Con una omisión que arrastra desde 2021, el Senado de la República colocó en situación de agonía al Sistema Nacional Anticorrupción, pues el próximo 28 de enero se quedará sólo con dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que es la columna vertebral del Sistema, y los senadores no han integrado la Comisión de Selección desde hace cuatro años, pese a que es la encargada de escoger a los ciudadanos que le dan vida al Sistema.
- La última vez que el Senado integró la Comisión de Selección fue el 10 de diciembre de 2020 para un periodo legal de tres años, pero el 18 de septiembre de 2021 renunció uno de los integrantes, por lo que se quedó con ocho de los nueve integrantes que debe tener.
- Aunque el Senado emitió la convocatoria para suplirlo y durante tres meses su Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana desarrolló el proceso para suplir esa ausencia, el pleno jamás concretó la elección.
Al acercarse la conclusión del periodo de trabajo de la Comisión de Selección, que fue elegida por el pleno en 2021, el Senado ni siquiera emitió la convocatoria respectiva, por lo que desde diciembre de 2023 no existe Comisión de Selección; por lo tanto, no se han podido ocupar las dos vacantes que existen en el pleno del Comité de Participación Ciudadana: la primera registrada en febrero de 2024 y la segunda en febrero de este año.
Así, actualmente, el Comité de Participación Ciudadana sólo tiene tres de sus cinco integrantes, pero su actual presidenta, que también es presidenta del Sistema, Vania Pérez Morales, concluirá su periodo de trabajo el 28 de enero de 2026, sin que el Senado haya emitido convocatoria alguna para que opere la Comisión de Selección y se cubran las tres vacantes.
- Con la salida de Vania Pérez, sólo quedarán Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón, pero carecerán de facultades para sesionar, emitir acuerdos, exhortos o convocar al sistema, pues ellos dos no hacen quórum legal.
- El artículo 113 de la Constitución Política establece que “el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para el cumplimiento de su objeto (…) el Sistema contará con un Comité Coordinador, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana;
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley”, ordena.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción precisa en su artículo 18 que “los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento: el Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera.
- (Esa Comisión de Selección) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación para proponer candidatos, a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso anterior”, detalla.
Aclara que “el cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.
- La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos (…) el método de registro y evaluación de los aspirantes.
Hacer pública la lista de las y los aspirantes; hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas; hacer público el cronograma de audiencias; podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y el plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros”, ordena.
A partir del 28 de enero de 2026, el CPC se quedará con únicamente dos integrantes (Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón), quienes carecerán de facultades para sesionar, emitir acuerdos, exhortos o convocar al sistema debido a la falta de quórum legal.
- Actualmente existen dos vacantes en el CPC (registradas en febrero de 2024 y febrero de este año) que no se han podido ocupar debido a que desde diciembre de 2023 no existe una Comisión de Selección.
- Organizaciones civiles, defensores de derechos humanos e integrantes de sistemas anticorrupción revelaron que 75.75% de los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en México han sido debilitados por las omisiones en los nombramientos obligatorios.
Construido con y por ciudadanos
La reforma constitucional anticorrupción y todas las leyes que de ella emanaron registró la participación activa de organizaciones como Transparencia Mexicana, Fundar, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras; por esa, se considera uno de los productos legislativos más ciudadanizado, pero desde su nacimiento enfrentó diversos problemas.
- El sistema nació oficialmente en 2016, con la publicación de la ley que da forma a las disposiciones constitucionales en la materia, pero lo hizo sin la existencia del fiscal anticorrupción ni de los magistrados anticorrupción, que se crearon porque el tema se quedó en medio de la disputa política entre el oficialismo del PRI y la oposición que representaba el PAN.
En enero de 2017, por ejemplo, se estancaron los acuerdos, porque el PRI acordó en su agenda de trabajo del Senado que los nombramientos pendientes del Fiscal y los magistrados anticorrupción serían prioridad, pero los panistas plantearon que sólo avanzarían en esos nombramientos, después de concretarse la reforma constitucional que eliminó el llamado pase automático del procurador general de la República a fiscal general, así como la concreción del resto de la reforma constitucional que hace falta para mejorar el funcionamiento de las Fiscalías.
Ahora, la omisión del Senado tiene en agonía este sistema, cuyo Comité de Participación Política no ha dejado de trabajar, al grado que incluso emitió un acuerdo para que se esclarezca la información en torno al líder de los actuales senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, en cuyas manos está la decisión de si el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá futuro.
Congresos estatales ignoraron alertas
La omisión en la que han incurrido los senadores de las LXIV, LXV y LXVI Legislaturas al no nombrar a los integrantes de la Comisión de Selección, así como la de los diputados locales para el caso de los sistemas estatales anticorrupción fueron evidenciadas desde hace un año por organizaciones civiles, pero fueron ignoradas.
- En abril de 2024, desde la plataforma Mexiro, A.C., 11 organizaciones de la sociedad civil, seis personas defensoras de derechos humanos y 10 integrantes de los sistemas anticorrupción criticaron la omisión del Senado y de los congresos estatales, pero también la designación de 20 magistraturas administrativas por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en enero de 2024, porque “tienen diversos conflictos de interés”
Revelaron que 75.75% de los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en México fueron debilitados por los senadores y diputados estatales que han sido omisos en el nombramiento que están obligados a realizar en las comisiones de Selección, comités de Participación Ciudadana, secretarías Ejecutivas, comisiones Ejecutivas, fiscalías Anticorrupción, institutos de Transparencia y magistraturas Administrativas.
Las agrupaciones dieron a conocer un pronunciamiento en el que exigieron “a los Congresos estatales y a la Cámara de Senadores que inicien y/o concluyan las designaciones pendientes de los sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción”.
Las omisiones, consideraron, “pone en evidencia la desarticulación y supresión de los Sistemas que pretenden ser un mecanismo para la coordinación entre diversas autoridades en la prevención, investigación, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
A (sólo) meses de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de manera notoria en el último año de su administración, la falta de designaciones y la intención de desaparecer los sistemas anticorrupción es una forma de corrupción estructural que propicia la opacidad”, aseguraron.
Pero su pronunciamiento no tuvo eco ni en el Senado ni en los congresos estatales.
El desmantelamiento paulatino del Sistema Nacional Anticorrupción comenzó desde diciembre de 2019, cuando el Senado de la República decidió congelar la ratificación de los nombramientos de Eber Omar Betanzos Torres, Alfonso Pérez daza y Natalia Téllez Torres Orozco como integrantes de la tercera sesión de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destinados a los juicios de corrupción de los servidores públicos; esos nombramientos murieron con el tiempo y con el argumento de que todos tenían relación con partidos políticos.
A seis años de distancia, sin embargo, es público que los nombramientos más recientes en ese Tribunal recayeron en personas de filiación morenista./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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