El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.
- Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos.
Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.
- El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.
- El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero.
“El Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.
- La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México.
Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.
“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.
- Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
- Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia.
El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.
La “cifra negra” de Sinaloa
Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.
Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.
Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de entre 15 y 39 años de edad.
“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.
Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades –por miedo u otros motivos– sería mucho mayor.
“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.
- En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDNO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.
‘Reformar una ley no cuesta nada’
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, recuerda que el tema de las desapariciones nunca estuvo presente en el plan de gobierno de la presidenta. Incluso, en los 100 compromisos que realizó al inicio de su gestión, no se mencionaba la desaparición de personas, solo el caso Ayotzinapa.
“La coyuntura la llevó a ponerle atención al tema, y sobre todo la coyuntura de Teuchitlán”, plantea el abogado.
- El gobierno de Sheinbaum, considera, ha desmontado los principales pilares del sistema de búsqueda instituidos por López Obrador, que habían sido un logro de las familias. En el caso del Centro Nacional de Identificación Humana y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya llegaron a este nuevo sexenio desmantelados.
“Yo creo que han tratado de evitar contradecir abiertamente ese modelo, pero es claro que no les resulta cómodo: el registro nacional de personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda, el fortalecimiento forense, etcétera. Creo que quedó claro en la iniciativa que la presidenta manda al Congreso”, señala Guerrero.
Los cambios legislativos, considerados una respuesta a la crisis detonada por el caso Teuchitlán y la activación del artículo 34, incluyeron reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Ley General de Población. El Gobierno federal propone que, “sin dilación alguna”, las desapariciones se registren tanto en el RNPDNO como en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, iniciadas por las fiscalías de los estados, según las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
- El abogado Jorge Verástegui advirtió que, debido a la mala clasificación del Ministerio Público, existe el riesgo de que numerosos delitos de desaparición no sean incluidos en esta base y disminuya la cifra de víctimas, pues de los más de 130,000 casos que tenía el RNPDNO en julio, solo el 8.92% estaban registrados como desaparición forzada o cometida por particulares.
- Una de las principales reformas legales es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP), que incorpora datos biométricos, con bases de datos, a fin de agilizar los procesos de búsqueda —con la emisión de alertas inmediatas— e identificación de los cuerpos que resguardan los Servicios Médicos Forenses (Semefos).
Para Verástegui, esta plataforma solo servirá para tener el historial de la víctima, no para encontrarla, o para su identificación forense por medio de las huellas dactilares.
La medida fue criticada por organizaciones civiles, por considerar que el registro de datos biométricos conlleva el riesgo de que la información sea utilizada para la vigilancia de la ciudadanía, o un mal uso por terceros en caso de filtración o la venta de los datos.
“De reformas legales fallidas está plagado el camino al infierno. Reformar una ley no cuesta nada, el problema es la implementación, los recursos, todo lo que está pendiente”, subraya Volga de Pina, abogada e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la UNAM.
- Antes de la presentación de la iniciativa de reformas al Congreso, la coyuntura que significó la activación del artículo 34 y el caso Teuchitlán llevó a que la Secretaría de Gobernación convocara a mesas de diálogo a los colectivos de personas buscadoras, con el objetivo de incorporar sus propuestas.
“Ahí hubo un esfuerzo, que no fue menor, de reunir a una gran cantidad de colectivos y de familias para escuchar un poco dónde están las necesidades”, considera De Pina, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“A la par que se estaban reuniendo con colectivos, estaban haciendo un diagnóstico que mostraba que hay muchos problemas, no uno solo […] y que no cambian otros problemas que acompañan la crisis de desaparición, como el tema forense o esta dinámica que hay entre comisiones de búsqueda y fiscalías”.
Las reformas legales pusieron en pausa la propuesta de López Obrador, quien heredó a Sheinbaum una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada centrada en el cruce de bases de datos, y las búsquedas casa por casa y por llamadas telefónicas, que tenía como objetivo generar un “nuevo censo” que demostrara que su sexenio, con más de 50,000 víctimas, no era el que registraba el mayor número de desapariciones.
- Las medidas aprobadas reiteraron la responsabilidad de la FGR y de sus homólogos locales en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debe contribuir a la identificación de más de 72,000 cuerpos en el país.
“Todos los estados tienen un nivel de desorden: no hay formatos homologados, no todo el mundo registra igual, y todavía no se logran centralizar las bases para el Banco Nacional de Datos Forenses, para el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas”, advierte la investigadora.
Agentes del Estado mexicano sí participan en la desaparición de personas
En su conferencia de prensa del 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las desapariciones en México “están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos” y negó que el Estado mexicano participe en este delito. Sin embargo, su afirmación es engañosa.
Aunque existe la desaparición cometida por particulares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas en los últimos años.
La declaración de la presidenta Sheinbaum ocurrió después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la activación del artículo 34 a México, mediante el cual inicia un proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México pueden considerarse generalizadas o sistemáticas.
Permiso para matar
La investigación Permiso para matar, una investigación de Animal Político dirigida por Daniel Moreno en colaboración con Paris Martinez y Jacobo Dayán; documentó un patrón de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
- Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas”, escribe Daniel Moreno.
La investigación completa está disponible en este micrositio, donde podrás acceder a los testimonios y descargar la base de datos utilizada para su elaboración.
Gobierno niega desapariciones por parte del Estado
Desde abril de este año, tanto Morena como legisladores del partido, incluso la CNDH, rechazaron la declaración de un comité de la ONU. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impugnó las afirmaciones del Comité de Naciones Unidas.
que no existe una orden desde el Estado, ni de parte de la presidenta Sheinbaum, para cometer desapariciones forzadas.
