En una inédita sesión celebrada este martes, en la que se puso a discusión si debía o no otorgarse presupuesto federal para la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas, la Corte determinó que no debían entregarse mayores recursos económicos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a que no se alcanzó una mayoría de 6 votos, ya que las Ministras y Ministros Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, María Estela Ríos y Lenia Batres, se negaron a obligar a que el Congreso de la Unión concediera un porcentaje anual del Presupuesto de Egresos de la Federación para quienes han sufrido los efectos de un delito.
- Inclusive, las mismas Ministras y Ministros se negaron a solicitar al Congreso que reestructurara un nuevo sistema financiero para otorgar garantizar un presupuesto anual para la atención de víctimas, con lo cual quedó sepultada toda posibilidad de recuperar lo que se había perdido en el año 2020 cuando se le quitó a dicha Comisión un presupuesto anual fijo y permanente.
En cambio, las Ministras y Ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Giovani Figueroa, Arístides Guerrero y Hugo Aguilar, consideraron que sí resultaba inconstitucional que, en el año 2020, el Congreso hubiera eliminado el porcentaje del 0.014 por ciento del Presupuesto Federal para resarcir las afectaciones de índole patrimonial, a la integridad física, e inclusive, a la vida, de quienes han sido víctimas directas o indirectas de la comisión de algún delito.
- Con esta decisión, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá conformarse con los recursos derivados de la venta de los bienes decomisados, suma que puede resultar variable e incierta, en lugar de contar, como lo había tenido hasta el año 2020, con un porcentaje fijo y conocido del Presupuesto Federal anual, situación que sin duda dejará a numerosas personas en la incertidumbre de saber cuándo y cuánto habrán de recibir como compensación por haber resentido los efectos de una conducta delictiva.
- En sus intervenciones los Ministros que votaron a favor de la propuesta de mantener un porcentaje anual fijo explicaron que, por disposición constitucional el Estado Mexicano estaba obligado a la reparación integral de los daños físicos y emocionales de las víctimas de los delitos, sin embargo, las cuatro Ministras y Ministros que se opusieron a ello, expresaron que era suficiente lo que ya recibía dicha Comisión Ejecutiva.
A partir de lo anterior, es un hecho notorio que este organismo tendrá mucho menos recursos para poder atender a las personas que buscan apoyo económico para atenuar su situación debilitada por haber sido víctimas de una conducta penalmente sancionada, con lo cual Corte deja en estado de indefensión y abandona a su suerte a quienes más apoyo requieren frente a la ola de delincuencia que azota al país, sin tomar en cuenta que la Constitución les impone un deber de progresividad en materia de protección de derechos humanos./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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