituciones privadas, con el fin de capacitarlos, y la prohibición de que los empleos que se les ofrezcan atenten contra su dignidad o reduzcan su calidad de vida.
- Otro derecho que se menciona es el de la salud, para lo cual se pide darles opciones para la atención médica y de desintoxicación, contar con baños y regaderas móviles en zonas de alta concentración de estas personas, así como bebederos de agua potable y vales que les permitan acceder a alimentos nutritivos y balanceados en comedores móviles o comunitarios.
En cuanto a su derecho a la justicia, se busca que cuenten con asesoría y representación jurídica en los procedimientos administrativos o judiciales de los que sean parte.
- Estas competencias estarían bajo la responsabilidad de la Jefatura de Gobierno, las 16 alcaldías, la SEBIEN, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Sistema DIF, el Instituto de la Juventud, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como del Instituto para el Envejecimiento Digno de la capital.
“Las poblaciones callejeras no son un problema qué resolver”, subrayan activistas
Alexia Moreno, coordinadora ejecutiva de la asociación El Caracol, apuntó que iniciativas como esta buscan que no se repitan injusticias e historias de dolor como las que viven a diario las poblaciones callejeras, como Hermelinda, quien murió tras ser llevada a un albergue.
“En El Caracol desde hace 30 años estamos por la causa de que todas las personas merecen vivir una vida digna. Las poblaciones callejeras no son un problema qué resolver, sino un sector que debe tener derechos y que a diario participan en la economía de este país y ciudad, por eso saludamos esta iniciativa que les dota de derechos humanos y lo que busca es que justo estas historias como la de Hermelinda no se repitan”, expresó.
Alonso de la Cruz, educador de El Caracol, señaló que con esta legislación se podría ayudar a cambiar vidas, “ya que casos como el de Hermelinda hay muchos más”.
Royfid Torres, legislador que presentó la iniciativa, explicó que con esta propuesta “lo que intentamos es cambiar el enfoque asistencialista con el que se pretende atender a estas personas y queremos que sean sujetos de derechos, que tengan una concepción de autonomía”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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