- La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
- Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión.
Mientras, la Ley General también considera que el delito de desaparición por particulares es cometida por civiles con el fin de privar de la libertad a una persona y ocultar su paradero.
De acuerdo con Red Lupa, es necesario un análisis sobre si las desapariciones cometidas por particulares son consecuencia de la participación o desprotección de las autoridades.
“Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia”, destaca Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Crisis de desapariciones en distintos gobiernos
El Comité de la ONU se ha referido a una problemática en la que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
- En este texto te contamos que en los últimos nueve años se sumaron 66,000 casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso solo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos sigue impune.
- En la respuesta con folio 330024624001678 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refiere Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos, en entrevista con El Sabueso.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del Estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agrega.
- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincide en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agrega, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, explica.
- En un comunicado, la organización México Unido Contra la Delincuencia condenó la postura de negación y minimización expresada por el Estado mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 e hizo un llamado a que el “Estado mexicano tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada”.
- “Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional.
“Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobredocumentada, que se refleja en que México concentra 35 % del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales”, señaló la organización.
Observaciones sobre la crisis de desaparecidos
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y, tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa ‘Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones’, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
- En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
La CNDH también ha documentado estos casos
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
Este gráfico demuestra que la CNDH ha seguido documentando casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125,000 desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125,000 desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72,000 cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si 99 % de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, dijo Jacobo Dayán
En Michoacán aumentan 15% las desapariciones
El estado de Michoacán no sólo es azotado por la extorsión y la violencia, sino también por la desaparición de personas, delito que en los primeros 10 meses del año registró un aumento de 15%.
- El número de personas desaparecidas y no localizadas pasó de 694 casos registrados del 1 de enero al 31 octubre de 2024 a 769 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo cual representa un incremento de 14.69%.
- En el ámbito municipal, Morelia ocupa el primer lugar con 139 casos, seguido por Uruapan con 43, Zamora con 42, Puruándiro con 39 y José Sexto Verduzco con 28.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, Michoacán ocupa el sexto lugar en el ámbito nacional en el número de personas desaparecidas y no localizadas.
El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México, con mil 996 personas desaparecidas y no localizadas registradas del 1 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Sigue el Estado de México con mil 737, Guanajuato con 968, Baja California con 844, Sinaloa con 824, y Michoacán con 769.
- En la Ciudad de México, entidad que continúa en el primer lugar de la lista en el ámbito nacional, se registró un aumento de 86.36% en la incidencia de este delito.
El número de personas desaparecidas y no localizadas en la capital –que fue gobernada por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y actualmente gobernada por la morenista Clara Brugada–, pasó de mil 71 casos registrados en los primeros 10 meses de 2024 a mil 996 casos registrados en el mismo lapso de 2025.
- En el caso de la CDMX, México Evalúa ha señalado que el volumen de desapariciones sugiere un deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones.
- En Michoacán, pese a que el delito de desaparición se eleva, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta el domingo, no contempla en ningún rubro atender esta problemática.
El fenómeno de la desaparición de personas en la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla se da en un contexto de violencia y asesinatos de alto impacto.
En los últimos meses han asesinado no sólo al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino además a Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y a Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec.
Bajan las desapariciones en Jalisco
El Gobierno de Jalisco anunció hoy, mediante un comunicado, que el Estado ha pasado del primer al cuarto lugar en los registros de personas desaparecidas en lo que va de 2025. A lo anterior también se añade que ha dejado de ser el primer lugar en el acumulado histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Hasta el momento, este octubre se posiciona como el mes con menos reportes de desaparecidos. Además, y de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Estado encabeza la segunda posición del acumulado histórico, solo por debajo del Estado de México.
- Fue entre enero y octubre que Jalisco se ubicó en la cuarta posición solo por número de desapariciones, por debajo del Estado de México, que registró 5 mil 55 casos, Nuevo León, con 2 mil 618, y Ciudad de México, con 2 mil 590.
- De acuerdo con la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), entre el 1 de enero y el 31 de octubre en Jalisco desaparecieron 2 mil 309 personas, lo que representa una reducción de 16.1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando fueron registrados 2 mil 751 casos, y del 42.7% en comparación con 2019, que concentró 4 mil 027 casos.
Asimismo, retomando lo anterior, octubre solo tuvo 234 casos de reportes por desaparición, cifra inferior a los 299 casos reportados en 2024 del mismo mes y la más baja registrada para octubre durante los últimos siete años. Esto confirma que 2025 ha sido el año con menos desapariciones registradas desde 2019, una tendencia sostenida a la baja en, por lo menos, los últimos tres años.
Durante los primeros diez meses del año presente, han sido localizadas mil 394 de las 2 mil 309 personas reportadas como desaparecidas en el mismo periodo, lo que equivale a una eficacia de localización de 60.4%, porcentaje que rebasa el 55.9% registrado en 2024 y al 52.9% de 2019, lo que demuestra una tendencia de mejora en los procesos de búsqueda y localización en el Estado de Jalisco.
Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025 por entidad federativa
- Estado de México: 5 mil 055 personas
- Nuevo León: 2 mil 618 personas
- Ciudad de México: 2 mil 590 personas
- Jalisco: 2 mil 309 personas
- Guanajuato: Mil 812 personas
- Puebla: Mil 664 personas
- Sonora: Mil 326 personas
- Sinaloa: Mil 259 personas
- Hidalgo: Mil 086 personas
- Baja California:Mil 063 personas
A pesar de los pequeños avances, el Gobierno de Jalisco reitera que la desaparición de personas es uno de los temas más urgentes a tratar en el Estado y en todo el país./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
