Allegados de Cuauhtémoc BLANCO han sido señalados de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y vínculos CRIMINALES

Imagen: Internet

 La administración de Cuauhtémoc Blanco quedó marcada por diversas irregularidades, denuncias y detenciones de sus colaboradores. El exfutbolista enfrenta carpetas de investigación y acusaciones de abuso sexual, pero además la Auditoría Superior de la Federación volvió a señalar irregularidades en el manejo de recursos en las áreas de salud, infraestructura y educación.

Lo anterior durante la segunda entrega del informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2024. Se trata de alrededor de 6 mil 500 millones de pesos observados por mal manejo.

  • La mala gestión del morenista provocó que la actual gobernadora del estado, Margarita González Saravia, anunciara medidas penales contra Blanco Bravo por desvíos faltantes de hasta 40 mil millones de pesos.
  • «Aquí no hay espacio para las improvisaciones, ni para las excusas. Tampoco hay espacio para los actos de corrupción. He instruido al consejero jurídico y a la contralora que, de acuerdo con los resultados encontrados en el proceso de entrega-recepción, donde haya lugar se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción», dijo González Saravia durante su discurso en su primer informe de labores.

Sin embargo, sus palabras se quedaron en el aire, pues hasta la fecha no se ha judicializado ninguna de las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco.

La titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos argumentó que se seguían integrando las carpetas de investigación, mientras que la Fiscalía Anticorrupción señaló que se ha solicitado información a dependencias para integrar dichas carpetas, pero el trabajo se ha dificultado pues no se ha podido localizar a los exservidores públicos señalados.

Tardarían tres años en revisar irregularidades

  • Sumado a esto, en septiembre del presente año la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, Alejandra Pani Barragán informó que podría tardar alrededor de tres años revisar las más de 8 mil observaciones detectadas en el proceso de entrega-recepción de la administración de Blanco Bravo.
  • Adelantó que se esperaba avanzar con un 50 por ciento de las observaciones antes de que termine 2025, por lo que se espera que entre octubre y noviembre termine el análisis de 4 mil observaciones.

Fue en enero de 2025 cuando Edgar Maldonado Ceballos, en ese entonces todavía titular de la Consejería Jurídica, presentó un primer bloque de denuncias contra la administración de Cuauhtémoc Blanco por el presunto desvío de recursos de alrededor de 40 mil millones de pesos.

Las denuncias estarían relacionadas con obras de rehabilitación del mercado “Adolfo López Mateos» y otra vinculada al Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. En ellas se incluyen a diversos actores de la administración de Blanco Bravo.

Estos no serían los únicos señalamientos contra el ahora diputado. En febrero, la Fiscalía de Morelos pidió su desafuero para que pudiera enfrentar la denuncia de abuso sexual y violación en grado de tentativa en contra de su media hermana; sin embargo, la solicitud fue desechada por la Sección Instructora ya que el presidente de ese organismo legislativo, Hugo Eric Flores, concluyó que la carpeta carecía de investigación técnica y profesional.

La red de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco tejió una red de allegados, entre ellos familiares que han sido señalados de diversos delitos e incluso algunos se encuentran prófugos.

  • En marzo pasado, el vicefiscal de anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza informó que sumaban 14 exfuncionarios de la administración de Blanco Bravo señalados por actos de corrupción vinculados en la remodelación del mercado Adolfo López Mateos y por el caso de la venta irregular de terrenos por el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, sin embargo, solamente cinco excolaboradores cuentan con un proceso de judicialización.
  • Durante ese mismo mes, elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos realizaron un cateo en el domicilio de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, uno de los organismos denunciados durante la administración de Cuauhtémoc Blanco por presuntos desvíos millonarios. En el domicilio ubicado en Cuernavaca fueron encontrados elementos de santería y restos humanos.

La Fiscalía Anticorrupción emitió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información para su localización, asimismo solicitó la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Álvarez Anonales está acusado de participar en la venta irregular de predios en el circuito de Mar de Morelos, además es señalado de fraude por la organización de un concierto que no se realizó. Cabe destacar que Dionicio Emanuel fue designado por Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador.

Dentro de las mismas investigaciones está el exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, quien es señalado del desvío de 12 millones de pesos en insumos agrícolas encontrados en su propiedad, así lo dio a conocer el vicefiscal Anticorrupción. Taboada Nasser también se adentró en la administración de Blanco Bravo a través de su hermano Ulises Bravo en 2012-2018.

En tanto, en abril del presente año, un juez determinó no vincularlo a proceso por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público, ya que no se logró acreditar los hechos delictivos de los que era señalado.

Otros de los nombres señalados por la Fiscalía Anticorrupción fueron el de Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo por presuntos vínculos con el empresario Bao Ronglin, quien es buscado por la Interpol. Esto después de la realización de la “Expo China-Morelos” y que presuntamente pudo haber sido utilizada como pantalla para malversación de fondos públicos.

  • En tanto, Leticia Nolasco, exsecretaria de Obras Públicas es vinculada por irregularidades en los trabajos de rehabilitación del mercado Adolfo López Mateos. Anteriormente, en 2022 ya había sido señalada por el mal estado de carreteras y nula inversión en obras públicas.

