En sesión celebrada en la sede del Congreso de la Unión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa que ha sido bautizada como “Ley Bache”.
- Esta tiene por objetivo reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para permitir que los gobiernos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México destinen recursos del FAIS no sólo a la construcción de nueva infraestructura social, sino también al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción de la infraestructura ya existente.
El legislador argumentó que la infraestructura social –que incluye agua potable, saneamiento, salud, educación, movilidad urbana– constituye un pilar del bienestar nacional. Frente a fenómenos meteorológicos graves y frecuentes –como lluvias extraordinarias, inundaciones o ciclones–. Muchas calles, redes de drenaje, acceso al agua y vialidades municipales han sufrido deterioro. Sin embargo, el marco actual de la ley impide que el FAIS se use en el mantenimiento de esas obras, lo que genera un desfase entre necesidades reales y posibilidades de gasto.
Según los datos de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 84.9 por ciento de la población en México considera los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas urbanos, superando incluso a la delincuencia en algunos casos. En ciudades como Oaxaca, Puebla, Toluca y Hermosillo, el deterioro vial es percibido por los ciudadanos como un problema aún más grave que la inseguridad.
- La iniciativa nace de una petición de Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, quien expuso la urgencia de contar con un marco que permita la rehabilitación vial sin recurrir necesariamente a nuevos recursos federales. En su visita al Palacio Legislativo, el alcalde de Toluca planteó que los municipios “no quieren calles nuevas, quieren que se mejoren las que existen”. Gutiérrez Luna agregó que diversos presidentes municipales, de distintos partidos, apoyaron la idea de darle al FAIS un destino más flexible.
El texto de la iniciativa propone que, al reformar el artículo 33, se especifique que los recursos del FAIS podrán destinarse también a “conservación, rehabilitación y mantenimiento” de infraestructura social municipal y estatal, además de la construcción de obra nueva ya contemplada.
Objetivos principales
Los tres objetivos principales de la reforma son permitir el uso del FAIS para conservar, rehabilitar y mantener infraestructura existente.
El no requerir recursos adicionales para los municipios: usar lo que ya tienen con mayor flexibilidad. También el de reforzar la capacidad de respuesta local frente a fenómenos meteorológicos y al desgaste urbano cotidiano.
El diputado enfatizó que, con esta medida, se busca que los gobiernos locales puedan aplicar de manera preventiva y correctiva los recursos del FAIS, lo cual reduce los costos de reparación mayores, mejora la movilidad, la seguridad vial y aumenta la confianza ciudadana en la gestión pública. “Con prevención, rehabilitación y construcción vamos a tener mejores servicios y mejores condiciones en los ayuntamientos”, concluyó.
Análisis y perspectivas
Desigualdad espacial y gasto público eficaz. El FAIS fue concebido para reducir desigualdades sociales mediante inversiones en infraestructura social –escuelas, agua, saneamiento– en zonas de alta marginación. Si se aprueba esta reforma, permitirá que la misma masa de recursos se utilice en menor medida para obra nueva, pero también en el mantenimiento de lo ya construido. Eso podría traducirse en un mejor aprovechamiento del gasto público en municipios vulnerables.
Sin embargo, la ampliación de uso plantea un dilema: debe acompañarse de rendición de cuentas robusta. La flexibilidad sin supervisión puede derivar en mayor discrecionalidad o desvíos.
- Gobiernos locales fortalecidos vs centralidad federal. La propuesta favorece la autonomía de estados y municipios al permitirles decidir cómo aplicar los fondos. Desde una visión de izquierda crítica, esto es positivo, pues acerca recursos a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero también exige que los municipios cuenten con capacidad técnica para priorizar, supervisar y transparentar el mantenimiento de infraestructura –un reto persistente en muchas localidades periféricas.
Prevención vs reacción. La reforma apunta a cambio de paradigma: de construir nuevas obras (como “edificios bandera”) a dar mantenimiento y conservar lo construido. Esto es coherente con una lógica de sostenibilidad urbana, especialmente frente a fenómenos meteorológicos intensos y al deterioro acelerado. Desde la perspectiva de justicia social, mejora la calidad de vida urbana y reduce el impacto de la degradación infraestructural que afecta más a barrios populares.
- Riesgos de sobrecarga presupuestaria. Si bien los municipios podrán usar los recursos del FAIS para mantenimiento, esto no implica asignación adicional. Podría ocurrir que al destinar más recursos a mantenimiento, se reduzca la obra nueva en zonas rezagadas que requieren expansión de infraestructura. Hace falta un equilibrio que asegure no descuidar la cobertura nueva donde corresponde.
Agenda política y visibilidad mediática. El nombre “Ley Bache” es simbólicamente potente: conecta con una demanda ciudadana palpable e inmediata. En tiempos de crisis institucional de confianza, conectar un tema técnico de coordinación fiscal con un problema cotidiano como los baches puede tener impacto político. Pero al mismo tiempo, corre el riesgo de simplificar la complejidad del marco legal y administrativo./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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