Juan Diego Pons, exencargado del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo para la Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) es otro de los investigados y quien también es señalado por presunto desvío de recursos.

El círculo cercano del exgobernador de Morelos

Familiares de Cuauhtémoc Blanco también han sido señalados de diversos ilícitos. El más cercano es Ulises Bravo Molina, su hermano y quien en 2023 fue nombrado como dirigente de Morena para el estado de Morelos enfrenta un proceso de violencia familiar.

Su expareja, Liu León lo acusó de haber sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte del político. En mayo de 2025 una jueza le negó el amparo promovido para evitar su vinculación a proceso, sin embargo, Bravo Molina consiguió continuar con el proceso legal en libertad.

En septiembre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Cuauhtémoc Blanco en la que también se señalaba una red de corrupción entre amigos y familiares cercanos. Dicha denuncia fue difundida por Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos. Al final no procedió.

  • Para julio de 2022 la misma fiscalía abrió una investigación en contra del secretario particular y primo de Blanco, Edgar Riou Pérez, quien también fue señalado de enriquecimiento ilícito.
  • Años atrás en 2020, la UIF informó de una investigación contra otras dos personas cercanas al exfutbolista: Jaime Tamayo Godínez, amigo de Blanco Bravo, presuntamente por recibir cuentas bancarias de hasta 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019.

El entonces, titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer el “Caso Primavera”, que representaba un esquema de corrupción en Morelos en el que se implicaba al exagente de Blanco, José Manuel Sanz y quien fungió en ese entonces como Jefe de oficina del Estado de Morelos.

Sanz fue señalado de realizar transacciones irregulares Suiza por más de 741 millones de pesos, en ese entonces Manuel Sanz se mantuvo en su cargo ya que no hubo una “acusación formal”.

Al igual que los señalamientos contra Cuauhtémoc Blanco, el Caso Primavera se quedó en investigación, pero sin ninguna judicialización.

Vínculos con el crimen organizado

En enero de 2022, fue revelada en los medios de comunicación una fotografía donde se puede observar a Cuauhtémoc Blanco junto a tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la imagen posa Irving Eduardo Solano Vera, alias “El Profe”, líder del cártel Guerreros Unidos, la segunda persona que se ve en la imagen es a Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del grupo criminal conocido como “Comando Tlahuica” o “Los Tlahuicas”. A su lado estaría Blanco Bravo y en el extremo derecho se observa a Raymundo Isidro Castro Santiago, alias “El Ray”, líder regional del CJNG en Morelos.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco justificó la fotografía diciendo que se trataba de una guerra sucia y aseguró que desconocía la identidad de los hombres con quienes posó:

“Me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie… y a lo mejor saldrán más”, añadió.

Tras la filtración de los “Guacamaya Leaks”, los documentos describen nexos entre el gabinete de Blanco Bravo y miembros del crimen organizado (Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG).

  • Los nombres que se dieron a conocer fueron los de José Manuel Sanz (exjefe de oficina de la gubernatura de Morelos), José de Jesús Guízar Nájera (exsubsecretario de Gobierno del estado), Uriel Carmona Gandara (exfiscal General del estado), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (exsecretario de Desarrollo Social) y Samuel Sotelo Salgado (exconsejero Jurídico del estado).

¿Un cambio para Morelos?

Actualmente el estado sigue enfrentando los efectos colaterales de la administración anterior e incluso parece repetir patrones, pese a que la gobernadora actual se haya deslindado de la gestión de Blanco Bravo, siguen surgiendo presuntos nexos del crimen organizado con los ahora gobernantes.

  • A pesar de los compromisos asumidos por la gobernadora Margarita González Saravia para devolver la paz a Morelos, la violencia en la entidad continúa en aumento. Los ataques armados y los homicidios dolosos siguen marcando la agenda estatal, mientras la mandataria presume avances en materia de seguridad.

Durante su primer informe de gobierno, presentado el 1 de octubre, González Saravia aseguró que los índices delictivos han disminuido y que su administración avanza hacia un “modelo de seguridad humanista y eficiente”. No obstante, las cifras oficiales contradicen su discurso.

El 19 de febrero del presente año fueron captados dos los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, en una presunta reunión con el líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, Júpiter Araujo Bernard, alias “El barbas”. Cabe destacar que Cuautla enfrenta una ola de violencia que ha llegado incluso a servidores públicos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025, Morelos concentró el 4.5% de los homicidios dolosos del país, con 837 casos registrados. Solo en septiembre se reportaron 87 asesinatos, equivalentes al 4.9% del total nacional.

Otro pendiente del actual gobierno es el combate a la impunidad y la rendición de cuentas de la administración anterior, encabezada por Cuauhtémoc Blanco. A inicios de año, González Saravia anunció que su gobierno presentaría denuncias penales por irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.

No obstante, hasta ahora no se conocen avances significativos en dichas denuncias. La falta de resultados concretos y el aumento de la criminalidad han generado preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen acciones inmediatas y efectivas que garanticen su seguridad y justicia frente a los presuntos actos de corrupción heredados del pasado gobierno./Agencias-PUNTOporPUNTO

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